El 17 de octubre no estaban los 3 mil 300 elementos de la Policía Militar que el Gobierno de Sinaloa pidió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El convenio para la seguridad que se firmó en 2018 se había vencido, ahora esos elementos son guardias nacionales asignados a otros estados. La base estaba vacía.

Esos elementos dejaron la base El Sauz, una obra que se construyó por la Sedena con dinero del Gobierno de Sinaloa y el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM). 

En total, se erogaron mil 53 millones de pesos, de los cuales 740 corresponden a recursos del Gobierno de Sinaloa y 313 al ISSFAM.

La Auditoría Superior de la Federación determinó en el Informe Individual 80-GB, que lo que respecta a los fondos del ISSFAM se usaron de una forma incorrecta, bajo un proyecto con una planeación deficiente y con sobreprecios.

“Los conceptos autorizados originalmente no correspondieron con los conceptos de obra ejecutados finalmente, debido a que se autorizó la ejecución de conceptos extraordinarios, se incrementaron volúmenes de obra y disminuyeron y cancelaron cantidades de obra, tanto de origen como extraordinarios”, indicó la Auditoría.

El origen de la base

Esta obra se dividió en dos partes, la primera con recursos del Gobierno de Sinaloa.

La Secretaría de la Defensa Nacional envió una tropa compuesta por 3 mil 300 elementos de la Policía Militar, que conformaban la Tercera Brigada.

Los elementos trabajarían en labores de prevención en conjunto con la Policía Estatal Preventiva y las policías municipales de Culiacán, Mazatlán y Ahome.

En 2017, tras el envío de una primera parte del batallón de militares, la Sedena solicitó una base militar al Estado.

Primero, el Gobierno de Sinaloa donó un terreno en la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán, pero Defensa Nacional pidió que se construyera una base con recursos estatales.

El fondo se aprobó, pero la Sedena propuso que se construyera por ellos. Así se hizo, a través de un convenio de colaboración, que evitó un concurso para seleccionar constructora.

Ese convenio, del cual ESPEJO tiene una copia, fue firmado por los generales Juan Ernesto Antonio Bernal Reyes y Gustavo Ricardo Vallejo Suárez por parte de la Sedena, mientras que por el Gobierno de Sinaloa se signó por Gonzalo Gómez Flores, Carlos Ortega Carricarte, Genaro Robles Casillas y María Guadalupe Yan Rubio, secretarios de Gobierno, Administración, Seguridad y Transparencia.

“El presente convenio de coordinación tiene por objeto la aportación conjunta de esfuerzos y recursos entre las partes para que la Sedena lleve a cabo la construcción de instalaciones militares (información testada de origen) ubicado en la comunidad de El Sauz”, se indicó.

En el documento se detalla que el pago se debió hacer en ocho parcialidades, la primera en septiembre de 2017 y la última en julio de 2018.

En total, se pagó 739 millones 750 mil pesos.

La obra se inauguró el 27 de noviembre de 2018, en una ceremonia en la que participó el ex Presidente Enrique Peña Nieto, el ex Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, y el Gobernador Quirino Ordaz Coppel.

En ese evento, Peña Nieto informó que durante su sexenio se construyeron 384 obras de infraestructura militar y naval, incluyendo 22 Cuarteles, entre los que destacan cinco Brigadas de Policía Militar, 13 Batallones de Infantería, un Regimiento de Caballería Motorizada, una Base Aérea, un Cuartel de Región Aérea y un Cuartel de Ingenieros de Combate.

Todas esas obras fueron hechas por la Sedena.

Pero no fue todo el recurso que se usó, la Sedena solicitó al Instituto de Seguridad para las Fuerzas Armadas hasta 313 millones 184 mil pesos para la construcción de edificios dentro de la base militar.

El proyecto consistió en la construcción de una Unidad Habitacional con 201 viviendas distribuidas en 12 edificios multifamiliares, una casa tipo 100-SDN y dos edificios multifamiliares tipo de dos niveles con dos viviendas por nivel.

También se incluyó la urbanización, que constó de redes hidrosanitarias, redes eléctricas, alumbrado público, vialidades, estacionamientos, barda perimetral y jardinería.

Esa obra se fiscalizó por la Auditoría Superior de la Federación, encontrándose sobrecostos y una deficiente planeación.

“Se determinó una deficiente planeación del proyecto en virtud de que no se contó con un presupuesto base y el catálogo de conceptos y volúmenes de obra no se ajustaron al proyecto definitivo, lo cual ocasionó que durante el proceso de construcción se realizaran cambios al mismo mediante la celebración de 7 convenios modificatorios; 4 de los cuales fueron de ampliación al monto y 3 de ampliación al plazo de ejecución”, se indicó.

“Con los que se adicionaron 1,258 conceptos que representan el 320.7 por ciento de aumento con respecto de los 299 conceptos considerados originalmente en el contrato y que incrementaron el monto del mismo en 114 millones 730 mil pesos que representan el 57.8 por ciento del monto considerado inicialmente, por 198 por 453 mil pesos”.

Esos hallazgos se documentaron en la Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas 80-GB.

Hubo otras observaciones, como la falta de modificación de la licencia de construcción por parte del Ayuntamiento de Culiacán, al que se le planteó construir 193 viviendas, pero al final fueron 202.

Tampoco se tuvo permiso para incrementar la extracción de agua y hubo pagos indebidos sobre el volumen de los materiales de construcción, pagos duplicados sobre actividades de limpieza y obras falsas.

En total, la Auditoría Superior de la Federación acreditó un daño al erario por un monto de 2 millones 760 mil 144.81 pesos.

Una base casi vacía

En el llamado “Culiacanazo”, el pasado 17 de octubre, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional fueron rebasados por los brazos armados del Cártel de Sinaloa.

En el complejo militar de El Sauz, que debía albergar a 3 mil 300 efectivos de la Policía Militar, estaba casi vacía. Los elementos se convirtieron en Guardias Nacionales y fueron enviados a otros estados.

En total, son 300 elementos de la Guardia Nacional, que a la fecha siguen instalados en ese lugar.

“No es decisión mía moverlos o no, nosotros el compromiso fue la construcción, la inversión de casi 800 millones para El Sauz, ellos la construyeron y ellos son quienes lo operan y administran, la Defensa y un comandante de la propia Policía Militar de El Sauz”, expresó Quirino Ordaz Coppel, Gobernador de Sinaloa, el 8 de noviembre de 2019 a periodistas de Sinaloa.

El 17 de octubre, cuando ocurrió el llamado ‘Culiacanazo’, grupos criminales, identificados con el ‘Cártel de Sinaloa’, paralizaron Culiacán para evitar la detención de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.

Fue un operativo que dirigió la Guardia Nacional en conjunto con la Sedena, a mediodía, cuando recién salían los estudiantes de las escuelas, en medio de la colonia Tres Ríos, el sector más importante para la economía comercial en la Capital de Sinaloa.

Los grupos criminales paralizaron la ciudad y superaron en número a los elementos de seguridad. Incluso, amenazaron a familias de militares en un complejo ubicado en la colonia 21 de marzo.

Fue un operativo fallido, se reconoció, el cual reveló una planeación deficiente e irregularidades como el que la base militar que se construyó con más de mil millones de pesos estuviera casi vacía.