Derechos Humanos

El peregrinar de Rosa

Le asesinaron a su esposo, el Policía Estatal Juan José Ramírez. Ocurrió en 2008, cuando patrullaba en Culiacán para combatir el crimen, y en ese tiempo le negaron una pensión digna. Luchó junto a más de 200 familias y lograron que se les reconociera legalmente en 2017, pero hasta hoy, en 2020, sigue con problemas para cobrar su derecho.

El 17 de septiembre de 2020 se manifestaban en Palacio de Gobierno esposas de policías caídos en Sinaloa

El 17 de septiembre de 2020 se manifestaban en Palacio de Gobierno esposas de policías caídos en Sinaloa

Tenía 15 años trabajando, era policía estatal. Murió toda la patrulla, iban estatales, ministeriales y municipales, era cuando las dichosas BOMU y lo agarraron ahí, lo interceptaron y falleció toda la patrulla, todos murieron, eran seis entre todos.

Mi esposo tenía 15 años y 7 meses, y al momento de morir le cuentan 14 años 7 meses y ahí empezamos la lucha, cuando mi esposo cae yo hablé con la Secretaria de Seguridad, con Josefina García Ruiz sobre los derechos que tenía como viuda de policía, y ella me responde que sí, que había seguros de vida, pero que solo si él tenía 15 años me iban a dar el 50 por ciento de pensión, y ahí empieza el peregrinar.

Empecé a reunir viudas y nos fuimos al Congreso, en ese entonces estaba Alejandro Higuera de diputado y nos echó mucho la mano y yo pienso que hubo mucha disposición de parte de ellos de ayudarnos, de querernos ayudar al ver en la situación en la que estábamos, porque había viudas de muchos años atrás.

A mí me tocó porque mi esposo se vino cuando el operativo Culiacán-Navolato, era Policía ELITE, murió en una patrulla, uniformado y en horas de servicio, así fue cuando cae, y murieron muchos adelante y atrás de él. 

– Rosa Otilia Aguirre Sánchez

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Juan José Ramírez tenía 36 años cuando fue asesinado, era un elemento de confianza para las policías, pues perteneció a ese grupo especial llamado ELITE, creado para combatir el crimen en Sinaloa, principalmente en Culiacán.

Ese grupo se creó junto con la llamada “guerra contra las drogas”, en la que murieron más de 10 mil personas, se desplazaron más de 40 mil pobladores de rancherías, pueblos y comunidades de la zona serrana y desaparecieron a unas 3 mil personas.

Nació en Mazatlán, pero lo asignaron a Culiacán, donde ocurrieron la mayoría de esos crímenes.

El 28 de octubre de 2008 Juan José fue una de esas víctimas, patrullaba junto con sus compañeros de la Policía ELITE y de otras corporaciones.

Eran poco después de las 11 de la noche cuando se dio el ataque. Los policías esperaban su turno en el semáforo sobre bulevar Universitarios y la avenida Las Américas, en el sector de Ciudad Universitaria.

Un grupo de personas armadas les dispararon al menos en 400 ocasiones, el número de casquillos encontrados en ese lugar por agentes del Ministerio Público que dirigía en ese entonces el policía José Luis Leyva Rochín.

Ahí murieron Juan José Ramírez y Juan Alejandro Almaral de la Policía Estatal Preventiva; Roberto Ortiz Martínez y Óscar José García, agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal; Mario Arturo García, Policía Ministerial del Estado, y el policía de Tránsito Municipal, Juan Manuel Mendoza. 

Todos esos policías estaban juntos porque formaban parte de un operativo especial contra la venta de drogas ilegales que apenas iniciaba esa semana. En este participan las corporaciones estatales y municipales.

Dos horas antes una Base Operativa Mixta Urbana (BOMU) de militares había interceptado a un grupo de individuos armados que viajaban en varias unidades y les respondieron con disparos. Ahí murieron cinco civiles y un soldado quedó herido.

***

Rosa tenía 34 años cuando pasó eso. Leía la noticia en su casa, mientras cuidaba a sus dos hijos.

