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El narcoestado, según el púlpito presidencial: enjuiciar con pruebas a Felipe Calderón

En los seis años que Felipe Calderón gobernó México se implementó la guerra contra el narco y también las células criminales le declararon la gran ofensiva al gobierno con la sangre y el terror corriendo en el territorio nacional.

Aparte de ratificar el poder destructor que durante tres administraciones públicas federales ha derivado en más de 330 mil homicidios dolosos, el narcotráfico se ha apropiado hoy de la agenda presidencial al cruzar acusaciones el actual mandatario nacional, Andrés Manuel López Obrador, y quien ocupó el cargo de 2006 a 2012, Felipe Calderón Hinojosa, acusándose mutuamente de involucramiento con el crimen organizado.

La confrontación ha subido de tono en los días recientes al acusar López Obrador que en México hubo un narcoestado durante los años que Genaro García Luna fue secretario de Seguridad Pública en el país, en el sexenio de Felipe Calderón, dando pie a la respuesta del ex presidente en el sentido de que “no soy el presidente que saluda a la mamá de El Chapo, yo no liberé a ningún criminal en ninguna circunstancia, ni a los hijos ni a los sobrinos”.

Con 156 mil 437 homicidios dolosos en el sexenio de Felipe Calderón, 122 mil 448 en el de Enrique Peña Nieto y 53,628 contabilizados del primero de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2020 que corresponden al gobierno de López Obrador, según estadísticas oficiales, el tema sobre la mesa tendría que ser la pacificación de México y guardar distancia de careos políticos que coadyuvan a arraigar en la percepción ciudadana el pernicioso vínculo del narco y el Estado.

En los seis años que Felipe Calderón gobernó México se implementó la guerra contra el narco y también las células criminales le declararon la gran ofensiva al gobierno con la sangre y el terror corriendo en el territorio nacional, mientras que al transcurrir una cuarta parte del mandato constitucional de López Obrador el número de víctimas se sostiene en número y crueldad y sigue intacta la capacidad de los cárteles de las drogas para doblegar a las instituciones nacionales.

Gastar la investidura presidencial en señalamientos que tensan la atmósfera nacional, pues la apología a la fuerza destructora del narco fortalece a éste y redunda en la debilidad del Estado, está lejos de ser la voluntad para castigar conforme a la ley a quienes desde el servicio público le colocaron escaleras a los traficantes de drogas para que ascendieran al poder fáctico. En vez de utilizar el tema como distractor de opinión pública, el presidente tiene que proceder a más pruebas y menos dichos, abriéndole cauces a la justicia y evitar así convertirse de acusador a acusado.

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