Tema de hoy

¿Con qué fines el Gobierno de Sinaloa les retiene el presupuesto a órganos autónomos?

Pareciera de otra época, la del autoritarismo que pretendía el control absoluto de las instancias ciudadanas, el esquema de retener el dinero que les corresponde a órganos no gubernamentales o descentralizados.

Ayer se publicó en Revista ESPEJO el punto de vista de quienes están a cargo de organismos autónomos que no reciben, o se les entrega con retraso, el presupuesto que el Gobierno del Estado debe pagar puntualmente para su funcionamiento, situación que por afectar a la mayoría de estas instancias creadas por la ciudadanía y para la sociedad, configura un problema de negligencia administrativa con probable premeditación.

En esta situación están el Tribunal de Justicia Administrativa, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, el Tribunal Estatal Electoral, el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas que ninguna necesidad tendrían de suplicar por el recurso público que el Congreso del Estado aprobó que les asignaran al votar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de 2020.

Aunque se trata de una táctica vieja y sistemática con la cual a través del regateo de recursos el Gobierno del Estado maniata la operatividad de organismos autónomos, como lo menciona el reportaje de ESPEJO, la buena noticia es que el Congreso del Estado aprobó el 25 de junio la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que establece que los poderes Legislativo y Judicial, y los órganos constitucionales autónomos, manejen y administren directamente sus recursos, sin sujetarse a las disposiciones del Poder Ejecutivo.

Pareciera de otra época, la del autoritarismo que pretendía el control absoluto de las instancias ciudadanas, el esquema de retener el dinero que les corresponde a órganos no gubernamentales o descentralizados, exhibiendo así apetencias de manipulación a pesar de que tal proceder impacta en los sinaloenses que necesitan del fortalecimiento de la transparencia, combate a la corrupción, atención a víctimas y democracia.

Como lo señala Norma Sánchez, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, en su artículo publicado hoy en el diario Noroeste, “el presupuesto público es un instrumento para fortalecer a las instituciones del Estado y no un mecanismo de control y poder. Cuando esto último sucede los principales afectados son los ciudadanos, y esa distorsión no se puede seguir avalando”.

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