Corrupción

El caso del ex secretario Villarreal apunta al perdón de la Fiscalía

El caso dejaría de ser grave en lo penal y la defensa de los acusados podría solicitar el perdón total a cambio de una disculpa pública.

En 2016 se hicieron 112 transferencias bancarias de fondos federales a cuatro cuentas del gobierno de Sinaloa, un desvío por más de 290 millones de pesos, un caso que se desveló en febrero de 2017 por la Auditoría Superior del Estado. A su vez ordenó una auditoría especial, la 007/2017 y luego, en 2018, presentó denuncias por dos delitos, desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público en contra del ex secretario de Administración y Finanzas Armando Villarreal Ibarra y dos colaboradores más.

Dos años después, la Fiscalía apunta a perdonarlo.

Villarreal Ibarra fue secretario con Mario López Valdez, un gobernador cuestionado por tener cuentas pendientes ante la Auditoría Superior de la Federación y tribunales administrativos y penales.

En la auditoría 007/2017 se descubrió que el gran encargado de mantener las finanzas estatales desvió dinero desde cuentas federales con fines específicos hacia otras cuatro cuentas, todas estatales y con función de ser pagadoras a los burócratas durante el segundo semestre de 2016, el último periodo de esa administración.

La Fiscalía comenzó la indagatoria y solicitó una orden de aprehensión en agosto de 2018 contra él y otros dos funcionarios, Ernesto Herrera Félix y José Carlos López Ramírez, el director de Tesorería y el encargado de la caja general del gobierno.

Pasó más de medio año y la Fiscalía Anticorrupción no hizo válidas esas órdenes de aprehensión, hasta que se hizo público por notas de prensa.

Los tres ex funcionarios se presentaron ante un juez y comenzó el proceso penal. Al principio fueron señalamientos duros desde la Fiscalía y el gobierno del Estado convertido en la víctima junto a la sociedad sinaloense, pero eso cambió con el paso de los meses.

Los ex funcionarios presentaron una propuesta de perdón, en la que se incluyó el pago de 2 millones de pesos y una disculpa pública, asegurando que el dinero siempre se usó para fines necesarios del estado y que eso no causó daño al erario.

El gobernador Quirino Ordaz Coppel aceptó la propuesta y ordenó a su apoderado legal, César Figeroa, que declarara su anuencia.

El caso ya estaba cerrado, pero ese acuerdo no se aceptó por la jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada.

“No me parece moral autorizarlo”, dijo la jueza el 29 de enero de 2020.

“Para mí estos delitos son inéditos. Tengo 25 años en la labor judicial y no me había tocado uno así. Si ya habían sucedido otros casos y habían pasado con esos acuerdos, considero que no está bien. No se puede tratar millones como si fueran centavos”.

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Los abogados de los ex funcionarios impugnaron la decisión y ganaron, pero se tuvo que reiniciar todo el curso.

El tiempo fue el necesario para que Villarreal Ibarra consiguiera un dictamen nuevo para tratar de exculparse.

“No hay daño económico”, señala la Secretaría de Transparencia de Quirino

Villarreal dijo estar seguro que no hizo ningún daño a la Hacienda Pública de Sinaloa y después de tres años de una auditoría que ya había sido terminada, la Secretaría de Transparencia del gobierno de Quirino Ordaz Coppel le dio la razón.

Si bien es cierto, no fue posible efectuar en su totalidad la integración del destino de esos recursos, también lo es, que sí fue posible realizar una revisión aleatoria de las Autorizaciones de Pago anexas, y a través de los reportes emitidos por la “Base de Datos: Relación 1,252 Movimientos”, se obtuvo que en relación a la interacción de las cuentas bancarias que integran el “ecosistema de cuentas”, se advirtió razonablemente que el recurso en mención fue destinado en partidas cuyo objeto fue el. de cubrir obligaciones propias del Estado”, señaló la Secretaría en un nuevo dictamen del cual ESPEJO tiene copia.

Con ese documento, Villarreal y sus ex colaboradores celebraron una victoria administrativa. Así lo llevaron ante la Auditoría, donde lo aceptaron y elaboraron otro documento como Procedimiento para el Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones Resarcitorias, este tiene el folio PFISR.063/2019.

Ahora los ex funcionarios ya han ganado dos etapas para evadir pagos por más de 260 millones de pesos que les faltaban comprobar, debido a que la Secretaría de Transparencia aseguró que no ha habido un daño al dinero público.

La Auditoría fija su postura: Sí hay desvío y persiste en su denuncia penal

Los dos documentos forman parte de la defensa de Villarreal y sus ex colaboradores. Con ellos buscan quitarse delitos encima y la Fiscalía Anticorrupción ya avisó en una audiencia previa, en contra de José Carlos López Ramírez, que así sucederá.

De esa forma el caso dejaría de ser grave en lo penal y la defensa de los acusados podría solicitar el perdón total a cambio de una disculpa pública.

Sin embargo, la acusación sigue firme, de acuerdo con la Auditora General Emma Guadalupe Félix Rivera.

“Los presuntos responsables revelaron un documento, un dictamen, que revela el destino de los 260 millones de pesos, es decir, refleja la aplicación de esos 260 millones de pesos para fines propios del Estado, por lo tanto en el procedimiento resarcitorio que la Auditoría Superior del Estado emita, los elementos para imponer una sanción resarcitoria se desvanecieron con esa prueba, no así la denuncia de hechos presentada a la Fiscalía Anticorrupción e igualmente el documento de responsabilidades administrativas correspondiente”, aseguró la Auditora.

En otro documento enviado a la Comisión de Fiscalización del Congreso se insistió en que las denuncias corresponden al desvío de dinero, por lo que la Fiscalía deberá seguir esa línea y no tomar en cuenta únicamente el dictamen.

¿Qué dice el fiscal?

El fiscal Juan José Ríos Estavillo aseguró que en los casos de Armando Villarreal Ibarra y el ‘colchongate’ conllevan estrategias por parte del Ministerio Público y los procesos aún no concluyen, por lo que hay que esperar.

“Recuerden que un proceso jurisdiccional es una dinámica que participa de estrategias. Un Ministerio Público tiene que ir, coyunturalmente hablando, por todas las canicas. Es importante que los elemento que el MP participa al juzgador sean de tal valoración que conlleve una condena”.

Señaló que estos procesos son novedosos para todos aunque la Fiscalía se ha preparado para sentar precedentes en el tema anticorrupción.

Sobre el documento emitido por la Secretaría de Transparencia y avalado por la Auditoría Superior del Estado en el caso Villarreal, el fiscal dijo que la auditora aceptó un “desvanecimiento de datos que hace unos meses considerábamos válidos”.

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