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Corresponde al INE y los ciudadanos ser “guardianes” de la democracia

Lo que AMLO avisa a los ciudadanos es que las tentaciones por adulterar la voluntad popular siguen vigentes sin importar que los mexicanos decidieran que un nuevo partido llevara las riendas nacionales.

Después de que Andrés Manuel López Obrador se ofreciera como guardián de las elecciones de 2021 en México, actitud de la que hicieron eco algunos legisladores del partido del presidente, el Instituto Nacional Electoral acusó que hay actores políticos, intelectuales, orgánicos e integrantes del poder público que arremeten contra el órgano garante de la democracia por desinformación o animadversión.

A través del consejero presidente, Lorenzo Córdova, el INE patentizó que vigilará que los servidores públicos, desde la Presidencia de la República hasta los alcaldes en los municipios, eviten violar las reglas, principalmente la que concierne a la imparcialidad. Advierte además en entrevista con el diario El Universal que ante la proximidad de que la Cámara de Diputados designe a cuatro nuevos consejeros del instituto electoral existe el riesgo de que la coalición legislativa de Morena use su posición con el objetivo de mayoritear.

Ahora resulta que los mismos que exigían la independencia del INE frente a los políticos en el poder le aplauden al presidente el ofrecimiento de “ser el principal guardián” del voto el año próximo porque “todavía nos falta erradicar el fraude electoral y convertir el apego a los principios democráticos en cimiento inamovible de nuestra cultura cívica”.

En sentido invertido, lo que AMLO avisa a los ciudadanos es que las tentaciones por adulterar la voluntad popular siguen vigentes sin importar que los mexicanos decidieran que un nuevo partido llevara las riendas nacionales. El mandatario de Morena, una vez en el poder, olvidó lo que les gritó una y otra vez a quienes los antecedieron en el puesto: ni el presidente ni cualquier otro funcionario del nivel que sea tienen atribuciones en materia electoral.

Va de nuevo: la obligación de los funcionarios, desde aquel que ejerce el más alto al más modesto cargo público, es sacar las manos de los procesos electorales, apartándose lo suficiente con tal de que el veredicto social sea legal, confiable y constitucionalmente legítimo. Solamente la sociedad civil debe ser guardiana, partícipe y protagonista de aquello que le corresponde resolver en derecho y libertad.

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