Tema de la semana

Tema de la semana | Perdonar la corrupción significa traicionar a los sinaloenses

La procuración y la impartición de justicia transitan en Sinaloa por vías distintas en materia de combate a la corrupción.

La primera le apuesta al perdón mediante la acción resarcitoria que reduce al mínimo o borra por completo los montos de las finanzas públicas supuestamente afectadas, y el sistema de aplicación de la ley se coloca al lado de la sanción jurídica, sean cual sean los arreglos entre los acusados de cometer los delitos, los fiscales y el gobierno como afectado.

Durante la semana que termina volvió a ventilarse en los tribunales lo referente a daños al erario sinaloense, con dos asuntos claves: uno es la denuncia contra la Secretaría de Administración y Finanzas y Armando Villareal Ibarra, quien fuera titular de la dependencia durante el sexenio de Mario López Valdez, y el otro es la carpeta de investigación por la compra de colchones defectuosos que fueron entregados a damnificados por las lluvias en septiembre de 2018.

Quedó lejos el discurso inaugural del gobierno de Quirino Ordaz Coppel, quien al asumir el cargo el 31 de diciembre de 2016 ofreció combatir con todo la corrupción derivada del sexenio malovista, palabra que no ha cumplido ya que los indiciados evaden la acción judicial mediante maniobras que molestan a la población. El elemento más emblemático de la impunidad tiene que ver con que continúa abierto el juicio contra Ernesto Echeverría Aispuro, ex secretario de Salud, porque a éste se le permitió pagar la mitad y en abonos de un monto manejado con irregularidades, pero hay otras cuentas y causas penales en su contra que siguen vigentes.

A esto hay que agregarle que el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa se echó a dormir sobre sus laureles y la Auditoría Superior del Estado está dedicada más a defender su permanencia autónoma que a indagar los malos manejos administrativos y financieros. Mientras tanto en lugar de ganar eficiencia se complican los mecanismos de vigilancia a la aplicación de los recursos públicos.

El 12 de noviembre, los abogados de José Carlos López Ramírez, quien fuera el titular de Caja General de la Secretaría de Administración y Finanzas en la administración de Malova, presentaron ante la juez del caso un escrito en el que describen un dictamen de la Auditoría Superior del Estado, cuyo contenido establece que después de un análisis se concluyó que dicho funcionario siempre no participó en el desvío de fondos federales hacia otras cuentas del Gobierno del Estado.

De esta manera, más de dichos que de evidencias, se pretendió conseguir el perdón para López Ramírez que es acusado de los delitos de ejercicio irregular del servicio público y desempeño irregular de la función pública, pues la Fiscalía comprobó que en el segundo semestre de 2016 habría participado en el desvío de 260 millones de pesos.

“Me sorprende esa solicitud”, respondió la juez al exponer la desconfianza que le genera el hecho de que en 2017 la ASE denunció con pruebas los desvíos y hoyos financieros en las arcas estatales durante la administración malovista y tres años después se desdice de la acusación.

La misma estrategia se volverá a presentar el 1 de diciembre, esta vez para beneficiar a Armando Villarreal. Se usará el mismo documento que envió la ASE con carácter de urgente, dirigido a la Fiscalía Anticorrupción de Sinaloa, informando que no subsisten elementos para fincar responsabilidad al ex secretario de Administración y Finanzas sobre uno de los dos delitos por los que está en el banquillo, el de desempeño irregular de la función pública. Que le quiten ese delito le permitirá evitar la cárcel y tener como único castigo una palmada en la espalda.

Y en el otro caso pendiente, bautizado por los sinaloenses como “colchongate”, el 9 de noviembre inició el juicio contra Carlos Baltazar Castro Olivas, ex coordinador administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social estatal, a quien se le atribuye la responsabilidad de comprar 2 mil colchones defectuosos por 2.9 millones de pesos en septiembre de 2018. La propuesta del Gobierno de Sinaloa, avalada por el gobernador Quirino Ordaz según la defensa del acusado, es que se le perdonen lo delitos de peculado y negociaciones ilícitas.

En este contexto salta la necesidad de que en Sinaloa la Fiscalía General y el Poder Judicial vinculen sus actuaciones y las ajusten al marco legal. Si el Ministerio Público va a los tribunales sin elementos de probanza y finca sus alegatos en acuerdos extrajudiciales, lo que hace es obstaculizar que el estado de derecho opere para que la justicia se imparta pronta, expedita y ecuánime.

A los que traicionaron la confianza de la sociedad y al amparo de los cargos en el gobierno se apropiaron del patrimonio público les corresponde la sanción establecida por el marco legal, sin que la intromisión de otro poder obstruya la labor judicial. Combatir la corrupción requiere la aplicación firme de la ley porque proporcionarle impunidad contribuye a solapar y multiplicar los ilícitos. Y eso constituye traición a los sinaloenses.

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