Por Cecilia Farfán Méndez

Después de la extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán, muchos comenzaron a lanzar especulaciones sobre el debilitamiento del grupo delictivo de Sinaloa y su posible desaparición, como si todas las vicisitudes de las operación delictiva dependieran únicamente del destino de un solo hombre. Para algunos, su extradición y posterior juicio penal marcaron el final de una era, representando el ocaso de lo que se había considerado el cártel más poderoso de México. Otros opinaron que representaba el inicio de otra ola de violencia que ocuparía el vacío del poder, ante la ausencia de Guzmán.

Quizás la mayor prueba que podría refutar estas conjeturas consista en los sucesos del 17 de octubre de 2019. El grupo delictivo efectivamente evitó la detención de Ovidio Guzmán y su posible extracción de territorio sinaloense; al lograrlo, reactivaron el debate sobre el poder que aún tenía dicho grupo delictivo, el cual muchos ya habían dado por muerto. Sin embargo, un diálogo sobre el significado de este operativo de alto calibre no puede enfocarse únicamente en cuestiones de potencia de fuego. No podemos permitir que la imagen de una metralleta M2 montada sobre una camioneta oculte otro hecho: dicho operativo desplegó a fuerzas que evidencian la existencia de lealtades y lazos duraderos. Estas fuerzas se movilizaron en un contexto donde muchos perciben a los actores del Estado, y no a los presuntos delincuentes, como los culpables de perpetrar la violencia. Para algunos culiacanenses (como nos menciona Juan Carlos Ayala en esta antología), triunfaron “los buenos” en aquel día.

Paradójicamente, el despliegue también subrayó la necesidad de estudiar el uso estratégico de violencia, de parte de los grupos delictivos. Al mostrar el grado de fuerza que desplegaron el 17 de octubre, la organización de Sinaloa recordó a los no sinaloenses que poseen una gran capacidad de potencia de fuego, y —de mayor importancia— que optan por aplicarla de forma reservada. Tras los sucesos de aquel día, ya no quedaba duda: si bien es cierto que el grupo tiene la capacidad material de causarle daños severos a la población general, opta por ejercer la violencia de manera reservada. Para poder examinar los motivos detrás de tal conducta, habrá que hacer una aclaración conceptual. Al hablar de la organización de Sinaloa, no me refiero a un grupo que existe bajo la autoridad de un solo capo, ni presumo que existe un solo jefe. Además, no pretendo insinuar que la organización es monolítica, ni que sus integrantes siempre actúan a favor de los intereses del grupo. Sin embargo, mi análisis de la organización delictiva de Sinaloa incluye a los altos niveles del grupo, y supone que los incentivos que existen para estos dirigentes no necesariamente están al alcance de los miembros de bajo rango. La actividad delictiva, pues, y la violencia que ésta conlleva, resultan difíciles de categorizar.

FOTO: Héctor Parra.

El mito de la diversificación delictiva obligatoria

Según la forma en que los medios de comunicación representan a los criminales, se propaga el mito de que todas las formas de actividad delictiva son compatibles entre sí y que todos los grupos delictivos querrán diversificar sus operaciones. Esta creencia ha prevalecido de manera particular en México, en cuyo caso se invoca a los cambios en el mercado de las drogas de los EEUU para explicar la diversificación de actividades delictivas. Se alega que la reducción en la demanda de cocaína en los EEUU fue la causa de que los narcos se convirtieron en extorsionistas y secuestradores, al pelear entre sí por quedarse con las utilidades cada vez más limitadas. El discurso “oficial” pretendió explicar la conducta tanto de los grupos de trayecto largo —como el de Sinaloa— y también de organizaciones más nuevos, como los Zetas.

El problema de esta explicación, la cual pretende establecer el mecanismo de causa y efecto, es que supone que les interesa a los grupos delictivos participar en cualquier forma de actividad delictiva —y que pueden hacerlo de manera exitosa— por el simple hecho de ser delincuentes. Las actividades de extorsión y secuestro requieren exhibiciones públicas de violencia para que la amenaza resulte creíble: o pagas la “protección” o te atienes a las consecuencias. Estas no son acciones que se perpetran contra otros delincuentes, sino contra la población general. En contraste, para participar en el tráfico internacional de drogas, se necesita interactuar con otros delincuentes, y la discreción es de suma importancia. La violencia se puede ejercer, pero no es necesario que se haga de manera pública. Las amenazas creíbles no se dirigen a la población general, sino a aquellos que han incumplido sus acuerdos.

El uso selectivo de la violencia no representa un acto de altruismo, sino el resultado de un modelo de negocios que se enfoca principalmente en el narcotráfico. Esto no significa que los grupos delictivos que participan en el narcotráfico jamás realizan otras actividades delictivas que implican la victimización de no delincuentes —más aún, si tomamos en cuenta que los grupos delictivos no son monolíticos, y sus integrantes podrán ser desobedientes—. Aún así, si suponemos que todas las actividades delictivas son compatibles entre sí, y que todos los grupos criminales pueden y desean diversificar sus operaciones, esta suposición nos impedirá comprender la cuestión de cuándo se ejerce la violencia y contra quién. Es especialmente importante esta cuestión, pues, como lo señala Le Cour Grandmaison, los grupos delictivos no evolucionan como formas de oposición formal al Estado, y “logran consolidarse como el espacio político central a pesar, a través y en contra de la violencia”.

