Justicia

Justicia en pausa | Tribunales suspenden actividades; regresan hasta el 19 de abril

Solo serán atendidos los casos urgentes, entre ellos, en los que se ponga el riesgo la vida de personas, como casos de homicidios, feminicidios, secuestros y privaciones ilegales de la libertad.

Los tribunales en Sinaloa suspenderán actividades a partir de este jueves 19 de marzo hasta el 19 de abril, como medida de prevención para evitar la propagación de Coronavirus.

El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado determinó acatar las mismas recomendaciones que el Consejo de la Judicatura Federal, que estableció una suspensión en la que solo serán atendidos los casos urgentes.

El resto de los casos, incluyendo audiencias intermedias y juicios quedarán pospuestos hasta que se reanuden las actividades.

La medida se aplicará en los tribunales con cualquier competencia penal, como el tradicional y acusatorio y oral.

“En los órganos jurisdiccionales con competencia penal en el sistema tradicional, se considerará de tramitación urgente, de manera enunciativa, las diligencias para recibir detenidos y tomarles declaración preparatoria”, se indicó.

“(…) En los órganos jurisdiccionales con competencia en el sistema penal acusatorio y oral, así como de justicia para adolescentes, se suspenden en los términos procesales distintos a los constitucionales”.

Los casos urgentes que serán atendidos son las órdenes de protección, de aprehensión o de cateo, la autorización de técnicas de investigación urgente que requieran intervención judicial, la calificación de detenciones, la vinculación a proceso de detenidos, la implementación y modificación de medidas cautelares relacionadas con la prisión preventiva.

Con esta medida, todos los juicios que se encuentran abiertos, como el caso de contrataciones irregulares en Servicios de Salud, que actualmente tiene un juicio oral abierto en contra de Alejandra Gil Álvarez, ex directora administrativa, deberán continuar hasta que culmine la suspensión.

También se considerará urgente la celebración de aquellas audiencias en las que existan casos en los que se ponga el riesgo la vida de personas, como casos de homicidios, feminicidios, secuestros y privaciones ilegales de la libertad.

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