Derechos Humanos

Tema de la semana | CEDH: El lento camino del desarrollo institucional

¿A qué tipo de Comisión Estatal de Derechos Humanos debe aspirar Sinaloa? ¿Cuál ha sido el papel de cada comisionado en el desarrollo de esta? ¿Siquiera tenemos claro que es lo que esperamos de la CEDH?

Dibujo: Christopher Wren / Catedral de San Pablo.

Dibujo: Christopher Wren / Catedral de San Pablo.

Caso de polémica o simple trámite burocrático, la reelección de José Carlos Álvarez Ortega como presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Sinaloa (CEDH) es un hecho que merece la pena repasar si queremos comprender los retos a los que se enfrentan las instituciones para, en última instancia, entender cómo la sociedad puede impulsar el desarrollo de un organismo que aún es joven y requiere del impulso bienintencionado de autoridades y sociedad civil.

Con apenas 30 años de existencia, han sido cuatro las personas que han liderado la defensa de los derechos humanos en Sinaloa. Jaime Cinco Soto, Óscar Loza Ochoa, Juan José Ríos Estavillo y José Carlos Álvarez Ortega (recientemente reelegido) han tenido en sus manos el poder para guiar a la CEDH Sinaloa, pero al mismo tiempo también los retos que supone empujar una institución cuyo objeto es el vigilar que autoridades y servidores públicos no incurran en violaciones a los derechos humanos.

Previo y durante su reelección, legisladores expusieron como durante el presente año Álvarez Ortega ha publicado apenas 3 recomendaciones, por lo que, cotejando con el presupuesto aprobado, cada una de estas habría costado 10 millones de pesos.

La aritmética es simple y no deja lugar a dudas, pero en un análisis cualitativo también se tendrían que poner sobre la balanza diversas situaciones que terminan por afectar la vida institucional de esta comisión.

La primera (lo viene diciendo desde hace años Jaime Cinco Soto) es el tema del presupuesto a las instituciones, pues al igual que otras como la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la CEDH padece el constante regateo en la entrega del presupuesto público aprobado para realizar su labor, mientras que desde el tercer piso del Palacio de Gobierno se da luz verde a un gasto desproporcionado para impulsar la imagen de la administración pública incluso más allá de las fronteras estatales. Esto, de inicio, es ya un condicionante externo que mantiene a estos aparatos bajo un nivel de parálisis que limita su desarrollo como institución.

Otro reto tiene más que ver con las expectativas sociales respecto a estos organismos. Como ejemplo, la toma del edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la ciudad de México es un hecho significativo en la medida en que muestra, de una manera cruda, lo rota que está la relación entre la ciudadanía y las instituciones, y las falsas expectativas que se crean en torno a estas.

En su marco de actuación, las comisiones de defensa a los derechos humanos tienen la tarea de resolver las quejas presentadas por ciudadanos, y lo pueden hacer no solo con recomendaciones, sino además desestimando la ocurrencia de violaciones a los DH o, en el mejor de los casos, realizando un proceso de conciliación y reparación del daño. Además de dar a conocer este marco de actuación, otro reclamo respecto al trabajo de la comisión es la opinión de que la actuación de Álvarez Ortega ha sido gris y que este no ha mostrado un compromiso real con las víctimas.

Un ejemplo claro es como a pesar de haber desestimado múltiples recomendaciones de la CEDH, el Fiscal General del Estado Juan José Ríos Estavillo (quién además precedió a Álvarez Ortega frente a la CEDH), nunca se ha presentado ante el Congreso del Estado para explicar los motivos de esta desestimación sistemática de las recomendaciones. Y lo que es más, según la Ley quién está obligado a reclamar esta explicación es el mismo Álvarez Ortega. Como dice el dicho, ‘Dios los hace…

Un tercer asunto, no debemos dejar de ver que en su esquema de designación el cargo de presidente comisionado de la CEDH aún está supeditado a los ánimos y coyunturas políticas, lo que refuerza la valoración de que, al igual que con otros organismos como la Auditoria Superior del Estado, el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa o el Tribunal de Justicia Administrativa, entre otros, responden primero a intereses políticos, y después a la ciudadanía.

Por ultimo, cabe destacar algunas reflexiones en torno al desarrollo institucional que indican que “las transformaciones de las instituciones no son válidas cuando son obligatoriedades externas, en donde las instituciones no se piensan ni se autorregulan, y por consiguiente no aprenden”; así como el que “para generar transformaciones y desarrollo institucional es necesario establecer mecanismos autopoíeticos que permitan entender la configuración de la sociedad como sistema”.

Así, en su ensayo, El Desarrollo Institucional. ¿Cuestión externa o de autopoíesis?, la académica de la UPN, Carolina Cárdenas Roa, concluye que:

  • Para cambios y trasformaciones institucionales y lograr desarrollos importantes, es necesario entender la institución como sociedad.
  • Los mecanismos externos que obligan la regulación de las instituciones deberían comprendan la naturaleza de las mismas y permitir un proceso de autorregulación que garantice comprensiones colectivas y cambios fundamentales que generen sentido colectivo.
  • Y por último, se deben desarrollar mecanismos colegiados en donde los actores del sistema construyan significados que permitan la construcción del sentido.

¿Hemos siquiera reflexionado en torno a estas cuestiones respecto a la CEDH y otros organismos autónomos en Sinaloa?

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