Derechos Humanos

Las Colectivas | La construcción de los derechos políticos de las mujeres y sus costos

Conscientes de que las sociedades contemporáneas de Sinaloa, México y el mundo viven una revolución política sin precedentes en la cual las mujeres y su exigencia de respeto a sus derechos humanos son las protagonistas, en ESPEJO decidimos abrir un espacio a colectivos feministas de Culiacán para que, con sus propias palabras, pusieran a nuestra audiencia de frente a sus luchas por alcanzar una sociedad equitativa y, sobre todo, segura para el género femenino. Así, durante esta semana estaremos publicando colaboraciones de distintos colectivos de Culiacán como una manera de acompañarles y darles voz previo al Día Internacional de la Mujer y el Paro Nacional de Mujeres convocado para el 9 de marzo.

Amparo Natalia Reyes Andrade*

En esta era de la globalización, donde las redes sociales comunican más rápido en muchas direcciones en un amplio espectro de matices, con un creciente público espectador, de opinión y generador de contenido a niveles que quizás las persona de pie no imaginábamos, pero sí quienes han creado estos dispositivos y desarrollado nuevas tecnologías de la información; aún no hemos podido dar el salto como sociedad de discernir o ahondar en las temáticas que nos impactan en las pantallas de nuestros teléfonos, computadoras, televisores, a través de la radio o medios impresos.

Es tal la cantidad de información que aún nos cuesta formar una opinión sobre cualquier tema que no sea el que prevalezca en el trending topic o tomar partido en puntos de vista muy polarizados.

En este contexto, es donde cada vez son más frecuentes las difusiones de noticias relacionadas con casos de violencia brutal, extrema contra las mujeres y niñas, con ello, los cuestionamientos sobre las estructuras y mecanismos que deberían de trabajar para erradicar esta problemática.

Paréntesis de la construcción del marco legal que cobija lo que en estos últimos tiempos ha tomado auge, las causas de la lucha feminista. Durante siglos y en diferentes momentos cumbre en la historia de la humanidad, la lucha de las mujeres por tener derechos no ha sido acompañada en la misma medida que el goce que los hombres han tenido en la participación de la vida pública, de la toma de decisiones, relegando a las mujeres a lo privado, a lo que ha sido minimizado, al trabajo invisible no remunerado.

La Declaración de los Derechos del HOMBRE de 1789 (en masculino, solo hombres) en plena época de la revolución francesa, la Ilustración, las ideas de Libertad, Igualdad y Fraternidad solo eran objetivos para ellos, no para nosotras.

Por ello, Olympe de Gouges y Mary Wollstonecraft, fueron pioneras en poner el dedo en la llaga de las incongruencias de lo que se establecía como Derechos, y que éstos no eran para las mujeres, por eso ellas tuvieron que comenzar a nombrarnos.

Mucho antes de la creación del Sistema de Naciones Unidas, los movimientos feministas en Europa y América iban acompañados de exigencias muy claras: Igualdad de pago que los hombres, mejoras salariales y de condiciones dignas de trabajo. También las que activaron el movimiento sufragista: votar y ser votadas, es decir, participar en el espinoso terreno de la toma de decisiones de la vida pública.

En México, un grupo de mujeres del estado de Zacatecas en 1884 demandaron igualdad de oportunidades y participación para las mujeres. En Veracruz, en 1919 se obtuvo un pronunciamiento en favor de los derechos de las mujeres; en Yucatán desde 1916 se avanzó en el ámbito con el primer Congreso Feminista del país, pero fue hasta 1922 cuando se estableció el derecho de las yucatecas a votar; en San Luis Potosí, en 1923; en Chiapas en 1925; y en Puebla, en 1936.

En el siglo XX, los movimientos en favor de los derechos de las mujeres se fortalecieron, sobre todo en los estados del sureste como Yucatán, Veracruz y Chiapas.

Volviendo al ámbito internacional, teniendo el antecedente de la Vindicación de los Derechos de la mujer (1972), no fue sino hasta 1967, 19 años después de la Declaración de los Derechos Humanos pactada por los países parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) luego de las guerras mundiales, que se reconoció que esos Derechos Humanos también correspondían a las mujeres.

 A su vez, tuvo lugar varios años después la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en 1979 (CEDAW por sus siglas en inglés). Esta define la discriminación contra las mujeres como cualquier “distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.”  

