Derechos Humanos

Casi 10 mil personas no volverán jamás a sus casas en Sinaloa; el narco las desplazó

Dejaron sus pueblos: San José de Los Hornos, Ocurahui, Sierrita de Germán, Metatitos, Los Quintero, El Hornito, La Ciruela, Arroyo Seco, Batamote, Casas Grandes, El Laurelito, El Limón, El Limón de Los García, El Palmar de los Sepúlveda, El Pilar, El Zapotillo, La Cantera, La Chirimoya, Ciénega de Parra, Joya de Los Martínez, La mesa, La mesa del Bejuco, Las mesas, Las Tapias, Los Alamitos, Los Chapotes, Los Cocos, Los Laureles, Los Naranjos, Los Quintero, Mesas de los Parra, Metatitos, Tarahumares, Terrero de los Acosta, Tescalama, Tierra Nueva y Zapotes de los Barraza.

Esta es la tercera vez que Esperanza Hernández Lugo cambia de casa en Guamúchil. La primera vez fue por amenazas, la segunda porque su arrendador le pidió dejarla. Ahora vive en un lugar con patio grande, como le gusta, con árboles, techos altos, paredes frías, puertas anchas donde se pasea el viento, aunque nada nunca será como en Ocurahui, Sinaloa de Leyva, de donde tuvo que huir en 2012.

Apenas tomó lo necesario, lo que le alcanzó con sus manos, despertó a sus hijos y nueras, se fue de ese pueblo en medio de balaceras en medio de la sierra, cuando grupos criminales la amenazaron a ella y a todo el pueblo. Tenían que desplazarse o morir.

“Tuve que dejar lo bonito de la sierra”, dice mientras describe el horizonte visto desde su ventana: montañas, cerros y colinas reverdecidas por las lluvias, las nubes tocando los techos de las casas y los caminos de tierra poblados únicamente por las flores silvestres.

Esperanza no huyó sola, fueron mil 475 personas del municipio de Sinaloa que se desplazaron en 2012.

Esperanza Hernández Lugo es una defensora de derechos humanos que fue desplazada de su pueblo, en el municipio de Sinaloa.

Dejaron sus pueblos: San José de Los Hornos, Ocurahui, Sierrita de Germán, Metatitos, Los Quintero, El Hornito, La Ciruela, Arroyo Seco, Batamote, Casas Grandes, El Laurelito, El Limón, El Limón de Los García, El Palmar de los Sepúlveda, El Pilar, El Zapotillo, La Cantera, La Chirimoya, Ciénega de Parra, Joya de  Los Martínez, La mesa, La mesa del Bejuco, Las mesas, Las Tapias, Los Alamitos, Los Chapotes, Los Cocos, Los Laureles, Los Naranjos, Los Quintero, Mesas de los Parra, Metatitos, Tarahumares, Terrero de los Acosta, Tescalama, Tierra Nueva y Zapotes de los Barraza.

Las mil 475 personas se refugiaron en Ahome, Badiraguato, Navolato, Sinaloa municipio, Culiacán y Guasave en Sinaloa, así como en Hermosillo, Nogales, Santa Ana, Altar y Cananea, municipios de Sonora. También en Mexicali, Baja California, y La Paz, Baja California Sur.

Salieron aterrorizadas por grupos criminales que cometieron crímenes atroces para quedarse con el territorio, donde producen y trafican, hasta este 2020, drogas ilegales.

Hay casas en pueblos que están abandonadas desde 2012

La violencia marcó ese terreno como sucedió también en Choix, donde hubo otras 563 personas desplazadas, quienes dejaron Cajón de Cancio, El Corral Quemado, Mezquite, Mezquite Caído, El Muerto, El Oro, El Palmarito, Puerto e la Judía, Ranchito de Islas, Real Blanco, Reparito, Saucillo, Saucito, El Trigo, Huepaco, Huillachapa, Cieneguita de Núñez, La Culebra, Ladrillera, Tasajera, Colmenas, Las Juntas, Las Taunitas, Los Molinos, Tacopaco, Tadaran, Techobampo de los Paredes y Tardancito.

Estas personas se refugiaron en la cabecera municipal de Choix, El Fuerte, Ahome, y Guasave en Sinaloa, así como en Chihuahua, Chihuahua.

Las personas desplazadas se han refugiado en las cabeceras municipales de los 18 municipios de Sinaloa.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó que había otras 4 mil 714 personas más que habían sido desplazadas de los municipios de Ahome, Badiraguato, Cosalá, Mazatlán, San Ignacio, Concordia y Culiacán, según informes del gobierno de Sinaloa, pero ninguna de ellas había sido ubicada en otros lugares.

Solo en 2012 hubo más de 6 mil personas que se desplazaron por hechos violentos.

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Ocho años después, esas más de 6 mil personas siguen sin regresar y hay al menos 28 pueblos totalmente deshabitados. En tres de ellos hubo también la quema de viviendas.

El gobierno de Sinaloa y los municipios donde ocurrieron esos crímenes reconocieron el problema, pero solo en Sinaloa de Leyva se construyeron viviendas. En total fueron 136, pero la CNDH dijo que no se entregó evidencia para corroborarlo.

A cinco años de esas construcciones se conoció que la mayoría de las casas fueron entregadas a personas que no eran desplazadas y que tienen en abandono esos lugares.

En Sinaloa de Leyva hay casas que fueron construidas para personas desplazadas, pero se entregaron a otras personas, quienes las dejaron abandonadas.

