Derechos Humanos

Acusan uso político de la CEDH con casos de personas desaparecidas

Sabuesos Guerreras criticó que la CEDH no informó a las personas que interpusieron denuncia por desaparición sobre el alcance de la recomendación general sobre desapariciones y desapariciones forzadas 01/2020, como tampoco sobre qué pasará con sus expedientes.

Familiares de la colectiva Sabuesos Guerreras se plantaron en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), asegurando que el presidente José Carlos Álvarez Ortega usó los 338 casos denunciados con fines políticos para su reelección.

“Yo creo que no se vale, porque nosotras somos víctimas que estamos en un colectivo y nos enteramos, ¿pero las que no están en un colectivo cómo se enteran?”, señaló María Isabel Cruz Bernal, líder de Sabuesos Guerreras.

“… Sin las familias nada, aquí las víctimas son primero y pensamos que como viene tiempo de reelección, el señor (José Carlos Álvarez Ortega) quiere reelegirse, entonces no lo vamos a permitir, porque en todo el tiempo que ha estado, qué ha hecho, que nos diga qué ha hecho”.

Ese uso político, señaló, se dio con la recomendación general 01/2020 en febrero de este año, para la que se revisaron 338 expedientes de casos documentados por la CEDH con denuncias de víctimas, en su mayoría familiares directos de personas que fueron desaparecidas.

En ese documento se hicieron distintas observaciones, como que 142 de los 338 expedientes involucran a policías municipales, estatales, de Investigación, el Ejército, la Secretaría de Marina, la Policía Federal y funcionarios de la Secretaría de Educación Pública.

Cruz Bernal señaló que la CEDH no informó a las personas que interpusieron denuncia sobre el alcance de la recomendación, como tampoco sobre qué pasará con sus expedientes.

Miguel Calderón, visitador general de la CEDH, señaló que la recomendación general se apegó a lo establecido en la Ley Orgánica de la institución, en la que se establece, entre otras cosas, que los documentos no tienen un alcance mayor a la visibilización de las violaciones de derechos humanos.

Como ejemplo, dio a conocer que solo cuatro ayuntamientos y el Congreso del Estado han aceptado las medidas que se recomiendan, como la de capacitar al personal, pero el resto de autoridades, como el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo o la Fiscalía General del Estado no han dado a conocer su postura, pese a que la recomendación general se les hizo llegar en febrero.

Cruz Bernal le reclamó, asegurando que esa visibilización la han logrado las organizaciones de familiares de personas desaparecidas en el Estado.

“Es que eso lo hemos hecho nosotros los colectivos”, aseguró la líder de Sabuesos Guerreras, quien busca a su hijo Yosimar García Cruz, policía municipal desaparecido desde el 26 de enero de 2017.

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