Derechos Humanos

Agresión jurídica contra periodistas: la violencia que no se ve

Jorge Luis Sierra dijo que el común denominador es que estas agresiones son por parte de políticos y empresarios, actores con poder económico que atentan contra el derecho de la libertad de expresión.

La agresión jurídica contra periodistas en Sinaloa y en México es una realidad que a diario se acentúa y es urdida y operada por políticos, empresarios y jueces del Poder Judicial, coincidieron investigadores de diferentes organismos nacionales y locales.

Resaltaron que en México no hay registros confiables del número de casos de este tipo de violencia que busca callar las voces críticas y el periodismo de investigación, pero al menos contabilizan 11 de estos, entre los que destacan dos en Sinaloa, tres en Tamaulipas y dos más en Chihuahua.

Una de las agresiones jurídicas contempladas por el presidente del Border Center for Journalists and Bloggers y director del proyecto Border Hub, Jorge Luis Sierra, es la encabezada por el presidente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien demandó por daño moral a la columnista Teresa Guerra Ochoa.

Otro caso es el del ex gobernador de Sinaloa, Francisco Labastida Ochoa, que amagó con demandar al organismo Iniciativa Sinaloa, el periódico Noroeste y Mexicanos contra la Corrupción, por la difusión del trabajo periodístico “Operación desfalco”, que relató el tráfico de influencias entre políticos de la entidad.

“Una demanda civil por daño moral termina en acoso judicial. Es para silenciar, para callar las vocoes críticas que están investigando actos de corrupción. Y es reprochable que los jueces resuelvan de manera corrupta o en complicidad”, dijo Sara Mendiola, presidenta del organismo Propuesta Cívica.

Resaltó que la mayoría de los periodistas demandados son abandonados por los medios de comunicación porque no hay capacidad para enfrentar un proceso judicial que va de 3 a 5 años de duración, en el que el reportero sufre un desgaste económico, afectación sicológica y familiar.

Jorge Luis Sierra dijo que el común denominador es que estas agresiones son por parte de políticos y empresarios, actores con poder económico que atentan contra el derecho de la libertad de expresión.

Aseguró que el periodismo es vulnerable ante este tipo de casos porque el periodista no tiene la capacidad legal para defenderse y además no hay organismos de la sociedad que litiguen en su favor.

Estos comentarios fueron realizados durante la presentación del documento “Demandas judiciales como esquema de intimidación y censura periodística en el combate a la corrupción”, elaborado por Daniel Elizondo de Iniciativa Sinaloa.

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