Corrupción

“Si no pueden, o no quieren, renuncien”, demandan organizaciones al CPC

Organizaciones y ciudadanos afirmaron que Sinaloa “necesita un CPC valiente y dispuesto a trabajar por el bien de la ciudadanía”.

Enrique Hubbard Urrea. FOTO: Sinaloenses Ejemplares.

Enrique Hubbard Urrea. FOTO: Sinaloenses Ejemplares.

Organizaciones civiles y activistas se pronunciaron contra el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa (CPC), luego de que promovió un amparo por la reforma a la Ley de Obras Públicas.

“Si no pueden, o no quieren, renuncien”, se lee en un pronunciamiento firmado por el Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses AC, Consejo Ciudadano de Vigilancia y Transparencia de Ahome, Coparmex Sinaloa, Iniciativa Sinaloa, Observatorio Ciudadano de Mazatlán y Sabuesos Guerreras.

Como particulares se sumaron los ciudadanos Evangelina Arellano Machuca, Efraín Arreola Rodríguez, José C Serrano, Gustavo Enrique Rojo Navarro, María Isabel Cruz Bernal, Marlene León Fontes y Silber Meza.

El amparo se promovió, de acuerdo con el CPC, porque en la última reforma, publicada apenas el 7 de septiembre, se incluyó un apartado sobre elección de tres ciudadanos para cada uno de los comités de obras públicas del Estado y los 18 municipios.

Esa elección deberá hacerla el CPC, situación que el organismo percibe como inconstitucional y lo llevó ante ante el juzgado segundo de distrito para que el Poder Judicial de la Federación.

“En el anotado contexto, se solicita el amparo y la protección de la justicia federal, para el efecto de que se declare la inconstitucionalidad de la norma en sus porciones ya precisadas, y como consecuencia de ello, se excluya al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa del proceso de designación que se indica en los preceptos tildados de inconstitucionales en esta demanda (artículos 35, fracción VI, párrafo segundo; 36, fracción VI, párrafo segundo; 37, fracción VI, párrafo segundo; 40, fracción IX, inciso D, párrafos segundo y tercero; Cuarto Transitorio, párrafos segundo tercero y cuarto; de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa)” , se lee en el amparo.

Esta solicitud de amparo va implícito que el Poder Judicial de la Federación sea el que decida la constitucionalidad de la reforma, la cual incluyó al Congreso del Estado y al Gobierno de Sinaloa.

Al Congreso por admitir y realizar cambios legislativos con posible inconstitucionalidad, mientras que al Poder Ejecutivo por no observarlos en los plazos constitucionales, es decir, en ocho días hábiles después de la aprobación.

El juzgado dio una suspensión para analizar, en la que no se deberá parar la obra pública, sino que solo tendrá limitar la creación de los comités de obra.

Las organizaciones de la sociedad civil que se pronunciaron en contra dijeron leer “con preocupación que el Comité de Participación Ciudadana (CPC) ha decidido recurrir al amparo para no acatar las disposiciones que establece la nueva Ley de Obras Públicas de Sinaloa”.

Luego, estas organizaciones y ciudadanos firmantes señalaron también que el CPC no ha logrado ser el vínculo esperado.

“Mucho menos el representante de la sociedad ante el Sistema Anticorrupción de Sinaloa”, se aseveró.

Luego, lanzaron la propuesta de su renuncia.

“Ante su decisión de ampararse para no realizar las obligaciones con visión anticorrupción que establece la nueva ley de Obra Pública solo nos queda pedirles que si no pueden, o no quieren realizar su encomienda, renuncien”.

Cada integrante del CPC recibe un sueldo de 75 mil pesos mensuales, cantidad que consideramos suficiente para que impulsen sus nuevas encomiendas”.

Las organizaciones y ciudadanos afirmaron que Sinaloa “necesita un CPC valiente y dispuesto a trabajar por el bien de la ciudadanía”.

Estas organizaciones participaron en la propuesta de las cinco iniciativas desde la Sociedad Civil, organizaciones empresariales y partidos políticos para reformar la Ley de Obras Públicas.

Estas mismas participaron en los debates de los 17 foros abiertos con funcionarios de Gobierno del Estado, el Congreso e integrantes del CPC.

El 9 de junio se aprobó por unanimidad en el Congreso del Estado y el 7 de septiembre se publicó en el Periódico Oficial.

Comentarios

Reflexiones

Ver todas

Especiales

Ver todas