También, se cuenta con Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de 1994 (conocida como Convención de Belém Do Pará) y la Plataforma de Acción de Beijing de 1995. En terrenos nacionales, contamos con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, todas con la armonización correspondiente en nuestra entidad.

¿Para qué todo esto? Para algo muy sencillo, la problemática actual es el resultado de un cúmulo de omisiones sistemáticas de los tres niveles de poder desde el primer Congreso Feminista en Yucatán promovido por Elvira Carrillo Puerto, si, hermana de Felipe Carrillo Puerto. Es decir, desde hace más de 100 años las feministas han luchado porque en México seamos libres de participar en la vida política, que podamos tomar también decisiones, que podamos también acceder a puestos de poder, Presidencias, Secretarías, Gobernaturas, puestos de elección popular, entre otros, sin tener que pedir permiso al marido o al papá.

Las mujeres pudimos votar en las elecciones municipales en 1947 y en las federales hasta 1953. Las cuotas de género, es decir la representación de un porcentaje mayor al 40% en el Poder Legislativo Federal se alcanzaron en 2008 y en 2014 se dio la paridad obligatoria 50/50 en México.

La representación fue muy visible en las elecciones del 2018 donde por un mínimo porcentaje se lograba la paridad en las curules del Poder Legislativo y Ejecutivo estatales y municipales. Sin embargo, las prácticas relacionadas para que las mujeres puedan lograr participar en estos procesos, distan mucho de ser la ideales, las necesarias, justas y en condiciones de igualdad libres de violencia. Por ello, se creó el Protocolo para Atender la Violencia Política de las Mujeres, en tanto se tuvo el antecedente de “Las Juanitas”, cientos de casos de amenazas, acoso, hostigamiento contra las candidatas así como casos de regidoras y diputadas asesinadas en varios lugares de la república.

Actualmente, si partimos que “… Los derechos políticos permiten a las personas participar en la vida política, constituir una relación entre las personas y el Estado, así como participar de manera activa en la exigencia por la rendición de cuentas. Los derechos políticos expresan las facultades que poseen las personas para participar en la vida pública, así como la posibilidad de configurar e incidir en el ejercicio del Estado, es decir, tener acceso a las funciones públicas por medio de la participación.” Junto con el reciente decreto que establece la paridad en todo, y todo es todo, tal vez la reacción sea muy diferente a la deseada.

¿Cuántos casos conocemos de mujeres que han incursionado en la vida pública y han sido víctimas de acoso y hostigamiento? ¿Cuántos casos de mujeres que han solicitado estar en puestos de toma de decisión y han sido relegadas, congeladas, invisibilizadas, etc.?

Y no por falta de conocimiento o méritos, sino porque al sistema patriarcal le somos útiles así, de lejos, calladitas, en la oficina, de secretarias, de objeto sexual y no compartiendo ese poder que históricamente pactaron conservar.

Las cuotas de género son acciones afirmativas que apuntan hacia la paridad, hacia la igualdad sustantiva, porque somos el 51% de la población, porque aportamos trabajo al desarrollo económico de nuestra sociedad, porque no solo somos “buenas” en puestos de servicio público relacionados a actividades de asistencialismo, desarrollo social, de salud, porque somos tan capaces de manejar las finanzas, los temas electorales, los medios de comunicación, la fiscalización, de la rendición de cuentas, de temas anticorrupción, de grandes fundaciones, de estrategias de pacificación, de manejar las gerencias de empresas, de ser empleadoras, ser empresarias, de tomar las decisiones que marquen el rumbo de nuestras naciones. Por esto, no todo lo que llega a nuestras redes es la realidad, es importante investigar, preguntar a su feminista más cercana sobre estos temas de manera abierta, sin prejuicios para aprender, para deconstruirse.

Estamos aquí, estamos dispuestas a luchar por nuestros derechos. Estamos aquí, ahora, NUNCA MÁS TENDRAN LA COMODIDAD DE NUESTRO SILENCIO.

Amparo Natalia Reyes Andrade. Feminista, Activista Social, Sinaloense, hacedora multitemática de puentes.

Referencias:

  • Los Derechos Políticos de las mujeres y cómo defenderlos, ONU-Mujeres y otros.
  • Mujeres y Derechos Políticos en México: Una introducción conceptual, INE.
  • Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y otros.
  • Violencia política contra las mujeres en razón de género, FEPADE y otros.
  • La participación política de las mujeres. De las cuotas de género a la paridad. Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género CEAMEG.
  • De cuotas de género a mandato constitucional a nivel federal, Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.

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