Derechos Humanos

Cuestionan uso del presupuesto para personas desplazadas

La activista Esperanza Hernández Lugo acusó que la Secretaría de Desarrollo Social no ha sido transparente en el gasto y que ese es el reclamo principal, pues las personas desplazadas esperan que se dé razón sobre terrenos donados y comprados.

Esperanza Hernández Lugo, mujer desplazada desde 2012, denunció posibles irregularidades en el manejo de los recursos etiquetados para vivienda a personas desplazadas por violencia.

Ese dinero debió administrarlo la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno de Sinaloa, con la intención de comprar terrenos e iniciar el plan de construcción de vivienda, de acuerdo con Hernández Lugo.

“Necesito saber qué va a suceder con ese dinero para comprar un terreno en Culiacán y construir terrenos en Choix, hay un compromiso por parte del Secretario, que las primeras viviendas que se construirían serían las de Choix, antes que en Mazatlán y viendo ya lo que queda de tiempo en este año veo casi imposible de que así suceda”, señaló la activista.

Hernández Lugo es de Ocurahui, Sinaloa de Leyva, de donde tuvo que huir en 2012. Aquella vez le dieron 24 horas para salir del pueblo para no ser asesinada.

Es una de las más de mil 475 personas del municipio de Sinaloa que se refugiaron en Ahome, Badiraguato, Navolato, Sinaloa municipio, Culiacán y Guasave en Sinaloa, así como en Hermosillo, Nogales, Santa Ana, Altar y Cananea, municipios de Sonora. También en Mexicali, Baja California, y La Paz, Baja California Sur en 2012.

La violencia marcó ese terreno como sucedió también en Choix, donde hubo otras 563 personas desplazadas, quienes dejaron Cajón de Cancio, El Corral Quemado, Mezquite, Mezquite Caído, El Muerto, El Oro, El Palmarito, Puerto e la Judía, Ranchito de Islas, Real Blanco, Reparito, Saucillo, Saucito, El Trigo, Huepaco, Huillachapa, Cieneguita de Núñez, La Culebra, Ladrillera, Tasajera, Colmenas, Las Juntas, Las Taunitas, Los Molinos, Tacopaco, Tadaran, Techobampo de los Paredes y Tardancito.

Estas personas se refugiaron en la cabecera municipal de Choix, El Fuerte, Ahome, y Guasave en Sinaloa, así como en Chihuahua, Chihuahua.

La llamada ‘guerra contra las drogas’ arrasó con comunidades enteras, según se documentó por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y más tarde por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Ambos organismos señalaron a Hernández Lugo y a otra mujer como mujeres representantes de las personas desplazadas que debían ser protegidas.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó que había otras 4 mil 714 personas más que habían sido desplazadas de los municipios de Ahome, Badiraguato, Cosalá, Mazatlán, San Ignacio, Concordia y Culiacán, según informes del gobierno de Sinaloa, pero ninguna de ellas había sido ubicada en otros lugares.

Solo en 2012 hubo más de 6 mil personas que se desplazaron por hechos violentos.

La Secretaría de Desarrollo Social debió iniciar un censo desde 2017, pero se hizo hasta dos años después, en 2019, y a la fecha no ha sido terminado.

La explicación, de acuerdo con Ricardo Madrid Pérez, es que se reconoce un incremento natural por las condiciones de violencia y pobreza, sobre todo en las comunidades rurales.

Señaló también que el censo sirve para identificar las necesidades urgentes de las personas, como la compra de terrenos para viviendas, la demanda hecha por Hernández Lugo.

MunicipioNúmero de familias censadas
Culiacán932
Mazatlán601
Choix210
Sinaloa174
Guasave126
Concordia97
Salvador Alvarado124
Ahome46
Badiraguato81
El Fuerte27
Navolato10
Mocorito12
Elota5
Angostura8
El Rosario5
Cosalá4
Lugares diversos ( fuera del estado)17
Asentamiento desconocido22
TOTAL2,501 familias desplazadas
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social hasta el 30 de octubre de 2020

La activista acusó que la Secretaría de Desarrollo Social no ha sido transparente en el gasto y que ese es el reclamo principal, pues las personas desplazadas esperan que se dé razón sobre terrenos donados y comprados.

“A pesar de que para Choix se destinaron 20 millones de la zona norte, no se han construido, no se han puesto los servicios básicos ni se ha hecho absolutamente nada”, aseguró.

“En Guamúchil que es donde yo vivo, en octubre me llevaron a mí y a un grupo de desplazados ante la insistencia mía de que no sabíamos, porque nos dijeron que desde 2019 estaba comprado ese terreno, pero ni siquiera sabíamos dónde estaba y nos llevaron a un predio enmontado que hasta la fecha así permanece”

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