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Cuentas chuecas de ex alcaldes: sin sanción legal ni costo político

Culiacán registra irregularidades en el manejo de 72 millones de pesos y el pasivo sin fuente de pago por 521 millones de pesos.

Al repetir la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado el rechazo a las cuentas públicas de 17 de los 18 Ayuntamientos de Sinaloa, correspondientes a 2018, misma decisión que tomó el año pasado al no aprobar las de 2017 de todos los municipios, resurge la misma pregunta respecto a si existen motivaciones de estricto apego legal o bien interfieren elementos de carácter político a propósito de la elección de gobernador, diputados y alcaldes el 6 de junio de 2021.

Los criterios con lo que actuó el órgano legislativo revisor hallan sustento en la serie de irregularidades que presentan los informes administrativos con la reiteración de desórdenes que cada año son señalados para la corrección y de todas formas los servidores públicos reinciden en ellos. Sobresueldos, gastos sin comprobar, informes incompletos y obras sin licitar le dan forma a una cadena de errores que llevan el sello de las negligencias.

Excepto la cuenta pública de Rosario, las de los demás municipios constituyen el catálogo del uso irresponsable de recursos públicos. Culiacán registra irregularidades en el manejo de 72 millones de pesos y el pasivo sin fuente de pago por 521 millones de pesos, aparte de abusos como los sobresueldos que el entonces alcalde Antonio Castañeda, los regidores y el síndico procurador se pagaron por un monto de casi 6 millones de pesos.

Los elementos de prueba que llevaron a los diputados a regresarles las cuentas a 17 municipios para que las corrijan apoyan la percepción de que son decisiones de estricto cumplimiento a las normas de transparencia y rendición de cuentas. El ingrediente político, implícito al tratarse del caos administrativo de ex alcaldes que en su mayoría son del PRI, tiene que ver con la información que se les aporta a los electores para que cuiden a quién le dan el voto en la próxima elección constitucional.

Es correcto que paguen costos políticos los funcionarios y partidos que continúan sin entender que deben rendir buenas cuentas al desempeñar puestos de gobierno, aunque lo justo sería que se les finquen responsabilidades de acuerdo a los delitos cometidos y que la sanción sea el escarmiento para los que fallaron y los que en el futuro traicionen la confianza popular. Siendo realistas, es más factible que el voto haga lo propio a que las instancias de sanción funcionen, y como muestra de la impunidad ahí están las cuentas públicas de 2017 que hace un año fueron rechazadas y nadie ha recibido el castigo que le toca, ni jurídico ni de impedimento a ser votado.

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