Una cosa es revisarlo y transparentarlo todo y otra muy distinta arrasar con instituciones y recursos públicos que se necesitan vía fideicomisos para fortalecer actividades esenciales. De las posturas opuestas, la del presidente Andrés Manuel López Obrador que desbarata el organigrama solidario del gobierno sin justificar por qué, y la de la oposición en la Cámara de Diputados que reclama mayor eficiencia en el manejo de la cosa pública, derivan más indicios de fuertes desencuentros.
López Obrador insistió en dar como única aceptable su decisión de cancelar 109 fideicomisos que en conjunto representan 68 mil 478 millones de pesos, acudiendo el mandatario a la excusa de que el manejo de ese recurso público está fuera de control y carecía de transparencia, aunque el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, asegura que el dinero se utilizará para financiar la compra de la vacuna contra el Covid-19.
Lo que se le cuestiona al Gobierno Federal es que afecte áreas que también son fundamentales para el desarrollo con tal de dar respuesta a la emergencia sanitaria, aunque otras opiniones manifiestan que en realidad el presidente necesita más presupuesto para sus proyectos de gran infraestructura como el Tren Maya y la refinería Dos Bocas. ¿Pero qué es prioritario para AMLO y qué es esencial para México?
Los poderes Legislativo y Ejecutivo no tendrían por qué divergir y sí bastantes razones para el consenso al tratarse de asuntos de interés nacional, tales como los fideicomisos de protección contra gastos catastróficos, apoyo a la investigación del Conacyt, para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas y para el deporte de alto rendimiento, entre muchos otros.
El problema es que al mismo tiempo que el país padece muchas crisis a la vez, los políticos anteponen sus diferencias partidistas en la agenda nacional como si contaran con el tiempo y los acuerdos suficientes para la estabilidad, gobernabilidad e impulso a las áreas estratégicas. El Congreso de la Unión, que representa a todos los mexicanos, debería tener la última palabra y funcionar ya como contrapeso real del Ejecutivo federal.
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