La toma sigilosa de la ciudad del 25 de enero

No procede afirmar, con base en el 17 de octubre, que la organización de Sinaloa necesita ejercer la violencia para controlar un espacio público. A tres meses del suceso, otra descendiente de Joaquín Guzmán tomó el control del centro de la ciudad: su hija Alejandrina Gisselle. En esta ocasión, no hubo fusiles de asalto. Su boda en la catedral de la ciudad incluía fotografías de los novios, algunos videos del evento circularon en las redes sociales y salieron artículos al respecto en los principales periódicos nacionales e internacionales. Lo que despertó aún más interés en la boda fue la noticia de que el novio era familiar de un conocido lavador de dinero de la organización de Sinaloa.

La boda se llevó a cabo a unos pocos meses del Jueves Negro, y sirve como buen recordatorio de la forma en que operan los altos integrantes de la organización de Sinaloa en su estado natal. En muchos sentidos, el 17 de octubre fue la anomalía, mientras que el 25 de enero representa la regla. Cerraron las calles del centro; la Iglesia Católica confirmó que se realizó una boda en la Catedral p0ero se negó a entrar en detalles; las fotografías y videos que salieron en las redes sociales no fueron obra de los paparazzi, sino imágenes que compartieron los mismos anfitriones; y los invitados —incluyendo a Ovidio— entraron y salieron sin ser molestados.

Los espectadores entendieron que no había que interrumpir el evento, aunque desconocían la identidad de los novios en un principio. El cierre de las calles transmitió el mensaje necesario. En esta ocasión, la ocupación del espacio público no implicaba el uso de armas automáticas, sino un conjunto de entendimientos mutuos, además de la percepción de que la violencia no se usa de manera indiscriminada, sino como una de varias herramientas que se emplean para consolidar el poder.

Los datos que mantiene la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública anual (ENVIPE) parecen sostener esta interpretación. Según la ENVIPE más reciente, en Sinaloa el 64.6% de la población considera que la vida en su estado es insegura, a comparación con el promedio nacional del 78.9%. Es de mayor trascendencia notar que, mientras que la percepción de inseguridad en el país ha incrementado de manera constante durante la última década (desde que se mantienen datos al respecto), ha bajado en Sinaloa. Los sinaloenses se sienten más seguros en su estado actualmente que en el año 2011 .

El contraste es mayor aún, si consideramos los datos a nivel de municipio y colonia. El 70 y el 50.6 por ciento de los mexicanos perciben inseguridad en sus municipios y colonias, respectivamente, mientras que apenas el 55.8 y el 29.4 por ciento de los sinaloenses sienten lo mismo. Estas cifras no sugieren que la violencia se ha normalizado, sino que hay una coexistencia compleja con ella, con todos los códigos y estrategias de adaptación que señala Iliana Padilla en su contribución a esta antología.

La importancia de percibir la violencia como un fenómeno estratégico 

Los acontecimientos del 17 de octubre resultan reveladores, principalmente por su carácter paradójico: la violencia extrema del Jueves Negro revela la forma medida y selectiva en que se ejerce violencia pública normalmente, además de revelar el silencio que existe entorno a otras formas más invisibles. Al examinar el uso estratégico de la violencia de parte de los grupos delictivos, podremos entender con mayor precisión los diferentes tipos de victimización que enfrentan los ciudadanos mexicanos, además de las diversas estrategias que se elaboran para existir en un contexto de violencia crónica. Por otro lado, nos sirve para desmitificar a los grupos delictivos, y nos permite concebir la diversificación delictiva como un proceso que depende de diversas condiciones, y no como un rumbo que seguirán todos los grupos de manera automática. 

Para ello, no es necesario atribuirles un nivel excesivo de racionalidad a los grupos delictivos, ni suponer que cada decisión que realizan representa un análisis de costo-beneficio claro. No obstante, la evidencia anecdótica indica que el grupo de Sinaloa intentó evitar la distribución de un corrido que glorificaba los sucesos del 17 de octubre. Este hecho sugiere que la organización no solamente busca minimizar su capacidad militar, sino que también entiende el pánico que dichos acontecimientos sembraron entre la población, además de las repercusiones que puede implicar semejante publicidad negativa. Por lo menos en este sentido, parece que coincidieron los intereses de los delincuentes y los de las autoridades. Aunque algunos perciban al 17 de octubre como “el día en que triunfó la organización de Sinaloa”, no podremos extrañarnos si descubrimos que dicho grupo prefiere evitar una repetición del suceso.

*Cecilia Farfán-Méndez es jefa de investigación en programas de seguridad en el Centro de Estudios México-Estados Unidos en la Universidad de California San Diego y co-fundadora de Mexico Violence Resource Project.