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Cruje el Pacto Federal: Diez gobernadores en batalla jurídica y política contra AMLO

Sin duda será la población la que pague las consecuencias de la política federal que restringe el flujo de recursos públicos a los estados.

El posicionamiento simultáneo planteado ayer por los diez gobernadores que conforman el bloque llamado Alianza Federalista resume el estado de inconformidad de la mayoría de los mandatarios estatales que en silencio, unos por miedo y otros por diplomacia política, soportan los abusos del centralismo que impactan en las finanzas públicas, en el acceso al bienestar de familias y el desarrollo productivo.

Con la denuncia de que el presidente Andrés Manuel López Obrador es confrontador, no escucha y solamente impone, los gobernadores Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León; Miguel Riquelme, de Coahuila; José Rosas Aispuro, de Durango; Silvano Aureoles, de Michoacán; José Ignacio Peralta, de Colima; Enrique Alfaro, de Jalisco; Martín Orozco, de Aguascalientes; Javier Corral, de Chihuahua y Diego Sinhué Rodríguez, de Guanajuato, se declararon listos para dar la batalla jurídica y política contra el Gobierno Federal.

Exponen que “estamos orgullosos de ser mexicanos y lo seremos siempre, pero ningún estado libre y soberano con un mínimo de dignidad puede seguir siendo parte de una Federación cuando el Gobierno de la República nos ataca, insulta y nos quita lo que nos pertenece”. ““Manifestamos nuestra firme posición de rechazo ante las arbitrarias decisiones del gobierno de México que atentan contra los principios del federalismo y el equilibro de los poderes que sustentan el Estado mexicano”.

A pesar de que algunos gobernadores todavía se mantienen al margen de esta exigencia, como es el caso de Quirino Ordaz Coppel en Sinaloa, a todas las entidades del país les están afectando las medidas autoritarias que ordena López Obrador tales como el recorte presupuestal a los estados en el presupuesto federal de 2021, la desaparición de fideicomisos, las erráticas acciones relacionadas con la pandemia de coronavirus y el retiro de apoyos fiscales a empresas.

Sin duda será la población la que pague las consecuencias de la política federal que restringe el flujo de recursos públicos a los estados, al repercutir en el empleo, infraestructura urbana moderna y programas sociales de mejor y más salud, educación, cultura y deporte. A la semi parálisis que enfrenta México por la prolongada emergencia sanitaria se le pueden agregar otras complicaciones en caso de que el pacto federal sea echado al cesto de la basura porque el presidente prosigue atacando, descalificando y desechando todo pensamiento distinto al suyo.

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