Marcos Vizcarra/Alejandro Sicairos.

Armando Villarreal Ibarra está solo. Ninguno de sus abogados o asesores, como Humberto Villasana Falcón, ex Secretario de Transparencia y Rendición de Cuentas, le acompaña. Se ve apacible, confiado. Va a narrar su versión de las “reasignaciones” en la Secretaría de Administración y Finanzas, una decisión que, dice, fue de Estado.

Ahora, además, el ex Secretario de Administración y Finanzas con Mario López Valdez está en medio de otra decisión de Estado, en la que busca evitar la cárcel tras haber reasignado fondos desde unas cuentas hacia otras con fines distintos.

“Qué más quieres, que el ofendido le hizo saber al juez que no había daño patrimonial, que tal desvío… ese concepto también de desviar, no viene siendo un desvío tal como la gente lo percibe en su mente”, dice.

“Tú hablas o escribes, o das en una nota que desvió y la gente percibe que se lo robó, es como una condicionante, o un efecto de la palabra, lo que nosotros hicimos es una reasignación y movimos de cuentas estatales a cuentas estatales y esa es la acusación propiamente”.

“… No se acreditan las cosas distintas, eso genera más especulación, genera más desconfianza en la sociedad, genera más mala imagen para nosotros”.

El ex Secretario de Administración y Finanzas con Mario López Valdez está en el banquillo de los acusados. La Auditoría Superior del Estado lo denunció ante la Fiscalía General por el desvío de 293.5 millones de pesos.

Esa acusación surgió al realizar la auditoría especial 007/2017, la cual, de acuerdo con el Poder Judicial, no se concluyó.

En la observación 118 se documentó el desvío, pero los ex funcionarios de Administración y Finanzas pudieron demostrar, en un primer intento, que 33 millones de pesos habían sido utilizados de forma correcta.

La Auditoría no terminó, según se ha establecido en tribunales, y presentó la acusación ante la Fiscalía, que en agosto de 2018 solicitó una orden de aprehensión, la cual no se hizo efectiva.

La orden se conoció por el Semanario RíoDoce en enero de 2019, que aseguraba que estaba vigente y sin cumplir por parte de las autoridades.

Los implicados, entre ellos Villarreal Ibarra, así como Ernesto Herrera Félix, ex Tesorero estatal, y José Carlos López Ramírez, ex titular de la Caja General, solicitaron amparo y se presentaron ante los juzgados para defenderse.

El caso ya tiene un año en tribunales. Ha sido una discusión legal que ha permitido conocer el conflicto político interno en medio de la llamada “justicia anticorrupción”.

Primero, hubo una férrea postura de la Fiscalía Anticorrupción, que llegó a proponer el caso como un acto agravado, solicitando hasta 16 años de cárcel y el reembolso de 260 millones de pesos, y después un acuerdo en el que la Fiscal Anticorrupción, Reyna Angulo Valenzuela, fue mediadora, para que los implicados puedan obtener una suspensión condicional del proceso, figura jurídica que se explica en poder librar la cárcel bajo acuerdos de reparación de daño.

La propuesta de Villarreal Ibarra y sus ex colaboradores es la de pagar entre los tres una suma por 2 millones de pesos, mantenerse dentro del País por seis meses y ofrecer una disculpa pública en un medio de comunicación a elección de Gobierno del Estado.

El Poder Ejecutivo aceptó, arguyendo conocer que el dinero desviado se usó para el pago de salarios y aguinaldos.

La jueza a cargo de esa solicitud, Sara Bruna Quiñónez Estrada, calificó el acuerdo de inmoral y lo rechazó.

Ahora el caso se alargó, los implicados están en desacuerdo con la decisión y apelaron, por lo que la decisión la tendrá el Supremo Tribunal, que de dar razón a la jueza, obligará a buscar un amparo en tribunales federales.

-¿Impugnaste?

“Sí, sí impugnamos porque es el proceso… yo siempre he dicho, cuando tus ideas reciben resistencia y tú sabes que tienes razón o estás convencido que esa idea es buena, tienes que replantearla, tienes que ir a buscar otros caminos para que se escuche o para que se haga”.

