Justicia

Jueves Negro | Quirino y Fiscalía se deslindan

Las personas y las armas que portaban, algunas de ellas de magnitud como para derribar aeronaves o traspasar blindaje de vehículos oficiales, circularon por la ciudad de forma visible para evitar la detención. Es decir, esas armas ya estaban en Culiacán.

A casi un año del día que grupos armados tomaron Culiacán para evitar la detención de Ovidio Guzmán López, hijo del criminal Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’, las autoridades locales se han deslindado de la investigación, persecución y castigo para evitar una repetición.

“La investigación la tiene la Fiscalía General de la República, particularmente sobre ese hecho”, dijo el Fiscal Juan José Ríos Estavillo en entrevista.

-¿Cuántos delitos se cuantificaron en fuero común?

“Nosotros enviamos un boletín, si quieres te lo hacemos llegar. En su fecha lo emitimos.

-¿Es el que habla sobre que fueron más de 50 robos de vehículos?

“Sí, lesiones… te repito que te pasaremos esa información, todas esas carpetas las tiene la Fiscalía General de la República. Todo se pasó para allá. Ellos son los que tienen esas carpetas”

Ese día las fuerzas estatales detuvieron y luego dejaron en libertad a Ovidio Guzmán López. En un lapso de cuatro horas hubo el robo y quema de vehículos, personas que atestiguaron los enfrentamientos en el sector Tres Ríos, la Zona Cero del evento, han asegurado que vieron a más de 20 personas asesinadas.

La versión de las autoridades es que solo 15 personas perdieron la vida, entre ellos tres personas que no pudieron resguardarse de los disparos. Murieron como víctimas inocentes.

No se conoce sanción oficial por lo sucedido. Tampoco hubo alguna detención contra el grupo criminal. Solo se planteó que ocurrió un operativo fallido para detener al hijo de un delincuente, quien habría, según el gobierno de Estados Unidos, liderado la organización “Cártel de Sinaloa”.

Ese día hubo más de 500 personas armadas en distintos sectores de Culiacán, se hicieron al menos 20 bloqueos y se amenazó con asesinar a familias de militares en el complejo habitacional 21 de marzo.

Las personas y las armas que portaban, algunas de ellas de magnitud como para derribar aeronaves o traspasar blindaje de vehículos oficiales, circularon por la ciudad de forma visible para evitar la detención. Es decir, esas armas ya estaban en Culiacán.

La investigación, según señaló Juan José Ríos Estavillo, Fiscal General de Sinaloa, la tiene la Fiscalía General de la República, por lo que aquí no hay ni habrá sanciones de forma local.

Lo mismo, dijo el Gobernador Quirino Ordaz Coppel, ha ocurrido con los diagnósticos para prevenir situaciones futuras. Todo quedó en manos de las autoridades federales.

“La Fiscalía General de la República es quien atrajo la investigación y han estado en coordinación con la Fiscalía, han estado trabajando mucho en coordinación con la Secretaría (de Seguridad Pública) que es lo que nos toca a nosotros”, expresó.

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