Corrupción

Fiscalía Anticorrupción se enfila a perder en caso “Colchongate”

El último recurso para tratar de evitar una derrota jurídica es tratar de reclasificar el delito de peculado por abuso de autoridad.

La Fiscalía Anticorrupción en Sinaloa no puede sostener sus acusaciones por peculado y negociaciones ilícitas contra Carlos Baltazar Castro Olivas, el único acusado en el caso de compra de colchones podridos en 2018.

El último recurso para tratar de evitar una derrota jurídica es tratar de reclasificar el delito de peculado por abuso de autoridad, pero eso depende del juez Guadalupe Chávez, quien antes de esa solicitud escuchó el reconocimiento cómo los fiscales reconocieron haber podido presentar las pruebas suficientes.

Rafael Trejo Soto, abogado de Castro Soto, aprovechó esa debilidad de los fiscales y en su turno de debate exhibió carencias innegables.

En dos años, dijo, la Fiscalía, con toda su infraestructura, no pudo sostener sus acusaciones en el que es el caso emblema de corrupción en la administración de Quirino Ordaz Coppel.

A Carlos Baltazar Castro Olivas lo acusaron de haber gastado 2.9 millones de pesos por supuestamente comprar 2 mil colchones podridos, los cuales se repartieron entre personas damnificadas por las lluvias de la tormenta 19-E.

Esas compras las habría hecho a dos proveedores, uno de ellos amigo suyo, y el otro una empresa de orden agrícola. También se señaló que hubo precios inflados y la posibilidad de haber obtenido una ganancia para sí.

Pero eso, aseguró Trejo Soto, no se demostró con peritajes ni con testigos. Y es verdad, la Fiscalía Anticorrupción no llevó pruebas.

Los fiscales, encabezados por Librado Romero Martínez, quisieron demostrar que Castro Olivas fue quien hizo los pagos, pero en un dictamen presentados por ellos se reveló que el titular de la cuenta era Raúl Carrillo Castaños, entonces Secretario de Desarrollo Social de Sinaloa.

La defensa reprochó, incluso, que la Fiscalía Anticorrupción prefirió desistirse de dos testigos clave, entre ellos Carrillo Castaños, quien fue anunciado como el que explicaría las funciones de Castro Olivas en toda esta trama.

La otra testigo clave es Morayma Yaseen Campomanes, subsecretaria de Planeación Económica de la Secretaría e Economía, y quien durante la contingencia se le nombró como la encargada de autorizar las compras.

La Fiscalía Anticorrupción enmudeció ante tal reproche, pero quiso defenderse asegurando que las acusaciones tenían lógica después de escuchar otros testigos hablar sobre costos y contactos entre Castro Olivas y ellos.

Los abogados volvieron a recordar que no hubo un solo documento que así lo demostrara, solo suposiciones y conjeturas de los fiscales.

El fallo del juez se dará a conocer este 15 de diciembre, en una audiencia donde el juez podrá declarar una absolución a Castro Olivas o dar una oportunidad más a la Fiscalía Anticorrupción al hacer la reclasificación del delito.

De suceder ese cambio, el juicio podría alargarse con la presentación de nuevos testigos.

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