Corrupción

Armando Villarreal va por el amparo, luego de que jueza rechazara acuerdo con Gobierno de Sinaloa

”Nada más me han mostrado la punta del iceberg, porque no me han demostrado qué pasó con el dinero, a quiénes se destinó el dinero”, dijo la jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada

El caso de desvío de 293.5 millones de pesos en la Secretaría de Administración y Finanzas se va a los tribunales federales, luego de que una jueza rechazara los acuerdos entre la administracipon de Quirino Ordaz Coppel con funcionarios de la administración de Mario López Valdez, Malova.

Los implicados en ese acuerdo son Armando Villarreal Ibarra, ex Secretario de Administración y Finanzas, Ernesto Herrera Félix, ex Tesorero, y José Carlos López Ramírez, ex titular de la Caja General con Malova, quienes ofrecieron pagar 2 millones de pesos y una disculpa pública para evitar la cárcel.

La jueza local Sara Bruna Quiñónez Estrada rechazó ese acuerdo dos veces, la primera vez fue el 29 de enero en una audiencia en la que se presentó esa propuesta por los abogados de los ex funcionarios y la aceptación por Gobierno del Estado.

Aquella vez Quiñónez Estrada dijo que le parecía inmoral que se realizaran ese tipo de acuerdos, cuando había indicios de que sí se cometió delito y que lo que estaba en la mesa era el Servicio Público.

Ese día decidió suspender la audiencia pidiendo que se formalizara por escrito por parte de Gobierno del Estado la aceptación de ese acuerdo, y que la Fiscalía Anticorrupción llevara otro documento en el que formalizara la aceptación a ese acuerdo.

Además, se pidió una explicación sobre la utilización del dinero, argumentando el principio de máxima publicidad.

Este viernes 7 de febrero se llevó a cabo la segunda parte de esa audiencia, en la que se volvió a hacer la misma petición con el mismo acuerdo entre señalados y Gobierno del Estado.

La jueza preguntó por los documentos, pero el representante de Gobierno del Estado y los fiscales dijeron que no los llevaban, asegurando que sí tenían la facultad jurídica para ese tipo de procesos legales.

“No requerimos de una autorización por escrito”, aseguró el fiscal Gustavo Pérez Sevilla.

La jueza cuestionó la postura, mencionando que fue una petición de ella para formalizar el caso.

“En pocas palabras, la fiscal no quiso dar el escrito”, mencionó la jueza.

Después de eso dijo que por ser dinero público se necesita de una formalidad por escrito, aunque no fuese un requisito obligatorio en leyes.

“Ustedes hacen sus arreglos y debe quedar bien establecido para el control del caso”, agregó.

Volteó a ver al representante de Gobierno del Estado, Ismael Carreón Ruelas, y le preguntó que si tampoco le habían dado el escrito que solicitó.

Entonces, el Fiscal Pérez Sevilla interrumplió.

“Nosotros no tenemos necesidad, porque no estamos dando el consentimiento. En el Código dice que el planteamiento es por el Ministerio Público o por los imputados”, expresó.

La jueza reconoció que los escritos como acto de formalidad no son obligatorios, tras insistir que era una necesidad de formalizar esos acuerdos. 

Luego cuestionó de nuevo a los fiscales.

“¿Qué debo de entender de que no se oponen?”, dijo.

Librado Romero Martínez, otro de los fiscales, señaló que no se estaba avalando por ellos ese acuerdo.

La jueza le dijo que le explicara cuál era la diferencia entre no oponerse y avalar un acuerdo. Después refirió que “era cuestión de semántica”.

¿Cómo se llegó a esto?

La jueza recordó que se pidió una explicación sobre qué pasó con el dinero que se desvió, debido a que en la primera audiencia se mencionó que se usó para el pago de nómina y aguinaldo para trabajadores de Gobierno del Estado, pero esa explicación no se dio.