“Esto a mí me gusta mucho, yo soy más empresario, más comerciante que político, que funcionario público, yo siempre lo veo en mis negocios, mis mismos ejecutivos, a mis empleados les digo, si yo de alguna manera te niego algo, tú replantéalo, si crees que vale la pena, piénsalo, replantéalo”.

“Aquí el tema jurídico nos da la oportunidad de ir a una apelación y luego nos da la posibilidad de ir a un amparo, que en caso de ser necesario también tendríamos que ir a un amparo”.

-¿Por qué impugnar y no irse a un juicio oral?, ya están las documentales, los testimonios de parte de la Fiscalía, ¿por qué irse a un juicio sabiendo que puede librar fácilmente esto?

“Porque… está muy fácil, porque si una cosa legal, que te asiste la legalidad, que existe dentro del proceso, que… es más, que es parte del espíritu de los juicios orales evitar llegar a los juicios y a las penalizaciones sin en el camino puedes arreglar la falta, la ley te da esa posibilidad”.

“Si la ley te permite acogernos a esa prerrogativa de ley, ¿por qué desperdiciarla?, por qué no usarla, no estamos haciendo nada malo, ni estamos negociando en lo oscurito. La Ley dice, y lo repito, dentro del espíritu del juicio oral es esa esencia, pero como que todavía no se comprende cómo funcionan los juicios orales”.

-Lo que la jueza está diciendo es que se defina la ruta del dinero, casi da entender que siguiendo la ruta del dinero pudiera ser una situación distinta

“Pero no está en la etapa de definirse la ruta del dinero”.

-¿Están preparados para definir la ruta del dinero, porque así lo llama ella?

“Claro, ahí está, yo se lo decía, lo pueden solicitar a la unidad de acceso a la información, ahí está con claridad, el mismo gobernador lo comentó en una entrevista, que no había un daño patrimonial, que el dinero que se había gastado en cosas propias del gobierno”.

“Como que a veces pienso que queremos seguir en esa misma dinámica de que se hizo algo… que logramos un beneficio propio con ese dinero y no fue así”.

-Usted habla de reasignaciones, ¿eran momentos complicados donde se buscaba dinero de un lado a otro?

“Es correcto, ustedes recordarán que a finales del sexenio, en 2016, no teníamos el dinero suficiente para cerrar el año, ustedes recordarán también que hubo manifestaciones, hasta la UAS sacó un desplegado porque hablamos con autoridades de la UAS”.

“Hicimos saber a la UAS que habíamos hecho, habíamos sido la administración que más presupuesto le había dado en la historia, le hicimos saber que habíamos sido puntual con cada subsidio, que cada dos veces al mes que se les pagaba ministraciones en la UAS, que se les transfería, que teníamos dificultad para cumplir con el tercero y ellos sacaron el desplegado y bueno, tuvimos que hacer lo que ustedes ya saben que hicimos para poder cumplir”.

-¿Se atendió el requerimiento de la UAS?

“Sí, y de la nómina y el aguinaldo, ese era el tema importante, el tema serio. Cuando uno está donde la gente espera que tomes decisiones y arregles la problemática, tienes que decidirlo, tienes que hacerlo”.

-En la audiencia mencionaba eso, que había sido sobre varias cosas, una de ellas la UAS, ¿cuánto fue para la UAS?

“Fueron 80 y tantos (millones de pesos), pero era lo que le tocaba en esa ministración, no fue ni más ni menos, era lo que estaba programado”.

“… Todo lo que fue nómina, aguinaldo y UAS fue prácticamente el 98 por ciento. En todos los gobiernos quedan deudas, nosotros recibimos deudas, nosotros dejamos deudas, yo le llamo deudas institucionales”.

“El que debe no es el gobernador que entra o el que sale, el que debe es el Gobierno del Estado como institución. Yo siempre les decía que no hay que atenernos a que te quedamos debiendo, cuando nosotros llegamos también recibimos deudas y las fuimos pagando poco a poco”.

-Obviamente que usted tuvo que consultarlo, decir ‘tenemos esto y nos están pidiendo acá, ¿qué hacemos?

“Sí, son decisiones de Estado”.

