Corrupción

Exhiben tibieza de la Fiscalía por perdonar a Echeverría y a Otáñez

Para contratar empresas de forma irregular, en Servicios de Salud se creó una red de complicidad, de la que solo una persona, María Alejandra Gil Álvarez, está siendo juzgada.

La Fiscalía Anticorrupción perdonó a Ernesto Echeverría Aispuro y a Jaime Otáñez García en el caso de contratación y pagos irregulares en la Secretaría de Salud durante 2016, pero ahora, ya que inició el juicio oral en contra de María Alejandra Gil Álvarez, su figura ha sido elemental.

Alejandra Gil Álvarez es ex directora administrativa de los Servicios de Salud de Sinaloa y ahora está en medio de un juicio en su contra por haber hecho la contratación de la empresa Herramientas Médicas para el servicio de imagenología.

Con ella, también se señaló a Jaime Otáñez García, ex director de Servicios Médicos, y a Ernesto Echeverría Aispuro, ex Secretario de Salud, pero ambos fueron perdonados en distintas formas.

Los tres implicados fueron señalados por los mismos delitos: Desempeño Irregular de la Función Pública y Ejercicio indebido del Servicio Público, tras contratar por adjudicación directa a la empresa Herramientas Médicas con un contrato cifrado en 18 millones de pesos.

En esa firma, que dirige el empresario Javier Salido, Ernesto Echeverría Aispuro fue representante legal hasta que se le dio el nombramiento de Secretario de Salud de Sinaloa.

A Otáñez García, según la Fiscalía Anticorrupción, no se le encontró ningún elemento que pudiera comprometerle en el caso. Mientras tanto, en el caso de Echeverría Aispuro, se estableció una suspensión condicional del proceso, con la que pagó 7 millones de pesos para evitar la prisión.

Gil Álvarez pidió ser perdonada, como sucedió con Otáñez García, pero la Fiscalía Anticorrupción se lo negó.

Red de complicidad

Sin embargo, la defensa ha expuesto distintas pruebas que establecen una complicidad para la contratación.

Para poder llevarla a cabo, se debió realizar un proceso de compra denominado “Licitación pública”, que es un concurso público para competir y ser contratada bajo los preceptos de eficacia, eficiencia y economía.

Sin embargo, la Ley de Adquisiciones establece que puede hacerse una excepción, siempre y cuando se justifique.

De esa manera, Servicios de Salud concluyó en hacer una contratación por la vía de “Adjudicación directa”.

Para llegar a ese método, se indica en los artículos 40 y 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, debe realizarse una solicitud de excepción en la que se establezca que existen “circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, cuantificados y justificados”.

Esa solicitud la elaboró Jaime Otáñez García y la firmó el 31 de diciembre de 2015, siendo él director de Atención Médica de Servicios de Salud.

Además, se debió hacer un estudio de mercado por parte de la dirección administrativa, a cargo de María Alejandra Gil Álvarez.

En ese estudio, que debía ser para averiguar precios con empresas que otorgaban servicios de imagenología, se incluyó a firmas que solo ofrecen el arrendamiento de equipos.

Tanto la solicitud como el estudio se tuvieron que integrar en un expediente, para justificar la contratación, la cual debió hacerse, según el Reglamento Interior de Servicios de Salud, por el director general, quien en ese momento era Ernesto Echeverría Aispuro.

Exceso de perdón

La Fiscalía Anticorrupción ya perdonó a dos implicados en el caso, a Otáñez García y a Echeverría Aispuro, pero se negó hacerlo con Gil Álvarez, asegurando que su papel era preponderante.

De hecho, la acusación que se sostiene es por los delitos de Desempeño Irregular de la Función Pública y Ejercicio Indebido del Servicio Público, pidiéndose 14 años de prisión y el pago de 14 millones de pesos.

La defensa de Gil Álvarez ha apostado en explicar la red de complicidad y ha incluido como testigos a Echeverría Aispuro y a Otáñez García. Este último aceptó su parte del proceso.

Sin embargo, Echeverría Aispuro no ha asistido, pese a que el Tribunal aseguró que ya ha sido notificado, por lo que se ordenó que se le busque con fuerza pública y se le lleve el miércoles a las 9:00 horas para que declare como testigo.

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