Después, la Quiñónez Estrada tomó un documento e hizo un recuento de cómo llegó el caso a los tribunales:

  • En 2017 la Auditoría Superior del Estado auditó el ejercicio financiero del segundo semestre de 2016, con una auditoría especial con número 07/2017.
  • Se encontró una irregularidad que se numeró como 118, en la cual se estableció el desvío de 293.5 millones de pesos que estaban en cuentas para fines específicos hacia otras cuatro cuentas que servían como pagaduría y captación de recursos propios.
  • La Secretaría de Administración y Finanzas hizo 112 movimientos bancarios para ese desvío.
  • Gobierno del Estado solventó 32 millones de pesos, pero se mantuvo el desconocimiento de los otros 261 millones de pesos.
  • La Auditoría Superior del Estado, que no terminó la fiscalización, denunció ante la Fiscalía General del Estado.
  • La Fiscalía determinó que se habrían cometido los delitos de Desempeño Irregular de la Función Pública y Ejercicio Indebido del Servicio Público.
  • La Auditoría ya no dio seguimiento para establecer qué sucedió con el dinero y la Fiscalía tampoco le requirió terminar la fiscalización.
  • La Fiscalía presentó una acusación en la que se pidió 16 años de cárcel, 20 años de inhabilitación en el servicio público y la devolución de los 260 millones de pesos, pero la decisión después cambió.
  • Para ese cambio, se dijo en una audiencia que el dinero se usó para pagar salarios y aguinaldos de funcionarios
  • La jueza preguntó: “¿tiene usted el documento en el que se compruebe el destino del dinero?

El fiscal Romero Martínez respondió que se integró en el expediente, luego de un dictamen de un perito particular.

La jueza cuestionó: “¿fue un peritaje fiscal?”

El fiscal reconoció que no.

“No se acreditó a dónde fue el dinero. Todo esto parece muy atípico. La ASE reportó pero no terminó la auditoría, la Unidad de Transparencia como órgano no sabemos si inició una investigación administrativa ni tampoco se verbalizó si se actuó en consecuencia sobre la Secretaría”, señaló la jueza.

”Nada más me han mostrado la punta del iceberg, porque no me han demostrado qué pasó con el dinero, a quiénes se destinó el dinero”, agregó.

Después de eso, la jueza expresó que le daba a qué pensar cuál es la verdad histórica sobre el caso.

Sí se cometió un delito

Los fiscales se dijeron en desacuerdo, porque la solicitud se había dado por la parte señalada y la víctima, que en este caso es el Servicio Público.

El fiscal Romero Martínez recordó que los delitos establecidos no eran graves y la jueza le respondió, asegurando que era una visión particular.

Después analizó junto con el fiscal uno de los delitos, el de Desempeño Irregular de la Función Pública, recordándole que cuando se presentó el caso se hizo de forma agravada, solicitando la máxima pena que es de 9 años de prisión.

“Cuando el monto del producto del delito o de los daños o perjuicios causados, exceda de mil veces el salario mínimo, la sanción será de uno a nueve años de prisión y de ciento ochenta a quinientos días multa”

– Indica el Código Penal para el Estado de Sinaloa.

El fiscal aseguró que el delito no se detalló como agravado, sino solo la pena.

La jueza respondió que ese era solo un delito, pero que había otro más, por lo que se considera como continuado.

Después de ese debate, la jueza dijo que no aceptaba la suspensión condicional del proceso.

Por el amparo

Armando Villarreal Ibarra tomó el micrófono y dijo:

“Respeto su decisión, a eso venimos, a respetar el proceso”, expresó.

“Independientemente qué se piense, que se le haga alta la cantidad… eso se entregó a personal de Gobierno del Estado para resolver un problema de aguinaldos”.

Después, salió del edificio y explicó que su decisión es la de apelar la decisión con un amparo, porque está consciente de que se cometió una falta, pero que el dinero sí fue usado para beneficio de Gobierno del Estado.

En cambio, aseguró, está sacrificando 2 millones de pesos para subsanar esa falta, la cual consideró de orden administrativo.

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