Corrupción

Caso ‘Colchongate’ | Carlos Baltazar Castro Olivas es inocente

El juez repitió en más de cinco ocasiones la necesidad de haber tenido a los testigos clave, lo mismo sobre la falta de pruebas que la Fiscalía pudo tener y no presentó.

Carlos Baltazar Castro Olivas, el único acusado en el caso de las compra de 2 mil colchones podridos para darlos a personas damnificadas por la tormenta 19-E, fue declarado inocente.

Carlos Baltazar Castro Olivas aseguró que luchó contra toda la estructura de gobierno

El ex coordinador administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social le ganó en los tribunales a Gobierno del Estado y a la Fiscalía Anticorrupción.

Este caso duró dos años en llegar a una sentencia en los que la Fiscalía Anticorrupción no investigó como pudo hacerlo, de acuerdo con el juez Guadalupe Chávez Reyes.

En el juicio se hizo un recuento del suceso, sobre aquellas centenas de colchones mojados, apestosos, con manchas de sangre, balas y cabellos. Eran muebles reciclados, podridos.

Eso sucedió en octubre de 2018, después de que pasó la tormenta 19-E y como un “apoyo emergente“.

El encargado de hacer esas compras era Raúl Carrillo Castaños, entonces Secretario de Desarrollo Social en el Estado. Este formó un comité de compras en donde se incluyó a Carlos y a Morayma Yaseen Campomanes, subsecretaria de subsecretaria de Planeación Económica de la Secretaría de Economía. Esta última estuvo encargada de las compras.

Para dar formalidad se firmó un acuerdo donde se establecieron los detalles, el cual se publicó en el Periódico Oficial.

Las personas que recibieron los colchones se dieron cuenta el mismo día y como protesta los sacaron a de sus casas, algunos fueron llevados al Ayuntamiento de Culiacán

El gobierno del Estado reconoció el error y prometió dar con la o las personas responsables, así fue que se acusó a Carlos Baltazar Castro Olivas.

Raúl Carrillo Castaños señaló que su coordinador administrativo gastó hasta 2.9 millones de pesos para comprar a dos proveedores, uno de nombre Grupo El Mariachi y otro llamado Benjamín Landgrave Buelna.

El primero de los proveedores es una empresa de insumos agrícolas y el segundo era amigo de Carlos.

La Fiscalía únicamente investigó a Carlos, así lo aseguraron sus abogados Rafael Trejo Soto y Marco Antonio Arámburo. El juez les dio la razón.

Así se descubrió que posiblemente se simuló en las compras con proveedores de colchones reciclados, quienes testificaron para este caso.

Esos fabricantes dieron a conocer precios muy distintos, casi una sexta parte de lo que se pagó por todos esos muebles.

Pero la Fiscalía Anticorrupción no demostró que esos pagos o las compras las hizo Carlos, sino el proveedor llamado Benjamín Landgrave Buelna.

Al principio de este caso el acusado señaló a Raúl Carrillo Castaños y Morayma Yaseen Campomanes como los responsables de dar las órdenes de compra, pero la Fiscalía Anticorrupción no investigó esos hechos.

En cambio, siguió su acusación y para demostrar su hipótesis prometió hasta 22 testigos, de los cuales testificaron menos de la mitad; además dos testigos clave fueron desistidos: Raúl Carrillo Castaños y Morayma Yaseen Campomanes.

El fiscal Librado Romero Martínez anunció que prefería desistirse, argumentando motivos personales, mientras que gobierno del Estado dijo, en voz del apoderado legal César Figueroa Gutiérrez, estar de acuerdo con esa decisión.

El juez reprochó esas renuncias, asegurando que de haberse tenido sus testimonios se pudo aclarar el caso.

También le señaló a los fiscales la poca importancia que le dieron para integrar la carpeta de investigación, pues en esta no se tuvo documentos esenciales como la conformación del comité de compras o un peritaje respecto a cómo se hicieron cada una de los contratos.

Por ejemplo, el juez mencionó que se debió saber y acreditar si esos colchones se compraron por adjudicación directa o por licitación. Lo mismo sucedió con las partidas presupuestales, de las cuales tampoco hubo un análisis ni peritaje.

Recalcó también inconsistencias en la forma de pago, porque la Fiscalía solo pudo comprobar que el dinero sí salió de la Secretaría de Desarrollo Social, pero la cuenta emisora tenía como titular a tres personas, a Raúl Carrillo Castaños como titular, a Carlos Baltazar Castro Olivas como administrador y a un hombre llamado Óscar Sinforoso Camacho.

Cualquiera de esas tres personas pudo haber hecho los pagos, pero el testigo que lo aclararía no acudió y la Fiscalía Anticorrupción se desistió de él. Se trata de Carrillo Castaños.

El juez repitió en más de cinco ocasiones la necesidad de haber tenido a los testigos clave, lo mismo sobre la falta de pruebas que pudo tener la Fiscalía y no presentó.

El dictamen fue a favor de Carlos Baltazar Castro Olivas. Se le declaró inocente, aunque se tuvo circunstancias y personas que no se investigaron.

La Fiscalía Anticorrupción y el gobierno de Quirino Ordaz Coppel, que prometió resolver este delito, perdieron y la sociedad perdió.

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