Seguridad

El legado de Cienfuegos en Sinaloa

El paso del General, ahora detenido por el Gobierno de Estados Unidos por delitos de crimen organizado, fue de un gasto desmedido y confrontación de grupos criminales.

Compras millonarias del Gobierno del Estado hacia un solo proveedor: la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), 3 mil 200 elementos del Ejército patrullando en las calles de Sinaloa, una “guerra” intestina dentro del grupo criminal ‘Cártel de Sinaloa’ por el poder, una emboscada que mostró las “bestias”. Este es el legado de Salvador Cienfuegos en Sinaloa.

El 3 de enero de 2017 se compartió un comunicado oficial del Gobierno de Quirino Ordaz Coppel, en el que se informó sobre la llegada de los primeros mil 200 elementos militares a la Entidad. Así fue el inicio.

Esos soldados vendrían a reforzar la seguridad, luego de uno de los eventos más agresivos contra el Ejército, una emboscada ocurrida la madrugada del 30 de septiembre de 2016 en la zona norte de Culiacán.

Cinco militares fueron asesinados por un grupo criminal para rescatar a un miembro del Cártel de Sinaloa. La reacción de la Secretaría de la Defensa Nacional fue de ofensiva.

“Durante el traslado, de manera cobarde y ventajosa nuestros soldados fueron emboscados por otro grupo no contabilizado de enfermos, insanos, bestias criminales con armas de alto calibre, incendiando dos vehículos militares, seres sin conciencia, que basan sus acciones en atemorizar a la gente de bien, que lucran envenenando con drogas a nuestros jóvenes y a nuestros niños”, dijo Cienfuegos Zepeda en Culiacán durante el homenaje póstumo de los soldados.

Durante octubre de 2016 siguieron los operativos de la SEDENA y al mismo tiempo hubo distintos enfrentamientos, de los cuales sólo se hizo oficial la cifra de muertos y detenidos, así como la versión de que eran parte de la misma organización criminal relacionados con la emboscada.

Así inició un incremento de violencia en Sinaloa, tras dos años en los que se había reportado una disminución, principalmente sobre casos de asesinatos.

Ese final de año también marcaba el final de un gobierno, el de Mario López Valdez, quien sería relevado por Quirino Ordaz Coppel, quien decidió darle la seguridad del Estado al Ejército.

Cienfuegos Zepeda ofreció al Gobernador una estrategia liderada por militares, pero había condiciones, entre ellas colocar mandos en puestos clave de la seguridad pública.

En enero de 2017 se anunció el nombre de los integrantes del Gabinete y ahí se conoció a Genaro Robles Casillas, un General con más de 40 años de servicio, quien llegó para dirigir la Secretaría de Seguridad Pública.

También se anunció a Cristóbal Castañeda Camarillo, hombre con rango de Teniente Coronel para ocupar la subsecretaría de Seguridad, y Sergio Piñeiro Camacho, otro Teniente Coronel, como subsecretario de Estudios, Proyectos y Desarrollo.

Ellos tres comandaron el plan de la Secretaría de la Defensa Nacional en el Estado, basado en el gasto público para el pago de policías militares, compra de armamento y la construcción de una base militar.

El 3 de enero del 2017 llegó la primera parte de la que fue la Tercera Brigada de Policía Militar, con cerca de mil elementos. Pasaron dos meses y llegaron otros 300 con un espectáculo aéreo y de formación militar en el hangar de la Fuerza Aérea en Culiacán. Un año después ya sumaban 3 mil 200 efectivos.

El Gobierno de Sinaloa se comprometió a proporcionar alimentación, hospedaje, viáticos necesarios y estímulos económicos entre los 3 mil a los 8 mil pesos, según el grado militar.

Es decir, por los 3 mil 200 elementos, el Gobierno de Sinaloa pagó, al menos, 115 millones de pesos anuales.

También se compró armamento y ocho vehículos blindados tipo ‘DN XI’, a través de un convenio de colaboración con la Secretaría de la Defensa por un monto de 36 millones de pesos.

“El señor Gobernador desde el inicio de su administración invirtió en una brigada de policía militar que van a formar parte de la Guardia Nacional, tenemos ya dos años trabajando con la Policía Militar”, dijo Cristóbal Castañeda Camarillo, quien en agosto de 2018 asumió el cargo de Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, tras el despido de Genaro Robles Casillas y la renuncia de otro militar propuesto por Cienfuegos Zepeda, Fermín Hernández Montealegre.

Otra compra hecha por la administración militar fue la de dos aviones no tripulados por un costo de 72 millones 199 mil 580.80 pesos.

Presentación de dron de uso militar en diciembre de 2017. FOTO: Cortesía SSP Sinaloa.

Apenas se hizo la compra a la empresa Hydra Technologies de México y Gobierno del Estado comprometió la operación de los drones al Ejército, con un convenio firmado el 2 de marzo de 2017, en el que se estableció que la Defensa Nacional debía hacerse cargo de la operación de los vehículos.

Las cláusulas indicaron que la tripulación es de cuatro elementos, compuesta por un piloto operador, un operador de sensores, un técnico de mantenimiento de aeronave no tripulada y un técnico en electrónica de aeronave no tripulada.

Esa tripulación fue entrenada por la empresa en cada uno de sus mecanismos.

En el punto B de esas cláusulas que le corresponden al Estado, se indica que los militares estarán a cargo hasta que se capacite a funcionarios estatales.

El convenio por los drones se hizo junto a otros dos convenios que implicaron la construcción de la base militar en El Sauz, en Culiacán, y un centro de operaciones meteorológicas en Mazatlán.

Las dos construcciones fueron pagadas por Gobierno del Estado, pero se entregaron a la SEDENA.

La más cara fue la base militar, por un costo de total de mil 53 millones de pesos, de los cuales 739 millones 750 mil corresponden a recursos del Gobierno de Sinaloa y 313 al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas.

La obra se inauguró el 27 de noviembre de 2018, en una ceremonia en la que participó el ex Presidente Enrique Peña Nieto, el ex Secretario de la Defensa Nacional y el Gobernador de Sinaloa.

Todas esas compras y obras sirvieron para fortalecer al Ejército de Cienfuegos Zepeda, que durante 2017 y 2018 estuvo en medio de una guerra intestina del ‘Cártel de Sinaloa’.

Fue en esos dos años en que los hijos de Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’, Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán, sostuvieron una serie de enfrentamientos por el liderazgo de la organización contra Dámaso López Núñez y su hijo Dámaso López Serrano, de acuerdo a reportes de la Secretaría de Seguridad Pública.

Esa ‘guerra’ terminó con la detención de López Núñez el 2 de mayo de 2017, cuando fue detenido en la Ciudad de México, y la entrega voluntaria de su hijo al gobierno de Estados Unidos un mes después, asegurando sentirse amenazado por la familia Guzmán Loera.

Sin embargo, los enfrentamientos se prolongaron hasta finales de 2018 por el reacomodo de liderazgos y eso provocó al menos 2 mil 600 asesinatos en esos dos años.

En medio estuvieron los 3 mil 200 militares, que pasaron a ser elementos de la Guardia Nacional en enero de 2019 y fueron reasignados a otros estados.

Aquí se quedó la base, prácticamente vacía, pues esta es ocupada solo por 300 soldados y sus familias, los vehículos blindados y los drones a cargo de un grupo de militares que aún permanecen en la Secretaría de Seguridad Pública, bajo el mando del Teniente Coronel Cristóbal Castañeda Camarillo.

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