Sin embargo, estos son los únicos casos reconocidos por los gobiernos municipales y el estatal en 2012.

Hubo más ataques y más personas desplazadas entre 2013 y 2016. Aunque no se hizo censo alguno hay organizaciones como la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, así como la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa han establecido que hubo al menos 34 mil personas que abandonaron sus pueblos.

Hubo quienes se refugiaron con familiares en otros municipios, principalmente Culiacán, Mazatlán y Ahome, pero hubo otros que quedaron a merced de la supervivencia.

Cambiaron aquellos parajes llenos de vida a vivir en el desamparo a cambio de paz. Al menos ahora no llegarán personas armadas para amenazarlas o quemarles sus nuevas casas de lámina y cartón.

Los gobernantes inertes, simples observadores.

En 2017 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación en la que urgió la protección inmediata de las personas desplazadas, la creación de viviendas y un censo que inició dos años después, en 2019.

Ricardo Madrid Pérez, Secretario de Desarrollo Social de Sinaloa, está a cargo de ese censo, al cual declaró atemporal, asegurando que es la única forma de asegurarse que se seguirá contabilizando personas en otros momentos de violencia, como sucedió este 2020.

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El 25 de junio de 2020 María Rosa dejó Bagrecitos, un pueblo al norte de Culiacán, un día después de la masacre donde fueron asesinadas 16 personas.

“Pensé que se nos venía la guerra otra vez”, narró sentada, con la mirada al horizonte. Se le ven los párpados cansados por no dejar de pensar en el horror de ese día y de la incomodidad que le significa dormir en casa de familiares porque se resiste a regresar a su pueblo.

“Nos da pena hasta prender el abanico, porque sabemos lo que cuesta eso”, continúa sin ocultar su angustia producto de algo que las autoridades en Sinaloa han catalogado como “una pugna por el control de la organización criminal”, según información a la que se ha tenido acceso a través de un informe del Gabinete de Seguridad sobre el “cártel de Sinaloa”.

Esto que le sucedió a ella, también le pasó a otras 270 personas de la zona norte de Sinaloa, en la sindicatura de Tepuche. Fueron desplazadas por el temor a que se repitiera.

“Esto es atemorizante, es cosa que no se sabe si mañana se va a acabar”, contaba la señora Modesta, una mujer de 62 años que se resistió a salir de Bagrecitos y abandonar su ganado, su casa y sus recuerdos.

Ambas mujeres hablan de la masacre como el acto más criminal presenciado en el pueblo.

“Antes subían y bajaban normal, como no los tratábamos mal no nos hacían nada, ni ellos con uno ni nosotros con ellos”, sigue Modesta, haciendo referencia a los hombres armados que ese 24 de junio asesinaron a los 16 pobladores.

Las personas desplazadas de Tepuche son el último registro de desplazamiento forzado por violencia.

El Gabinete de Seguridad ha señalado que esto es el resultado de la confrontación interna de la organización criminal, catalogada como la principal productora y exportadora de droga ilegal hacia Estados Unidos.

Es una pelea de dos bandos, uno de esos integrado por los hijos del criminal Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’, según las autoridades de seguridad.

Ese informe detalla de forma cronológica distintos eventos para describir el terror, donde se incluye también a policías municipales de Culiacán relacionados con grupos criminales, movilización de decenas de camionetas con hombres armados y el desplazamiento de familias en otros pueblos fuera de la sindicatura de Tepuche.

El temor se apoderó de los habitantes de esos lugares, donde alguna vez se volvió común ver a hombres armados transitar de forma libre porque, al mismo tiempo, se entendía como un discurso aceptado que esas personas no les harían daño.

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La Secretaría de Desarrollo Social tiene un censo atemporal para seguir registrando personas desplazadas.

El censo de la Secretaría de Desarrollo Social es atemporal para seguir registrando personas por más hechos violentos, de esa forma se han registrado a casi 10 mil personas desplazadas que habitan en 15 municipios de Sinaloa y en lugares fuera de Sinaloa.

El Secretario Madrid Pérez explicó que el censo sirve para identificar las necesidades urgentes de las personas, como la compra de terrenos para viviendas.

MunicipioNúmero de familias censadas
Culiacán932
Mazatlán601
Choix210
Sinaloa174
Guasave126
Concordia97
Salvador Alvarado124
Ahome46
Badiraguato81
El Fuerte27
Navolato10
Mocorito12
Elota5
Angostura8
El Rosario5
Cosalá4
Lugares diversos ( fuera del estado)17
Asentamiento desconocido22
TOTAL2,501 familias
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social

Con este censo se identificó la necesidad de la compra de terrenos por el gobierno, que ha gastado 38 millones.

“Tenemos terreno en Choix, en Guasave, Salvador Alvarado, Mazatlán y estamos por cerrar en Culiacán”, dijo Madrid Pérez.

Esos terrenos son para tener 100 lotes disponibles en Choix, 100 lotes en Guasave, 66 lotes en Salvador Alvarado y 250 lotes en Mazatlán donde se construirán casas.

Además, se hará lo mismo para Culiacán y luego en Concordia y Villa Unión, un pueblo al sur de Mazatlán.

Esas casi 10 mil personas no volverán a sus pueblos ni a sus casas, lo único que les queda es aceptar esos lotes para construir nuevos hogares en lugares a donde están forzados a vivir para no ser asesinadas.

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