Tuvo que viajar y llegar directamente al Servicio Médico Forense para reconocer a su esposo. La recibieron médicos forenses y el director de la Policía Estatal Preventiva, Francisco Javier Palma, quien se convirtió en el vocero de las malas noticias para las familias de decenas de policías que fueron asesinados.

“¿Qué sigue ahora”, preguntó Rosa al ver al jefe policiaco. En ese momento también existía una preocupación.

Los policías de Sinaloa tenían un sueldo promedio de 8 mil pesos por elemento, el pago por dejar a sus familias a veces por semanas y combatir contra personas con armas y equipo táctico mejor que el de ellos.

La respuesta de Palma fue esperar a que se reconociera su viudez.

En 2008 ser esposa de policía era otro reto más junto al de la violencia criminal. Si asesinaban a su esposo posiblemente tendría solo el pésame, pues solo quienes tenían más de 15 años en las corporaciones podían acceder a una pensión del 50 por ciento del salario.

“Así están las leyes”, le señalaba Palma a Rosa, pues a su esposo solo le reconocían 14 años y 7 meses de antigüedad.

De esa forma inició la lucha por una pensión digna, pero no podía hacerlo sola. Comprendió que debía organizarse y sumar a más esposas viudas.

Organizaron un movimiento importante, pues cada vez había más asesinatos y por lo tanto más reclamos.

En la administración de Mario López Valdez como Gobernador lograron el reconocimiento, mas no así todos los derechos que tienen los policías, entre ellos el incremento salarial anual.

No pararon, de tal forma que siguieron con la protesta, enviando cartas, reuniéndose con diputados, presentándose en Palacio de Gobierno y hablando con cuanto funcionario se les acercara.

Pasaron así hasta noviembre de 2019, cuando en el Congreso local se reformó la Ley de Seguridad Pública, en donde se instituyó que debía haber actualización de sueldos de manera anual, como sucede con cualquier policía.

Es decir, cada vez que los policías tengan un incremento salarial, las viudas también lo tendrán.

Sin embargo, eso no se ha cumplido.

Ana Graciela Ibarra, esposa del policía estatal Juan Ramón Álvarez, porta una pancarta en la que se lee tres demandas: pago de seguros de vida de policías caídos, pago de pensiones a viudas de policías caídos y pago de incremento anual de pensiones a viudas y huérfanos.

Ibarra explica que pese a tener reformas a la Ley, Gobierno del Estado no ha hecho los incrementos correspondientes, lo que ha provocado que el movimiento se reactive.

La administración del Gobierno de Quirino Ordaz Coppel acepta esa falta de cumplimiento, pero ahora dan otra razón: falta de coordinación entre dependencias.

Vamos a buscar una salida. Ha habido un tema legal ahí que es lo que impedía y nos hace que también nosotros no nos podamos salir de esa norma porque seríamos observados, dijo Ordaz Coppel en entrevista en Palacio de Gobierno el 17 de septiembre, donde se firmaba un convenio con la Universidad Aotónoma de Sinaloa y al mismo tiempo se manifestaban viudas de policías.

¿Cuál es ese tema legal?

Hay una ley, se piden algunas prestaciones que no están ahí y se tiene que buscar la manera de cómo ayudar. Creo que hay que ayudarlas. Lo que se tenga que pagar dentro del marco de la ley, de sus prestaciones, se va a pagar. Se tiene que pagar.

¿En cuanto estima que quedará?

Ahorita está atendiéndolas el director de Recursos Humanos y voy a ver de cuánta lana se trata para hacer un planteamiento porque también vamos a empezar a pagar el retroactivo del aumento salarial, en una primera parte el 50 por ciento son casi más de 40 millones de pesos, no lo traíamos en mente.

El tema se volvió administrativo y ahora hay un nuevo planteamiento de parte de las viudas como Ana Graciela y Rosa, quienes se ven cansadas y enojadas.

“Así ha sido este peregrinar y si tenemos que seguir, pues así será”, asegura Rosa.

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