Corrupción

Mandan llamar al Fiscal para explicar el perdón a Villarreal

“Yo me niego a ser un instrumento para aprobar sus acuerdos”, señaló la jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada.

El Fiscal General de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, deberá presentarse en los tribunales y explicar por qué quiere perdonar un delito a Armando Villarreal Ibarra.

Este último es ex Secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, uno de los brazos derechos de Mario López Valdez durante su Administración.

A él lo acusó la Auditoría Superior del Estado por el desvío de 260 millones de pesos de fondos federales hacia cuentas estatales para pagar nómina en el último semestre de 2016. Ese desvío se hizo con 112 operaciones bancarias.

La Auditoría hizo la acusación afirmando que no sabía qué pasó con ese dinero.

Junto a Villarreal, la Fiscalía también señaló a dos de sus ex colaboradores: Ernesto Herrera Félix, ex Tesorero, y José Carlos López Ramírez, ex titular de la Caja General de Gobierno del Estado.

Este caso ha durado en tribunales casi dos años y en medio de todo se intentó perdonar ya a los tres ex funcionarios con un recurso legal llamado suspensión condicional del proceso.

De esa forma los ex funcionarios propusieron distintas cosas, como pagar 2 millones de pesos para reparar el daño y una disculpa pública.

El gobernador Quirino Ordaz Coppel mandó decir que estaba de acuerdo con esa propuesta y la Fiscalía Anticorrupción no se opuso.

La jueza a cargo era Sara Bruna Quiñónez Estrada, quien se negó de forma rotunda a aprobar el acuerdo.

“No me parece moral autorizarlo”, dijo la jueza el 29 de enero de 2020.

“Para mí estos delitos son inéditos. Tengo 25 años en la labor judicial y no me había tocado uno así. Si ya habían sucedido otros casos y habían pasado con esos acuerdos, considero que no está bien. No se puede tratar millones como si fueran centavos”.

La defensa alegó la negativa e impugnó la decisión y al mismo tiempo solicitaron un amparo que se ganó, lo que les permitió reiniciar el caso.

Sin embargo, en el camino Villarreal dijo estar seguro que no hizo ningún daño a la Hacienda Pública de Sinaloa y después de tres años de una auditoría que ya había sido terminada, la Secretaría de Transparencia del gobierno de Quirino Ordaz Coppel le dio la razón.

Si bien es cierto, no fue posible efectuar en su totalidad la integración del destino de esos recursos, también lo es, que sí fue posible realizar una revisión aleatoria de las Autorizaciones de Pago anexas, y a través de los reportes emitidos por la “Base de Datos: Relación 1,252 Movimientos”, se obtuvo que en relación a la interacción de las cuentas bancarias que integran el “ecosistema de cuentas”, se advirtió razonablemente que el recurso en mención fue destinado en partidas cuyo objeto fue el de cubrir obligaciones propias del Estado”, señaló la Secretaría en un nuevo dictamen del cual ESPEJO tiene copia.

Con ese documento, Villarreal y sus ex colaboradores celebraron una victoria administrativa. Así lo llevaron ante la Auditoría, donde lo aceptaron y elaboraron otro documento como Procedimiento para el Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones Resarcitorias, este tiene el folio PFISR.063/2019.

También lo presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción, que lo tomó como una prueba fehaciente, sin cuestionarlo. En cambio, lo usaron en la acusación para retirarle uno de dos delitos, el de Desempeño Irregular de la Función Pública.

La jueza volvió a ser asignada en el caso y revisó esa acusación.

Antes, el abogado José Carlos López Benítez, representante de Villarreal Ibarra, declaró que el ex Secretario está dispuesto, después de dos años, en aceptar la culpabilidad a cambio de la pena mínima.

Pero la jueza pidió primero escuchar a la Fiscalía, preguntando por qué solo un delito.

La fiscal Blanca Virginia Morales Gómez explicó que la decisión de presentar una acusación con un solo delito era por el dictamen de la Auditoría, donde se señala inexistente el daño al erario.

Por eso, agregó, preferían decir que hubo ejercicio indebido del servicio público, debido a que lo único acreditado era el desvío del dinero.

Entonces la jueza interrumpió:

-¿Ese dictamen los persuadió de ese delito?

-Así es

-¿Puede explicar el contenido a grandes rasgos?

Y la agente del Ministerio Público le señaló que como no hubo daño, entonces no había el delito de de Desempeño Irregular de la Función Pública.

La jueza la escuchó de forma detenida, dio un resoplo y lanzó lo que sería una exhibición al Ministerio Público.

“Sí hubo esas transferencias, desvío, eso se encuadra en el artículo 300 en el delito que están quitando”, señaló Quiñónez Estrada.

“¿Por qué lo quitan en la acusación?”

Luego un silencio.

El agente Gustavo Pérez Sevilla tomó la palabra para señalar que el dictamen lo libra también de ese delito, que no era una decisión solo de la Fiscalía Anticorrupción.

Pero eso no es verdad.

“Por lo anterior, y considerando que la irregularidad de la materia del Pliego 355/2017, medularmente consistió en que los estados de cuenta bancarios en los que se manejaron recursos federales provenientes de ejercicios anteriores, los cuales fueron transferidos por la Federación al Gobierno de Sinaloa, se observa que la Secretaría de Administración y Finanzas retiró de 112 (ciento doce) cuentas bancarias por un importe total de $290,014,430.98 (doscientos noventa millones catorce mil cuatrocientos treinta pesos 98/100 m.n.) que fueron depositados en 4 (cuatro) cuentas bancarias de las cuales 3 (tres) corresponden a cuentas bancarias en las que se manejan recursos propios del Gobierno del Estado y 1 (una) pagadora, situación que considera desvío de recursos por tratarse de cuentas pertenecientes a recursos federales, mismos que no pierden su etiqueta”, se señaló en el documento PFISR.063/2019 del que ESPEJO tiene copia.

La jueza increpó a los fiscales y les preguntó de nuevo:

¿Ahí dice que no hubo desvío?

De nuevo otro silencio de los fiscales. Luego de unos segundos aceptaron que eso no decía el documento.

“Ayúdeme a entender esto, ellos desviaron 260 millones de pesos”, recalcó la jueza.

“Yo me niego a ser un instrumento para avalar este acuerdo”

Los fiscales dejaron de debatir y mencionaron acatar la decisión de la jueza, pero esta, antes de dar su dictamen, hizo leer en voz alta al fiscal Pérez Sevilla.

Primero el artículo 324 sobre los plazos de investigación, de tal forma que se dejara constancia que la Fiscalía Anticorrupción no estaba cumpliendo con su deber.

“Léame otro artículo para completarme el favor, el 325”, dijo la jueza.

Pérez Sevilla leyó sobre la llamada “extinción de la acción penal por incumplimiento del plazo”.

La jueza le cuestionó después la falta de cumplimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales y que ahora, según la ley, debe mandar llamar al Fiscal General Juan José Ríos Estavillo.

Así fue, la jueza ordenó una explicación directa desde el Fiscal General y presentar una acusación el 11 de enero de 2021. Si no lo hace este caso sobreseerá, es decir, se terminará el juicio sin consecuencia alguna por la resistencia de Ríos Estavillo.

La jueza explicó que el Fiscal puede enviar a la Vicefiscal Anticorrupción, Reyna Angulo Valenzuela, para hacer ese trabajo, pero la condición legal es la misma: si la Fiscalía no se presenta, el caso se acaba.

Armando Villarreal se desmarca y dijo que esperará a la Fiscalía:

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