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Contra el “Diamante Facturero”, la regla de oro de la justicia

Aquí la única manera de pulverizar el diamante de la corrupción es aplicándole la regla de oro de la justicia: quien la hace, que la pague.

La investigación “Diamante facturero”, realizada en coautoría por el portal de periodismo Animal Político y el diario Noroeste y que involucra al empresario sinaloense Alfredo Arámburo Nájar en una presunta red de negocios y operaciones para defraudar al fisco, merece como respuesta de las autoridades federales y estatales las indagatorias conforme a la ley y las sanciones que deriven sin importar los altos niveles del poder político que protejan a éste y otros involucrados.

En el seguimiento de este caso, Noroeste expone el eslabón de los hermanos Juan José y Erick Ernesto Arellano Hernández los cuales emergieron abruptamente en el mundo de los negocios y mediante transacciones con dependencias públicas, como es el caso del Ayuntamiento de Mazatlán, amasan una fortuna también espontánea y además obtuvieron del erario alrededor de 200 millones de pesos en siete años.

La obligación de las autoridades es la misma que ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Culiacán el 5 de agosto, al verse manchado por la implicación de Arámburo Nájar, supuesto operador de la red facturera, pues fue quien compró la franquicia del equipo “Algodoneros de Guasave” cuando este club se reincorporó a la Liga Mexicana de Beisbol. El presidente prometió que pediría la correspondiente investigación de la Fiscalía General de la República, Sistema de Administración Tributaria y Unidad de Inteligencia Financiera.

Por lo estructurado y verídico del trabajo periodístico que cierra la pinza de las sospechas en torno a Arámburo Nájar y socios, la opinión pública tiene derecho a que se le explique por qué personajes o grupos socialmente cuestionados se siguen beneficiando de contratos con el gobierno, inclusive a pesar de que sus empresas sostienen litigios que reclaman pagos millonarios a entidades públicas y siguen siendo proveedores de instituciones que demandaron.

La presunta red facturera que integran Alfredo Arámburo Nájar y los hermanos Arellano Hernández obliga a los gobiernos federal, al estatal de Sinaloa y al municipal de Mazatlán, que resultan involucrados, a esclarecer las implicaciones ante la justicia imparcial y fundada en el estado de derecho. Será inadmisible el silencio de las fiscalías, de los tribunales o de los funcionarios en posible comisión de delitos, porque callar recalcaría la dimensión de los intereses coaligados. Aquí la única manera de pulverizar el diamante de la corrupción es aplicándole la regla de oro de la justicia: quien la hace, que la pague.

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