Busca Quirino enmendar la plana a Morena en el Congreso

Quirino Ordaz Coppel, Gobernador de Sinaloa, va por tratar de corregir al grupo parlamentario de Morena en el Congreso local, por el trato a las cuentas públicas.

Jesús Ramón Soto González, subsecretario de Asuntos Jurídicos en Gobierno del Estado, aseguró que el Poder Legislativo cometió vicios al momento de cambiar de denominación a los dictámenes de las cuentas públicas.

Estos se presentaron por la Comisión de Fiscalización ante el Pleno como acuerdos y no como decreto, pues de esa forma no podrían ser observados y vetados por el Poder Ejecutivo.

“El Ejecutivo observó que por el cambio de denominación que se le dé a un acto legislativo que por su naturaleza, su alcance y su denominación en la Ley, debe ser decreto, no por el cambio de denominación en una sesión de Pleno o sesión de comisión haya quedado ya restringido en sus facultades”, dijo.

“Por eso el Ejecutivo consideró que todavía consideró que podía ejercer ese derecho de veto”.

La Comisión de Fiscalización pasó al Pleno nueve acuerdos, entre ellos la cuenta pública de Gobierno del Estado, la cual fue aprobada por los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PT, PES y legisladores de Morena.

Soto González también cuestionó el método que se usó para tratar de corregir las determinaciones técnicas de la Auditoría Superior del Estado, que en algunos casos, como en la cuenta pública de Gobierno del Estado, se tenía aprobación según las determinaciones técnicas, pero la Comisión de Fiscalización cambió esas calificaciones.

“El Congreso del Estado, al analizar las determinaciones técnicas de la Auditoría Superior del Estado, conjuntamente con el dictamen de la Comisión de Fiscalización, en las sesiones de Pleno correspondiente, rechazan las determinaciones técnicas de la Auditoría Superior del Estado en los casos en que aprobó las cuentas públicas y aprueba las determinaciones técnicas en los casos en los que la Auditoría las rechazó”, señaló.

A partir del veto, Gobierno del Estado tuvo que enviar observaciones sobre los acuerdos. En total, indicó Soto González, fueron nueve los señalamientos.

Esta no es la primera vez que se veta la decisión del Congreso, ya ocurrió también en 2019, pero ese año se promovió una controversia constitucional, para que sea la Suprema Corte de Justicia la que determine quién tiene la razón en torno a las facultades de fiscalización.

El Congreso señala improcedencia en observaciones

Luego de que se enviaron las observaciones por el Gobierno de Quirino Ordaz Coppel, el Congreso respondió estar en desacuerdo.

“Ante la improcedencia de las observaciones, el Congreso remitió de nueva cuenta al Ejecutivo los Acuerdos, pues el Pleno de la LXIII Legislatura en ejercicio de sus facultades constitucionales exclusivas los aprobó y estos se encuentran vigentes desde el día de su aprobación en términos de su Artículo Primero Transitorio”, se indicó en un comunicado.

“Se remiten de nuevo al Ejecutivo para el único efecto de dar cumplimiento al Artículo Segundo Transitorio de los Acuerdos, que es: Publíquese en el Periódico Oficial ‘El Estado de Sinaloa’”.

El Poder Legislativo se apoyó en el artículo 42 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, donde se establece que toda resolución del Congreso tendrá el carácter de Ley, Decreto o Acuerdo.

Además, se señaló el artículo 140 de la Ley Orgánica del Congreso, donde se define los acuerdos como las resoluciones, que por su naturaleza, no requieren para su validez, de la sanción, promulgación y publicación.