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Testigos sociales, la inspección ciudadana que le urge a Sinaloa

Se requiere de mucha participación cívica para poder clausurarle todas las entradas a la corrupción, pero tal intervención social implica tenacidades, sacrificios y preparación.

La importancia de la figura de testigo social en los procesos de fiscalización de las áreas gubernamentales, principalmente en lo referente a la obra pública, tiene que ver con que éstos son los ojos y la lupa cívica puestos encima del quehacer público y representan a la sociedad en la añeja demanda de transparencia y cuentas claras, aspiración aún no satisfecha del todo por gobiernos que se aferran a la opacidad.

Tanto las personas físicas como morales pueden formar parte del padrón de testigos sociales en Sinaloa cumpliendo una sobrecarga de requisitos como no antecedentes penales, estar fuera de la función pública, carta de no inhabilitación expedida por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y de inexistencia de sanción por parte de la Secretaría de la Función Pública, compromiso de no participar en las contrataciones en las que se configure conflicto de interés y constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales.

Existen inconsistencias como el hecho de que sea la Secretaría de Transparencia a través de un comité la que defina quién es o no testigo social, lo cual no certifica la neutralidad de las decisiones de dicha dependencia estatal. Otras barreras es que quien logra acreditarse como observador ciudadano está limitado en cuestión de ir más allá de opiniones que nadie garantiza se tomen en cuenta para corregir las anomalías detectadas.

Las observaciones, conclusiones y recomendaciones de los testigos sociales son de acceso público, sin embargo, en la página oficial respectiva se omite informar del seguimiento y la atención a las observaciones. El padrón público de testigos sociales lo integran sólo 5 personas según la información disponible (Adrián Coppel Calvo, Francisco Nicolás Jiménez Castro, Gerardo López Cervantes, Marlene Angelina León Fontes y Emilio Hernández), lo cual demuestra la pertinencia de ampliar la vigilancia cívica sobre el ejercicio del recurso público.

Los ciudadanos somos la instancia fundamental para lograr que las entidades públicas establezcan como regla el adecuado desempeño gubernamental en todas las actividades que le son inherentes. Se requiere de mucha participación cívica para poder clausurarle todas las entradas a la corrupción, pero tal intervención social implica tenacidades, sacrificios y preparación que bien valen la pena desplegar por un Sinaloa transparente y con rendición completa de cuentas.

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