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Roba hoy; mañana tendrás impunidad, el criterio del combate a la corrupción en Sinaloa

La impunidad acumulada echa abajo cualquier expectativa que el gobierno de Ordaz Coppel hubiese generado en combate a la corrupción.

Uno a uno se le han caído a la Fiscalía Anticorrupción de Sinaloa los casos de servidores públicos de anteriores o de la actual administración estatal acusados de manejos irregulares de las finanzas del gobierno, dándole aliento así a delitos que al final de cuentas afectan a los sinaloenses en general al tratarse de dinero que en vez de irse por el tobogán sin fondo de la expoliación tendría que gastarse en atender áreas esenciales.

El más reciente expediente de impunidad es el relacionado con los colchones defectuosos que el Gobierno del Estado compró en octubre de 2018 para apoyar a afectados por la depresión tropical 19-E resultando como único acusado Carlos Baltazar Castro Olivas, ex coordinador administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social, a quien ayer un juez declaró inocente después del fallido proceso probatorio en que incurrió la Fiscalía Anticorrupción de Sinaloa.

En el mismo sentido naufragó la denuncia por corrupción contra Eduardo Echeverría Aispuro, ex secretario de Salud que fue exentado de responsabilidad al pagar una parte de la suma reclamada por el Gobierno del Estado, y está por culminar en sentencia de absolución por sobreseimiento el caso Armando Villarreal Ibarra, ex secretario de Finanzas que desvió partidas presupuestales a rubros inapropiados. Los dos fueron colaboradores del sexenio de Mario López Valdez y a su vez señalados con índice de fuego al inicio del mandato de Quirino Ordaz Coppel.

La impunidad acumulada echa abajo cualquier expectativa que el gobierno de Ordaz Coppel hubiese generado en combate a la corrupción. Delitos contra el patrimonio público tales como el tiburonario del Acuario de Mazatlán que colapsó unos días después de inaugurado, el sistema de videovigilancia que instaló Malova y acabó siendo la gran estafa de cámaras de ornato, y la obra pública cobrada a precios de oro y construida con materiales de segunda, han quedado allí en el recuento de las impudicias.

En fin, la corrupción ha vuelto a derrotar a los aparatos de procuración e impartición de justicia, sentando nuevos precedentes para que los participantes en la función pública sientan la única certidumbre que los lleva a saquear, defraudar y traicionar la confianza social: se pueden servir del erario con la cuchara que quieran y la ley se encargará de arroparlos con impunidad, mientras la ciudadanía se torna más indignada, mayormente desconfiada. Sin novedad, vuelven a triunfar los corruptos.

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