Legalidad

LO LEGAL ES | Las reglas de la pandemia 2 ¿Qué rayos es el COVID-19?

Con la interrupción de la normalidad a causa del COVID 19, los días nos han familiarizado con nuevos protagonistas. Esta nueva circunstancia ya estaba regulada por la ley. En ESPEJO te contamos la parte legal de esta historia:

¿De acuerdo con la Ley, qué es el COVID 19?

1. ¿Es una pandemia? La Organización Mundial de la Salud considera al COVID-19 una pandemia desde el pasado 11 de marzo. Sin embargo, la palabra pandemia no se encuentra en la Constitución, ni en la Ley General de Salud, ni en la normatividad expedida en nuestro país a raíz de la enfermedad.

¿Entonces? Si una pandemia es una infección que afecta a muchos países en todo el mundo, no le corresponde a uno solo de ellos aplicar a todos tal definición. Por eso fue un organismo de la ONU quien lo realizó y en México el concepto de epidemia es suficiente para que las autoridades actúen.

2. ¿Es una epidemia? La Constitución de México habla de “epidemias de carácter grave” y obliga a la Secretaría de Salud a dictar de inmediato medidas preventivas (artículo 73 fracción XVI). El 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General reconoció a la epidemia de COVID-19 como una enfermedad grave de atención prioritaria.

¿Es o no es? Sí es una epidemia que, además, genera una enfermedad grave.

3. ¿Es una contingencia sanitaria? La Ley Federal del Trabajo (LFT) considera como causa de suspensión de las relaciones laborales, tanto individuales como colectivas, que se emita una declaratoria de contingencia sanitaria (artículos 42 bis y 427). Sin embargo, el acuerdo del Consejo de Salubridad General, de fecha 30 de marzo de este año, declara a la epidemia de enfermedad generada por el COVID-19 como una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor.

¿Es una contingencia o una emergencia? Es una emergencia sanitaria. Las autoridades de salubridad no quisieron declararla como contingencia para no desalentar la economía, pues eso hubiera detenido el trabajo de todos los empleados, ocasionando que los patrones pagaran un salario mínimo por cada día de suspensión, hasta por un mes (artículo 429 fracción IV LFT).

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