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Corrupción en Sinaloa, la derrota al caro aparato que debe combatirla

La estructura burocrática que debe velar por la transparencia, legitimidad y moralización de la cosa pública es rebasada con mucho por la corrupción organizada.

De acuerdo al reporte de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Sinaloa se ubica en el sitio 5 de los estados donde más empresarios son víctimas de actos de corrupción al realizar trámites en ventanillas del gobierno federal, estatal y municipales, registrando la entidad 45% de incidencia en una escala en la cual Durango es el más afectado por el flagelo con 68% y Chihuahua con 18% es el que menos quejas presenta.

Si se le aplica a este estado de cosas el dicho de que “tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata” entonces debemos conjugar completo el verbo corromper y darnos cuenta que el fracaso del esquema nacional y local y anticorrupción deja de ser cosa de unos cuantos servidores públicos deshonestos y se traslada en responsabilidad y costo a la sociedad entera.

El costo de la corrupción está más allá del dinero que los empresarios pagan para agilizar o librar un trámite gubernamental porque los más grave y oneroso es que existen sistemas nacionales y estatales anticorrupción que son sostenidos con recursos públicos y están fallando en cumplir el objetivo para el que fueron creados. La estructura burocrática que debe velar por la transparencia, legitimidad y moralización de la cosa pública es rebasada con mucho por la corrupción organizada.

A pesar de que el informe “Data Coparmex” contiene el punto positivo de que la corrupción disminuyó 4% en relación al mismo estudio aplicado en 2018, el fenómeno sigue carcomiendo recursos económicos que necesitan las actividades económicas para fomentar el desarrollo, ya que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer recientemente que en 2019, el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el costo por la corrupción para los ciudadanos que acudieron a realizar algún trámite o solicitar un servicio en una oficina pública fue de 12 mil 770 millones de pesos, 64.1 por ciento más que en 2017.

¿Qué pasa con el sistema anticorrupción que en el caso de Sinaloa lo integran el Comité de Participación Ciudadana, Auditoría Superior del Estado, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública y Tribunal de Justicia Administrativa? ¿Se ha convertido en estructura pesada difícil de mover o cumple una función de ornato frente al monstruo insaciable?

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