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Desaparecidos en Sinaloa, las víctimas que el gobierno no cuenta ni busca

La Comisión Estatal de Búsqueda naufraga en el trámite burocrático de tomar los reportes y enseguida abandonar a los afectados a su suerte.

A las autoridades de procuración y administración de justicia les corresponde darle seguimiento, para que no quede como otro informe dejado en el olvido, el documento en el cual la Comisión Estatal de Derechos Humanos expone que de 338 expedientes de casos de desapariciones forzadas documentados con denuncias de víctimas, en 142 se involucra a policías municipales, estatales, de Investigación, el Ejército, la Secretaría de Marina, la Policía Federal y funcionarios de la Secretaría de Educación Pública.

Llama la atención que la Policía Ministerial del Estado sea la corporación con mayor implicación en la presunta comisión de estos delitos ya que al tratarse de la instancia coadyuvante del Ministerio Público podría pervertir las pesquisas al convertirse en indiciada e investigadora a la vez, viciando de origen las indagatorias y siendo obstáculo en lugar de facilitadora de la aplicación de la ley.

El fenómeno violento de privación ilegal de la libertad ha tomado fuerza en la década reciente, pero es en la actualidad cuando recrudece. En 2019 se denunció la desaparición de 1,319 sinaloenses, representando 3.61 casos diarios, la incidencia más alta desde 2002, de acuerdo a datos que la Fiscalía General del Estado le aportó al periódico Noroeste. Inclusive por primera vez en casi dos décadas las desapariciones son más que los homicidios dolosos.

Detrás de esta preocupante situación está la incompetencia de la Fiscalía de cara a la escalada delictiva más preocupante y también hiriente porque coloca a centenas de familias en la incertidumbre de no saber dónde están las víctimas. De igual forma, la Comisión Estatal de Búsqueda naufraga en el trámite burocrático de tomar los reportes y enseguida abandonar a los afectados a su suerte.

Por tratarse de un asunto de delincuencia que avergüenza a Sinaloa ante México y el mundo, el gobierno de Quirino Ordaz, la Fiscalía General del Estado, la Comisión de Búsqueda y el Poder Judicial del Estado deben articular un programa de atención a las desapariciones forzadas que vaya más allá del discurso de la preocupación fingida y concrete voluntad, estado de derecho, coordinación y eficacia para localizar a las víctimas e inhibir el grave crecimiento de este delito.

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