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El alcalde de Mazatlán acumula sanciones: primero el TEESIN y ahora la CEDH

Ningún servidor público, sea del partido que sea, o indistintamente de su estilo o conducta de gobierno, puede trastocar las garantías que la Constitución otorga a los ciudadanos en lo particular o sociedad en lo general.

Otra actuación en contra del alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, esta vez con origen en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, les da la razón a ciudadanos que padecen en carne propia la prepotencia y soberbia de personajes que por un error del voto llegaron al poder sin poseer la más mínima idea de lo que les mandata la ley pero eso sí, mucho conocimiento de lo que les dicta el ego y la arrogancia.

La CEDH comprobó violaciones a los derechos humanos en perjuicio de cinco personas por parte de policías municipales de Mazatlán y después de realizar las investigaciones correspondientes emitió las recomendaciones 6/2020 y 7/2020 al alcalde Benítez Torres para que inicie las sanciones administrativas a que haya lugar en contra de los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública involucrados.

A principios de diciembre en curso el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa resolvió que Benítez Torres ejerció violencia política y acoso laboral contra la síndica procuradora del Ayuntamiento de Mazatlán, Elsa Isela Bojórquez Mascareño, al ratificar el alcalde al titular del Órgano Interno de Control no obstante que el nombramiento de este funcionario es facultad de la oficina del Síndico Procurador que había desarrollado el proceso legal para designar al nuevo responsable del OIC.

A pesar de tener en contra señalamientos de diferentes sectores mazatlecos que se inconforman por ataques a sus derechos, siendo el caso de organizaciones de transparencia, colonos, desplazados y periodistas, el Congreso del Estado, controlado por el partido al cual pertenece “El Químico” le ha facilitado el escudo de impunidad a quien se presume estar hecho a imagen y semejanza del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ningún servidor público, sea del partido que sea, o indistintamente de su estilo o conducta de gobierno, puede trastocar las garantías que la Constitución otorga a los ciudadanos en lo particular o sociedad en lo general. Al contrario, al ser los encargados de obedecer y hacer valer las leyes, sólo el ejemplo los hace respetables y confiables. Al atacar el marco legal se convierten en delincuentes.

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