Tema de la semana

La lucha por controlar o anular a la ASE enturbia la rendición de cuentas

Otra vez será postergada la gran reforma a la Ley de la Auditoría Superior del Estado pues todo indica que de nuevo se le harán remiendos legales que atienden intereses de grupos que, en lugar de dotarla de más “garras” y “dientes” jurídicos para detectar, investigar, documentar y denunciar las afectaciones al patrimonio público, procederán a dejarla más “desuñada” y “chimuela”.

En julio de 2018, cuando el gobernador Quirino Ordaz Coppel, envió al Congreso local la iniciativa para que la Auditoría Superior del Estado fuera independiente de todos los poderes públicos, los entonces diputados locales electos del Movimiento Regeneración Nacional la calificaron de ser un traje a la medida del mandatario priista, violatorio a la Constitución federal.

Dos años después, el 23 de julio de 2020, la Comisión de Fiscalización aprobó el dictamen que reforma la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa que plantea centralmente una cuestión de fondo: quitarle a la ASE la facultad de emitir determinaciones técnicas en los informes de cuentas públicas, y otra de forma: las revisiones de los informes administrativos-contables serán sometidos a votación en el Pleno legislativo a más tardar el 31 de octubre del año siguiente al de la presentación de la cuenta pública, y no antes del 31 de julio como se hace actualmente.

La discusión interminable de darle o quitarle atribuciones a la ASE es retomada en estos días debido a que la Comisión de Fiscalización procede a repetir el rechazo generalizados a las cuentas pública de 2018 que presentaron los ayuntamientos, secretarías del gobierno, Ejecutivo estatal y entes públicos paramunicipales y paraestatales, igual que lo hizo en 2019 con los balances correspondientes a 2017.

La bancada del Partido Revolucionario Institucional afirma que se utilizan criterios políticos y no de fomento a la transparencia al revisar los ejercicios presupuestales, mientras el grupo parlamentario de Morena se sostiene en que las irregularidades encontradas son muchas y graves como para dejarlas pasar.

Y en medio del diferendo queda la ASE cuyo control se disputan los dos partidos, Morena acusándola de estar al servicio del Ejecutivo estatal y el PRI señalando a los asambleístas morenistas de desvirtuar las funciones del órgano fiscalizador y desobedecer sus resolutivos con propósitos electoreros. Mientras tanto, la rendición de cuentas se atora o retrasa en menoscabo del combate a la corrupción que es una bandera ciudadana.

Atendiendo tal contexto, cinco puntos claves para un posible acuerdo se pierden en la agenda congresista que enfrenta al PRI y Morena, que expone al Congreso a la avidez de diputados de los demás partidos que actúan como aves de rapiña y que tiene a la sociedad en ascuas en lo referente a procesos terminados de fiscalización que dejen de ser tan ruidosos y aporten resultados eficientes.

1 Cada año la revisión, dictaminación, discusión, aprobación o rechazo de las cuentas públicas se convierten en circos donde se pretende “quemar” a unos servidores públicos y “limpiar” a otros, pero al final de cuentas todo queda en juicios mediáticos. Las cuentas públicas de 2017 fueron rechazadas todas y en la misma línea van las de 2018, sin que tales actuaciones vayan más allá del escándalo de ocasión y lleguen al castigo de los ilícitos.

2 Se carece del seguimiento de aquellos casos que evidencian malos manejos de erarios y ello aporta a la percepción de impunidad que origina que la población sospeche cada vez más de los funcionarios y que los servidores públicos lo interpreten como garantía de que hechos de irresponsabilidad administrativa quedarán sin la sanción jurídica que corresponde. Lo ideal sería que la ASE audite el año fiscal en marcha en vez de llevar dos años de retraso en sus auditorías.

3 Desde el Congreso del Estado, poder al que está supeditada la ASE, se procede a desgastar la imagen de dicho órgano revisor con tal de inhabilitarlo en sus obligaciones fiscalizadoras y lograr que la Comisión de Fiscalización en turno, bajo el control siempre del grupo parlamentario mayoritario, la maneje según convenga a sus intereses. En ese conflicto sin fin se ausentan las reformas profundas para una Auditoría Mayor fuerte y legitimada.

4 Desvinculada del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, cuando tendría que asumirse como parte toral de éste, la ASE presenta poca colaboración o vinculación con otras instancias de determinación de responsabilidades o sanción de delitos contra las finanzas públicas, como son los casos de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, Fiscalía Anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana del SEMAS.

 5 La descoordinación, o en el peor de los casos el divorcio entre los componentes de la cadena anticorrupción, da pie a que las actuaciones judiciales caigan en la primera etapa procesal o bien que ante sentencias condenatorias las partes agraviante y ofendida pacten arreglos que son burla al estado de derecho y amplifican la desconfianza de los sinaloenses en la justicia.

A pesar de las modificaciones de que ha sido objeto la Ley de la Auditoría Superior del Estado desde que ésta se publicó en el Periódico Oficial en abril de 2008, ahora necesita de reformas de avanzada que la redireccionen hacia credibilidad, confianza, eficacia y firmeza respecto a las revisiones de la gestión financiera. Sometida a los vaivenes del quehacer político, el viraje definitivo tendrá que ser al reforzamiento jurídico y técnico de sus atribuciones.

El fortalecimiento institucional y la habilitación para volverla ágil pero a la vez verosímil en sus trabajos de fiscalización serían las mejores aportaciones del Congreso del Estado a la ASE, con las cuales serviría mejor a la transparencia y gobernabilidad. No obstante los “parches” que asiduamente se le realizan a la ley respectiva, el objetivo cívico pendiente consiste en que el proceso fiscalizador acabe siempre con medidas sancionatorias que inhiban los delitos equiparables a corrupción.  

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