‘Me sorprende la solicitud’ | Jueza rechaza intento de perdón a implicado en caso Administración y Finanzas

José Carlos López Ramírez, ex titular de la caja general de la Secretaría de Administración y Finanzas en la Administración de Mario López Valdez, fue exhibido de nueva cuenta ante tribunales, luego de que se le negó una solicitud para retirarle el delito de Desempeño Irregular de la Función Pública.

Sus abogados presentaron un escrito, en el que describieron un dictamen de la Auditoría Superior del Estado, cuyo contenido establece que después de un análisis se concluyó que López Ramírez no participó en el desvío de fondos federales para pagar otras cuentas del gobierno del Estado.

Sus abogados pensaron que eso sería suficiente para librar esta audiencia de cara a un juicio oral, pero la jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada no lo creyó así y rechazó tal solicitud, pese a que el fiscal Librado Romero Martínez, de la Fiscalía Anticorrupción, aceptaba el argumento de los abogados.

López Ramírez está acusado de los delitos de Ejercicio Irregular del Servicio Público y Desempeño Irregular de la Función Pública, después de comprobarse que en el segundo semestre de 2016 habría participado en el desvío de 260 millones de pesos al Gobierno del Estado.

En este caso no está solo, el ex titular de Caja General comparte la acusación con Ernesto Herrera Félix, ex director de Tesorería, y Armando Villarreal Ibarra, ex Secretario de Administración y Finanzas

La jueza decidió no aceptar la solicitud después de exponer su desconfianza al dictamen de la Auditoría.

Para Quiñónez Estrada resulta extraño que en 2017 el organismo del Poder Legislativo denunció con pruebas sobre desvíos y hoyos financieros en las arcas estatales durante la Administración de Mario López Valdez, pero tres años después se desdice de lo mismo.

A eso la jueza agregó que aunque ahora la Auditoría se retractó de un posible daño a la hacienda pública, no sucede así con el hecho de que se desvió dinero de orden federal de partidas específicas hacia otras cuentas de Gobierno del Estado para cumplir con el pago de empleados.

“Me sorprende un poco la solicitud”, dijo la jueza.

La jueza volteó hacia Librado Romero Martínez, de la Fiscalía Anticorrupción y le preguntó si estaba consciente de la solicitud que estaba aceptando.

Al fiscal no le pareció que la jueza le refiriera que él avalaba la solicitud, que también aceptó de forma pública Jesús Navarro Aispuro, director de Asuntos Jurídicos de Gobierno del Estado, y comenzó una discusión con ella.

Romero Martínez negó al menos cuatro veces estar aceptando la solicitud de perdón, si no que daba razón a lo establecido en el dictamen.

La jueza le explicó el mismo número de veces que estaba desistiéndose de la acusación, pero el fiscal se resistió a aceptarlo.

“Me siento confundida”, dijo la jueza.

“No, usted me quiere confundir”, respondió el fiscal.

“Es que todo lo que usted dice es un juego de palabras”, le replicó Quiñónez Estrada.

“Usted me quiere confundir”, sostuvo Romero Martínez.

La jueza resolvió negar la solicitud y después otro reclamo, el del abogado Carlos Enrique Olguín Álvarez, defensor de José Carlos Ramírez, quien aseguraba que la jueza estaba desestimando un nuevo dictamen de la Auditoría Superior del Estado.

La jueza le explicó que lo que se resolvía con ese documento era el resarcimiento del daño, más no el método usado, es decir, el desvío de dinero.

Olguín Álvarez, alterado, rechazó los argumentos de la jueza y le advirtió que llevará el caso ante un tribunal federal.

La jueza le reconoció el derecho de impugnar ante otra autoridad, pero que el caso se mantenía y ahora con una nueva fecha, el 1 de diciembre, en una audiencia donde también estarán los otros implicados en el caso, quienes buscan el retiro del mismo delito con el mismo dictamen rechazado por ella.