Corrupción

El “Químico” perdona a ex funcionarios en caso Tiburonario y pide investigar a constructores

La administración de Luis Guillermo Benítez Torres va en contra de las firmas empresas Osuna y Osuna Arquitectura, propiedad del arquitecto Omar Osuna Osuna, y Grupo Ecosistemas de México SA de CV, del empresario Antonio Roberto Becerra González.

La administración de Luis Guillermo Benítez Torres en Mazatlán perdonó a Dionisio Sánchez Félix, Armando Trujillo Sicairos y José Luis Ulloa Miranda, ex funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas implicados en el colapso del Tiburonario el 1 de febrero de 2017, siempre y cuando paguen 3 millones de pesos y se investigue a los empresarios que construyeron el proyecto turístico.

De acuerdo con datos obtenidos en la administración del Centro de Justicia Centro sobre la audiencia que se llevó a cabo el 24 de septiembre, el plan de reparación del daño se pagará dentro de un mes la cantidad de 717 mil  222.33 pesos y en el transcurso de un año se deberá pagar el resto para sumar la cantidad total de  3 millones de pesos.

Ese dinero servirá para continuar con el proyecto de convertir ese espacio en un Pingüinario, atractivo propuesto por el Alcalde de Mazatlán.

Ese monto se acordó después de que el Juez Adán Alberto Salazar Gastélum cuestionó un primer pacto hecho entre los acusados, la Fiscalía Anticorrupción y Gobierno del Estado por un monto único de 800 mil pesos.

Todas las partes dijeron estar de acuerdo porque ya se había platicado.

Sin embargo, el Juez decidió, con base en el artículo 196 segundo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, incrementar la cantidad a 3 millones.

“El Juez de control fijará las condiciones bajo las cuales se suspende el proceso o se rechaza la solicitud y aprobará el plan de reparación propuesto, mismo que podrá ser modificado por el Juez de control en la audiencia. La sola falta de recursos del imputado no podrá ser utilizada como razón suficiente para rechazar la suspensión condicional del proceso”, se lee en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Otro de los que estuvieron a favor de ese acuerdo fue el Acuario Mazatlán, quienes expresaron su parecer bajo una condición: que la Fiscalía Anticorrupción investigue y ejerza acción penal en contra de los empresarios que ejecutaron la obra.

Ángel Servín Sampedro, representante legal de la paramunicipal Acuario Mazatlán, señaló que los empresarios los verdaderos causantes del año ocurrido el 1 de febrero de 2017.

Es decir, la administración de Luis Guillermo Benítez Torres va en contra de las firmas empresas Osuna y Osuna Arquitectura, propiedad del arquitecto Omar Osuna Osuna, y Grupo Ecosistemas de México SA de CV, del empresario Antonio Roberto Becerra González.

Ahora el caso dio un nuevo giro y la Fiscalía tendrá que responder con dicha indagatoria por el daño ocurrido en Mazatlán, el cual se tasó por un monto similar a los 30 millones de pesos, que fue el costo para construir la obra colapsada.

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