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¿Dónde quedó el dinero que Quirino Ordaz les debe a sectores y organismos?

El gobernador ha publicitado como logro de su gestión el hecho de no acudir a deuda pública que comprometa las finanzas estatales.

Las deudas económicas que el Gobierno de Sinaloa tiene con diversos sectores productivos, organismos sociales y fondo de pensiones plantean la interrogante de dónde quedaron esos recursos públicos que fueron presupuestados cada año y por ley debieron ejercerse en las áreas a las que fueron asignados, de lo contrario constituyen delitos que volverán a poner bajo la lupa a la actual administración pública estatal.

El 29 de junio, ESPEJO publicó el retraso en la entrega de recursos públicos a organismos autónomos con la correspondiente afectación a la operación de estos, destacando el Instituto Electoral de Sinaloa, con 4 millones de pesos, Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública, con 2 millones de pesos; Fondo de Atención a Víctimas, con 10 millones de peso y Tribunal de Justicia Administrativa, con 700 mil pesos.

El 5 de agosto se dio a conocer que el gobierno que preside Quirino Ordaz Coppel le adeuda 276 millones de pesos al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, acumulándose desde 2017 los retrasos en la entrega del dinero, lo cual pone en riesgo el adecuado retiro de los trabajadores del gobierno estatal. En este caso el gobernador replicó que en lo que va de su administración se le han entregado mil millones de pesos al IPES.

Ahora se agrega a esta deuda la correspondiente a 41 obras que no han sido saldadas a contratistas y merman la capacidad de empresas pequeñas, sobre todo en la situación actual donde los sectores económicos necesitan de recursos para sortear la crisis derivada del coronavirus. Aquí hay trabajos que se hicieron desde 2017 y a los que todavía el gobierno no les paga 14 millones de pesos.

El gobernador ha publicitado como logro de su gestión el hecho de no acudir a deuda pública que comprometa las finanzas estatales. También ofreció el 20 de marzo, en reunión con la Intercamaral, liquidar los pasivos con constructores y proveedores para apoyar la recuperación económica. Las cuentas por pagar, sin embargo, dicen cosas distintas y remarcan la pregunta de dónde está ese dinero que se contempló en las correspondientes leyes de ingresos y presupuesto de egresos y que no les llega a los sectores, instituciones o empresas a que fue destinado el recurso.

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