Justicia

Audiencia | Fiscalía acusa “montaje” de agentes estatales en caso Sanalona

La Fiscalía tratar de echar abajo los argumentos de los policías estatales que señalaron haber repelido una agresión.

El “montaje” seguido hasta por el secretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda Camarillo, sobre el asesinato de las jóvenes Andrea y Ana Carolina a manos de agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) en el Templete de la presa Sanalona el 27 de enero pasado, fue desmentido e intenta ser tumbado por la Fiscalía General del Estado durante la audiencia inicial a uno de los elementos imputados.

La parte acusadora señala que los agentes del grupo Elite dispararon sin haber sido agredidos por los tripulantes del vehículo en el que viajaban las víctimas acompañadas por Dulce María “A” y Julio César “S”; es decir, no hubo tal enfrentamiento, como salió a declarar el secretario de Seguridad Pública, sino que fue un ataque directo de los agentes, según el Ministerio Público.

En la carpeta de investigación también se acusa que los policías sembraron dos casquillos en el interior de la unidad y una pistola, y además colocaron plomo en las manos de los cadáveres para simular que habían disparado armas de fuego.

“Colocaron dos casquillos, contaminaron las manos de las víctimas con plomo… Fueron alteradas las evidencias. Hubo contaminación indebida”.

La Fiscalía contradice la versión de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Sinaloa, que aseguró que eran cinco y no cuatro los tripulantes; también acusa a los agentes de haber retenido por cerca de nueve horas a los sobrevivientes del hecho, Dulce María “A” y Julio César “S”.

Desde alrededor de las 2:00 horas de ese lunes 27 de enero, los dos jóvenes permanecieron dentro de un vehículo tipo Rino blindado de la PEP; en un primer momento fueron llevados ante la Agencia del Ministerio Público de Homicidio Doloso pero su titular no los aceptó porque no hubo inmediatez al momento de ponerlos a disposición de la agencia.

De acuerdo a la versión de la Fiscalía, al ver frustrado el intento en la agencia del Ministerio Público, los elementos estatales los trasladaron al Tribunal de Barandilla de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, donde ingresaron a las 14:37 horas pero unos momentos después fueron puestos en libertad porque no se acreditó ninguna falta.

El informe policial homologado de los elementos indica que Dulce María y Julio César fueron detenidos en estado de ebriedad alterando el orden público en el Templete de Sanalona a las 10:15 horas de ese lunes, sin embargo ya llevaban casi 12 horas retenidos.

LA VERSIÓN DE CASTAÑEDA

Ese mismo 27 de enero, Cristóbal Castañeda Camarillo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, salió a defender a sus policías. En una conferencia de prensa dijo que todo se trató de un enfrentamiento entre los agentes y civiles.

Argumentó que los hechos se desencadenaron después de que los tripulantes de un auto Honda Accord dispararan contra el convoy de cinco patrullas y un vehículo blindado, cuyo resultado fue la muerte de Ana Carolina y Andrea, estudiantes originarias de Tamazula, Durango, y familiares del gobernador de ese estado, José Rosas Aispuro Torres.

Entre los elementos de prueba presentados por la Fiscalía obran testimonios de familiares que repudiaron los señalamientos de Cristóbal Castañeda en el sentido de que las víctimas pertenecían a la delincuencia organizada.

EL IMPUTADO

El único policía estatal detenido por este caso es Joel Noé “M”, a quien se le acusa de homicidio calificado con ventaja en agravio de Ana Carolina y Andrea, y homicidio calificado en grado de tentativa por poner en riesgo la vida de Dulce María y Julio César.

Además se le imputan los delitos de abuso de autoridad y delitos cometidos por servidores públicos. Este sábado, después de tres sesiones de una audiencia inicial encabezada por la Jueza Dulce María Villegas Soto, la abogada defensora solicitó 144 horas para aportar medios de prueba a favor de su defendido.

Su intención es que citar a algunos de los agentes estatales que participaron en los hechos. La audiencia fue reprogramada para el próximo lunes 9 de marzo a las 11:30 horas.

Por este caso hay cuatro órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar: tres policías y un comandante.

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