Seguridad

¿Fiscalía espía? | La CEDH dice que estará atenta

Se hará una revisión detallada al acuerdo que crea la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, pues de tener posibles violaciones a los derechos humanos podría ser impugnada en un plazo no mayor a los 30 días con una acción de inconstitucionalidad .

La Fiscalía General del Estado creó la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, que depende directamente del Fiscal y con la que se podrá hacer intervenciones telefónicas y de telecomunicaciones para detectar “posibles amenazas”.

En el acuerdo que se publicó el 8 de junio no se incluye un apartado en el que se especifique que esas intervenciones sean con órdenes judiciales, pero José Carlos Álvarez Ortega, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), señaló que confía que no se sobrepase las funciones constitucionales y sirva para hacer espionaje de forma arbitraria.

“Así como lo estamos con otras dependencias del Estado, de los municipios, que son autoridades, que ejercen actos de autoridad, desde la Comisión es la responsabilidad que tiene con los ciudadanos, la protección y defensa de los derechos humanos, y en esa actitud vamos a estar”, dijo.

La CEDH no ha realizado un análisis detallado del acuerdo, pero organizaciones como Artículo 19 México y Latinoamérica han detectado que el acuerdo publicado para la creación de la Unidad tiene una redacción que puede interpretarse de distintas maneras.

“Desde el punto de vista constitucional y en atención al debido proceso viene implícita la obligación de acudir al juez especializado para poder intervenir cualquier comunicación sin autorización de alguno de los intervinientes en la misma, todo en relación al fortalecimiento de la prueba a que el mismo documento hace referencia, ya que si no se obtiene de manera legal, será ilegal y hasta ilícita en materia de comunicaciones (datos móviles, etc)”, señaló Leopoldo Maldonado, Subdirector Regional de la organización.

“Desde mi punto de vista sí se puede mal interpretar a un uso desmedido de las facultades investigadoras, sin embargo es totalmente combatible en un proceso. Sería bueno una mayor claridad en cuanto a la obtención de esa información”.

En el acuerdo se puede leer que dentro de las facultades tiene el iniciar, recibir, integrar y determinar las investigaciones respecto a los asuntos que expresamente le encomiende el Fiscal General.

También podrá actuar directamente o en coordinación con las unidades administrativas que corresponda.

La intención, se explicó, es seguir la recomendación internacional para combatir a grupos criminales desde sus estructuras financieras, como lo hace la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Sin embargo, para hacer esas investigaciones, también se establece poder intervenir llamadas y telecomunicaciones, sin que se indique en el documento que deba ser con permiso de jueces.

“Analizar y procesar la información respecto de telefonía móvil, fija y datos conservados de las concesionarias de telecomunicaciones, que permitan la identificación inmediata de objetivos a localizar, así como la creación y desarrollo de redes de vínculos”, se lee en el párrafo IX sobre las funciones de la Unidad.

“Identificar las distintas fuentes de amenazas o riesgos mediante el uso de internet y las redes sociales, que conduzca a la identificación de posibles actos delictivos”, se agrega en el párrafo X.

La CEDH, dijo Álvarez Ortega, estará atenta a que no se incumpla con lo establecido en la Constitución, que indica que para poder hacer intervenciones telefónicas se deba contar con una orden judicial.

Además, se hará una revisión detallada al texto, pues de tener posibles violaciones a los derechos humanos podría ser impugnada en un plazo no mayor a los 30 días con una acción de inconstitucionalidad y sea así la Suprema Corte de Justicia el órgano que determine la validez del acuerdo.

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