María Rosa no ha vuelto a Bagrecitos. Era el 25 de junio de 2020 cuando salió de ese pueblo al norte de Culiacán, un día después de una masacre donde fueron asesinadas 16 personas. 

“Pensé que se nos venía la guerra otra vez”, narra sentada, con la mirada al horizonte. Se le ven los párpados cansados por no dejar de pensar en el horror de ese día y de la incomodidad que le significa dormir en casa de familiares porque se resiste a regresar a su pueblo.

“Nos da pena hasta prender el abanico, porque sabemos lo que cuesta eso”, continúa sin ocultar su angustia producto de algo que las autoridades en Sinaloa han catalogado como “una pugna por el control de la organización criminal”, según información a la que se ha tenido acceso a través de un informe del Gabinete de Seguridad sobre el “cártel de Sinaloa”.

Esto que le sucedió a ella, también le pasó a otras 80 familias de la zona norte de Sinaloa, en la sindicatura de Tepuche. Fueron desplazadas por el temor a que se repitiera.

“Esto es atemorizante, es cosa que no se sabe si mañana se va a acabar”, contaba la señora Modesta, una mujer de 62 años que se resistió a salir de Bagrecitos y abandonar su ganado, su casa y sus recuerdos.

Ambas mujeres hablan de la masacre como el acto más criminal presenciado en el pueblo.

“Antes subían y bajaban normal, como no los tratábamos mal no nos hacían nada, ni ellos con uno ni nosotros con ellos”, sigue Modesta, haciendo referencia a los hombres armados que ese 24 de junio asesinaron a los 16 pobladores.

El Gabinete de Seguridad ha señalado que esto es el resultado de la confrontación interna de la organización criminal, catalogada como la principal productora y exportadora de droga ilegal hacia Estados Unidos.

Es una pelea de dos bandos, uno de esos integrado por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’, según las autoridades de seguridad.

Ese informe detalla de forma cronológica distintos eventos para describir el terror, donde se incluye también a policías municipales de Culiacán relacionados con grupos criminales, movilización de decenas de camionetas con hombres armados y el desplazamiento de familias en otros pueblos fuera de la sindicatura de Tepuche.

El temor se apoderó de los habitantes de esos lugares, donde alguna vez se volvió común ver a hombres armados transitar de forma libre porque, al mismo tiempo, se entendía como un discurso aceptado que esas personas no les harían daño.