Organismos de la sociedad civil en Sinaloa están preocupados por el desempeño del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, principalmente por el órgano social, el Comité de Participación Ciudadana (CPC).

Esta preocupación se advirtió con una iniciativa de reforma a la Ley en Materia Anticorrupción en el Estado en la que se pide, entre otras cosas, disminuir el rango de edad para poder formar parte del CPC.

“Tenemos una amplia preocupación del desempeño del actual sistema anticorrupción de Sinaloa”, expresó Silber Meza Camacho, director de la organización Iniciativa Sinaloa.

“Creemos que se puede cambiar con reformas legales, consideradas como tiros de precisión, algunos de ellos son la de disminuir la edad de las participantes y asegurar la paridad de género”.

Estas propuestas, hechas por Iniciativa Sinaloa y otras organizaciones civiles y empresariales como Coparmex Sinaloa, Parlamento Ciudadano, Observatorio Ciudadano de Mazatlán, el Colectivo de Mujeres Activas de Sinaloa, No se metan con nuestras hijas, entre otras, se propusieron ante el Congreso local en el documento de reforma.

La intención, agregó Marlene León Fontés, investigadora de Iniciativa Sinaloa, es que si no está bien estructurado el Comité de Participación Ciudadana, que es el motor desde la sociedad civil, y no está cimentado o no tiene una representación ciudadana eficaz, va a ser complejo que el resto del sistema opere correctamente.

“En este momento tenemos un CPC más preocupado por lo que está haciendo la sociedad civil para mejorar el sistema de corrupción que lo que sucede sobre actos de corrupción en el gobierno”, expresó.

La respuesta del CPC no se hizo esperar, con una postura en rechazo de las políticas propuestas, asegurando que intentar reformar la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa es inconstitucional, por lo que y que solo el Congreso de la Unión puede efectuar los cambios para luego homologarlo con los estados.

El director de Iniciativa Sinaloa cuestionó a los integrantes del CPC, agregando que la decisión no está en ellos, sino en la Cámara de Diputados locales, y que de estar inconformes queda la opción de promover una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.

“Yo creo que la definición, la decisión de esto está en manos de los diputados y diputados y si alguien considera que es anticonstitucional, está la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre definirlo, hay instancias responsables para definir una situación de estas”

Esta iniciativa, agregó, se hizo después de un comparativo, en el que se encontró posibles soluciones de fortalecimiento y empoderamiento de la sociedad civil en la lucha anticorrupción.

“No queremos que se colme de servidores públicos, porque este es un comité que hace la diferencia entre las instituciones de funcionarios”, aseguró.