Opinión

La infraestructura educativa en manos de las familias y el riesgo que representa | El análisis de Sara Madrid

De cometerse errores u omisiones, es el bienestar de las niñas, niños y adolescentes el que está en riesgo.

El programa “La Escuela Es Nuestra” fue concebido por el gobierno federal para resolver una de las más grandes problemáticas del sistema educativo mexicano: mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles públicos de educación básica a nivel nacional, dando prioridad a las que se encuentran en zonas de muy alta o alta marginación, que históricamente han sido las que más sufren de graves carencias y desatención. Para esto, el programa plantea otorgar los apoyos económicos directamente a las comunidades escolares por medio de Comités Escolares de Administración Participativa conformados por personal escolar, familias y alumnxs, con el propósito de que sean ellos quienes utilicen los recursos de acuerdo con sus necesidades, que deberán estar plasmadas previamente en un plan de trabajo.

Ante la desaparición del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, organismo cuya principal tarea era emitir normas y especificaciones técnicas, participar en la elaboración de normas mexicanas y elaborar guías operativas para la administración de los recursos destinados a la infraestructura educativa, el programa representa que lo que anteriormente era responsabilidad de una dependencia gubernamental, pasa en su mayor parte a las comunidades escolares.

Esto se traduce en una enorme necesidad de tener un acompañamiento adecuado al no ser especialistas en la materia. Dentro de los lineamientos, se contempla que la asesoría por parte de las autoridades a los Comités Escolares de Administración Participativa será mediante un Facilitador Autorizado, cuyas funciones son poco claras al establecerse en los lineamientos de operación del programa que estas consisten en promoverlo, apoyar en la organización de la asamblea escolar y dar de alta a los comités de las escuelas en una plataforma virtual.

No se establece la dependencia de la cuál serán elegidos ni el proceso para hacerlo, así como tampoco se expresa de manera explícita cómo será el acompañamiento técnico, ya que tampoco conocemos aún si estas personas serán especialistas en el tema, lo único previsto es asesoría en cuestiones administrativas. Con tragedias como lo ocurrido en el Colegio Rébsamen a raíz del sismo en 2017, no podemos tomar a la ligera la importancia de que las escuelas cuenten con el debido equipamiento y construcciones hechas siguiendo estrictas medidas de seguridad. De cometerse errores u omisiones, es el bienestar de las niñas, niños y adolescentes el que está en riesgo. En el caso de Sinaloa, serán 300 las escuelas beneficiadas.

La infraestructura inadecuada es una de las principales problemáticas a las que se enfrenta el sistema educativo mexicano, y poner la solución principal en manos de las comunidades escolares es arriesgado al no presentar un esquema de acompañamiento claro y establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que realmente garanticen que el gasto se realiza de manera eficaz, equitativa, participativa, eficiente y honesta, aspectos sin los cuáles los cambios no se verán reflejados. Se requiere de una corresponsabilidad entre el Estado y las comunidades escolares, que involucre la supervisión y transferencia de funciones gradual, brindando las herramientas necesarias para que las comunidades escolares puedan participar de manera adecuada en la garantía del derecho a aprender.

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