Armando Villarreal Ibarra asegura haber estado pendiente de las observaciones de la Auditoría Superior del Estado, de tal forma que pudo resolver al menos 33 millones de pesos.

Los 260 millones pendientes, señala, quedaron en proceso de resolverse, pero la Auditoría se adelantó.

Esa acción, señala, provocó una mala expectativa ante la sociedad.

“Se hace una falsa expectativa muy grande, que no corresponde a la realidad, porque tienes mucho tiempo para solventarla”, señala.

“Entonces, el tiempo que nos dieron para solventar, porque nos dieron tiempo, solventamos esos 30 millones, explicando con documentos explicando que se gastó para lo que era, porque acuérdate de su acusación, desvió de unas cuentas estatales a otras cuentas estatales y se gastó en cosas distintas, se le estaba demostrando, pero ya estaba la acusación”.

-¿No estaba concluida esa auditoría?

“Es que ellos auditaron el movimiento de las cuentas, pero no auditaron ni para qué era realmente el dinero ni el fin, ni a dónde fue a parar el dinero, y es lo que decía la juez, que a dónde fue a parar, pero en la etapa del juicio no correspondía aclarar hacia dónde fue a parar, sino que en la etapa del juicio correspondía hablar de que se había llegado a un acuerdo con una negociación entre el ofendido y el demandado, y que de acuerdo a la ley se solicitaba la suspensión condicional del juicio… provisional, si no cumple, pues sigue el juicio, pero no lo quiso hacer porque se metió ella, tengo entendido, porque yo no sé, de que se metió al debate de qué hicieron, no trajeron papeles, cuando eso ya, tengo entendido, se hace cuando el juicio empezó”.

-¿Siente que se ha ajustado a lo legal, lo jurídico estrictamente o siente que se ha ajustado a lo político?

“Mira, yo lo que vi el 29, lo que vi el 7 de febrero, es que no se respetó el tema legal, porque era muy sencillo, a lo mejor yo lo quiero ver muy sencillo, pero a lo que me he informado, lo que me han dicho, es que si tú vas con el juez a decirle que ya no te quieres pelear y el juez hace un montón de preguntas diciendo ‘¿estás seguro que no quieres?, ¿estás seguro que con 2 millones?, ¿estás seguro dónde quedó lo demás?’… pues eso no era, no era para el momento, para el momento es decir: ‘bueno, ustedes ya llegaron a un arreglo y para eso son los juicios orales, para llegar a arreglos antes de irte a todo el juicio’ y listo, es lo que yo digo”.

-¿Por qué 2 millones?

“Fue una… los 2 millones son un tabular que está en la ley, no me preguntes de cuál no sé, pero en el tema de la fiscalía lo calcularon, incluso salió un millón 960 mil pesos y va en relación a los años que trabajaste, al sueldo que ganaba cada quién y ya sale, incluso viene tabulado por multa mínima, multa media y multa máxima, a nosotros nos pusieron la máxima”.

“…Además, no estamos pidiendo nada ilegal, nada, ni el señor, ni el Gobierno, ni sus funcionarios de Gobierno, ni la Fiscalía estábamos pidiendo nada ilegal, ni arreglo ni nada en los oscurito, pero repito, la expectación es tal, que hace ver que todo es ilegal o es arreglo en lo oscurito”.

El caso está impugnado, irá a una revisión ante el Supremo Tribunal de Justicia, donde magistrados revisarán la actuación y decisión de la jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada.

Sin embargo, el 20 de febrero se presentarán los tres implicados, solo para dar trámite y anunciar los pasos legales que siguen.

Armando Villarreal Ibarra está seguro que ganará, pero también de que el proceso será largo.

Antes de concluir, el ex Secretario de Finanzas recordó una anécdota que sucedió antes de terminar su trabajo en Gobierno del Estado.

Cuatro meses previo del cambio de Administración se encontró con una persona en el Country Club de Culiacán, aquella vez fue a desayunar. Esa persona le dijo que se veía más delgado.

Armando le contestó que antes de concluir buscaba dos cosas, recuperar el peso como cuando llegó y la imagen pública que tenía.

El hombre le sonrió e interrumpió: ‘la segunda lo dudo’.