Corrupción

Expediente de la DEA explica violencia (y masacres) en el sur de Sinaloa

En conversaciones por chat se señala que un grupo criminal con sede en Nayarit tuvo como negociador a un presunto cuñado de Quirino Ordaz Coppel para poder instalarse en Mazatlán.

Entre 2015 y 2017 hubo un incremento de violencia en el sur de Sinaloa. Las autoridades fueron reservadas en sus explicaciones, solo que había un grupo criminal que intentaba instalarse en esa región.

“No descartamos que el tema esté relacionado con el delito de narcomenudeo, ese lugar es costa, está cerca, se presume que puede estar relacionado, yo les he señalado, con alguna persona originaria de esa región donde ocurrieron los hechos, que tenemos información que está conectado a Nayarit con personas que se dedican a delinquir”, dijo Martín Robles Armenta, entonces subprocurador general de justicia en Sinaloa. Era agosto de 2015, según se documentó por el diario Noroeste

“No les puedo precisar si los Beltrán Leyva porque no se ha llegado hasta allá, pero sí a otras personas a otro nivel”, agregó ante reporteros.

Y era verdad, no era un grupo criminal relacionado con la organización “Cártel de Los Beltrán Leyva”, sino con una de Nayarit, relacionada con Juan Francisco Patrón Sánchez, ‘El H-2″, detenido el 15 de octubre de 2020 en Los Ángeles, California.

De acuerdo con la DEA, Patrón Sánchez negoció con distintos políticos y mandos militares para poder tener influencia en Sinaloa, sobre todo en Mazatlán.

Esas negociaciones quedaron plasmadas en conversaciones por chat, mismas que se encuentran en el expediente que la DEA presentó a la Fiscalía General de la República (FGR) el caso del general Salvador Cienfuegos Zepeda.

El expediente de más de 700 páginas señala como principales evidencias las conversaciones que “El H2” e Isaac Silva Gárate, “El H9”, sostuvieron en cinco aparatos Blackberry, entre diciembre de 2015 y febrero de 2017.

Este se difundió el 15 de enero por la Secretaría de Relaciones Exteriores, después de que la FGR lo desestimara como una prueba para ejercer acción penal contra el mando militar.

“Las pruebas recabadas en los Estados Unidos consisten principalmente en unas comunicaciones interceptadas, en decomisos físicos de drogas y en testigos cooperantes”, estableció  Timothy Shea, administrador interino del Departamento de Justicia estadounidense.

El gobierno de México estableció que esas conversaciones por chat no eran suficientes pruebas para llevar al general ante jueces.

En esas se puede leer cómo los mismos criminales desconfían que sea el mismo mando militar, a quien apodaron ‘El Padrino’ con quien se comunican.

Sin embargo, sí se logra hacer una relatoría cronológica de hechos violentos, en los que el gobierno de Sinaloa y autoridades federales, entre ellos el general Alfonso Duarte Múgica, quien estuvo a cargo de la Tercera Región Militar, señalaron a organizaciones criminales procedentes de Nayarit.

Uno de esos hechos fue el asesinato de siete personas en Rosario.

Decapitan a 7 en sierra de Rosario“, se publicó en el diario Noroeste el 17 de junio de 2016.

Los asesinatos fueron señalados por la Secretaría de la Defensa Nacional como parte de una confrontación que comenzó en 2015 sobre un corredor al sur de Sinaloa, que iba sobre Rosario, Escuinapa y Mazatlán, donde se identificó a personas originarias de Nayarit vinculadas con un grupo criminal.

“Por los indicios, que son allá de Tepic, y al parecer personas de esa entidad, que pertenecen a los Beltrán, se puede deducir que son gente de ahí”, expresó Alfonso Duarte Múgica al diario Noroeste.

“Hay indicios de que estas personas pertenecen a grupos armados que tratan de mantener el área de ahí de El Quelite, del Municipio de Escuinapa, Rosario… tratan de mantener ese control, pero se ha estado llevando la coordinación, han estado siendo sacados de ahí, pero se refuerzan y otra vez estamos llevando a cabo las operaciones”.

Como reacción, el gobierno de Sinaloa anunció un operativo de seguridad en el sur del Estado.

“Sinaloa está blindado por todos sus ángulos, por todos sus vecinos, particularmente el área que estás mencionando, la zona sur que es donde de repente se nos pueden meter algunos otros grupos”, dijo Gerardo Vargas Landeros, ex Secretario General de Gobierno de Sinaloa, en julio de 2016 al diario Noroeste.

“Tenemos bases de la Policía Ministerial en la pura frontera, hay puestos de control de la Marina, hay puestos de control del Ejército y afortunadamente podemos decir que en esa parte del Estado estamos bien cuidados, obviamente ha habido alguien que se nos ha infiltrado, no es normal, pero tenemos suficiente seguridad”.

En las conversaciones por chat se establece cómo el grupo criminal de Patrón Sánchez intentó instalarse en Mazatlán, pero que sostenían enfrentamientos con otros grupos criminales relacionados con el ‘Cártel de Sinaloa’.

La violencia incrementó al mismo tiempo en que se desarrolló el proceso electoral donde Quirino Ordaz Coppel fue electo como gobernador del Estado.

En los chats se señala al hoy gobernador como uno de los políticos que permitiría el ingreso del grupo criminal a Mazatlán, luego de que ‘El Padrino’ negociara directamente con él.

En las conversaciones se señala que ese negociador es un presunto cuñado de Ordaz Coppel.

Esas conversaciones se encuentran dentro del mismo expediente en días distintos.

Los criminales detallan cómo negociaron con políticos en distintas ocasiones, incluyendo de manera breve al ex alcalde priista de Mazatlán Fernando Pucheta Sánchez.

Sin embargo, esos chats no contienen detalles más allá de las intenciones de ingresar al Puerto.

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