Que el Gobierno de Sinaloa viola los derechos humanos de las víctimas de la violencia al no entregar 10 millones de pesos presupuestados por el Congreso local para atenderlas, señalaron activistas en el panel virtual nombrado “Víctimas”, convocado por Construyendo Espacios para la Paz.

Durante el debate de la temática se propuso la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a través de una recomendación, aunque su titular, José Carlos Álvarez Ortega, justificó a la administración de Quirino Ordaz Coppel.

Óscar Fidel González Mendívil, titular de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, volvió a denunciar que en 2019 el Gobierno del Estado no entregó 10 millones de pesos aprobados para ayudar a las víctimas, y que este año tampoco le han entregado otros 10 millones autorizados.

David Moreno Lizárraga, del organismo Parlamento Ciudadano, señaló que es posible una violación a los derechos humanos de las víctimas en la medida de no haber los recursos aprobados porque se les priva de recibir la atención que la Ley contempla.

“Ya debería de haber habido recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque no puede estar ese vacío legal de que se aprueban fondos por el Congreso y simplemente no se entregan, y a los funcionarios o dependencias se les impide cumplir sus obligaciones, responsabilidades de Ley”.

José Carlos Álvarez Ortega, de la CEDH, dijo que ellos han estado haciendo las gestiones pertinentes ante las autoridades estatales.

“En este caso en particular, tratándose de este año, por la emergencia sanitaria se nos ha explicado que una vez que se den los ajustes pertinentes al propio presupuesto se harán las entregas de las participaciones presupuestales de acuerdo con el calendario autorizado”.

Añadió que entiende la situación por la pandemia del Covid-19, que ha orillado al Estado a no atender de manera directa y oportuna las necesidades que se tienen en cuanto al tema de las vícitimas.

Integrantes de Culiacán Valiente y Sabuesos Guerreras también rechazaron que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, en el octavo mes del año, aún no tenga esos recursos aprobados por los legisladores locales.

“Tenemos una gran deuda con nuestras víctimas y con las instituciones que las apoyan… Nos ha hecho falta también proteger a nuestras instituciones para que asuman con mayor vigor su responsabilidad”, dijo Javier Llausás, de Construyendo Espacios para la Paz.