Tema de hoy

¿Policías del lado de la delincuencia? Retroceder al Sinaloa que creímos nunca volvería

El caso atrae la atención de la opinión pública por tratarse de una situación ya denunciada por las organizaciones de búsqueda de familiares desaparecidos.

La detención y puesta a disposición de un juez de dos policías municipales y un civil que a bordo de una patrulla de la corporación trasladaban a una persona que fue víctima de privación ilegal de la libertad, remarca ese deleznable componente de la violencia que algunos elementos de las instituciones de seguridad pública aportan al ponerse al servicio de la delincuencia y traicionar a los ciudadanos que deben recibir protección y confianza de las fuerzas del orden público.

El caso, que corresponde juzgar a las instancias judiciales, remite a los tiempos donde Sinaloa era considerada tierra sin ley por lo difícil que resultaba identificar la línea divisoria entre los del bando criminal y los grupos policiacos convertidos en servidumbre de la delincuencia. Hoy, en la era de los derechos humanos y la reconstrucción de la función del Estado para cuidar a los ciudadanos resulta inadmisible tolerar estas viejas conductas de complicidad.

Los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal adscritos a la Sindicatura de Tepuche fueron sorprendidos cuando en una patrulla de la corporación circulaban por un camino cercano a la comunidad de Caminaguato, y durante la inspección realizada a la unidad oficial identificaron que de los dos civiles que transportaban uno de ellos fue privado de la libertad días antes.

Ayer el juez calificó de legal la detención y hoy la Agencia Especializada en Desaparición de Personas presentará la acusación y la solicitud de vinculación a proceso. El caso atrae la atención de la opinión pública por tratarse de una situación ya denunciada por las organizaciones de búsqueda de familiares desaparecidos, en la cual los policías abandonan la obligación de la protección ciudadana y se asumen como perpetradores de delitos.

Es el turno de la Fiscalía General del Estado para presentar el paquete de pruebas que vincule a proceso a los policías y al civil en posible comisión de ilícitos, y del Poder Judicial para que solamente la justicia expedita, pronta, completa e imparcial domine por encima de cualquier intento por entorpecer tales principios, cerrándole así los atajos a la impunidad que al final de cuentas es la propulsora de todos los tipos de delincuencia.

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