De 2008 a 2017 funcionarios públicos de los ayuntamientos y del Gobierno estatal no han comprobado cómo gastaron 2 mil 582 millones de pesos en el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo al Informe de Atención y Solventación de Acciones Promovidas a las Entidades Fiscalizadas de la Auditoría Superior del Estado (ASE), son 678 millones 117 mil pesos los “no solventados” de 2008 a 2016, y en 2017 no se aclaró el gasto de 244 millones 863 mil.

Además, en “etapa de evaluación” se encuentran mil 700 millones 179 mil pesos.

Estos datos tienen un corte al 31 de agosto del año pasado y se desprenden de las revisiones financieras que anualmente realiza la ASE.

CASOS JUDICIALIZADOS

Las irregularidades documentadas por la ASE como pliegos de observaciones han concluido en un total de 112 denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado (FGE), que solamente ha judicializado cuatro casos:

Secretaría de Turismo: Caso Lapo (Luis Ángel Pineda Ochoa, acusado por hacer mal uso de 8 mdp), actualmente se cuenta con sentencia condenatoria de 8 años de cárcel; está pendiente de causar estado por impugnación del inculpado.

Servicios de Salud de Sinaloa: Caso Echeverría (Ernesto Echeverría Aispuro, ex secretario de Salud con Malova, aceptó su culpa y para no pisar la cárcel devolvió 7 mdp producto de anomalías). El juicio oral en contra de un coacusado está suspendido.

Secretaría de Administración y Finanzas: Caso Armando Villarreal. (Villarreal, ex secretario de Finanzas con Malova enfrenta un proceso penal que está en la etapa intermedia. Se le señala por diversas irregularidades.

Secretaría de Obras Públicas: Caso Tiburonario de Mazatlán. Proceso penal suspendido por salida alterna de suspensión condicional del proceso con condicionante de reparación del daño por parte de los acusados.

A DÓNDE VAN LAS DENUNCIAS PENALES

De las 112 denuncias penales, 15 consignaciones fueron procedentes, 17 se decidió no ejercicio de la acción penal por considerar que los hechos indicados no constituyen delito, 28 se acumularon y se integran en 4 expedientes diversos.

Treinta y cuatro expedientes de averiguaciones previas están en trámite, 13 se han ido a archivo temporal (“congelados”) y una carpeta de investigación está en trámite.

Del total de los expedientes ni un funcionario público, hasta la fecha, ha sido llevado a prisión.

TIBIOS

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, Marco Antonio Zazueta, señaló como tibio el actuar en estos casos por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) que opera a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

También criticó el proceder de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, y a los órganos internos de los ayuntamientos para sancionar a funcionarios públicos por la vía administrativa.