Corrupción

¿Combatir la corrupción? | Fiscalía prefirió no hacerlo

Armando Villarreal Ibarra y dos ex colaboradores desviaron 290 millones de pesos en 2016, la Auditoría Superior del Estado lo detectó y luego ellos lo confesaron, pero la Fiscalía Anticorrupción se negó a un juicio por ese delito.

En el segundo semestre de 2016 hubo un desvío millonario por 290 millones de pesos desde la Secretaría de Administración y Finanzas, la Auditoría Superior del Estado lo detectó y Armando Villarreal Ibarra, entonces titular de la dependencia, lo reconoció, pero la Fiscalía Anticorrupción prefirió no acusarlo por ese delito.

En audiencia pública, la jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada dio a conocer que la Fiscal Anticorrupción, Reyna Angulo Valenzuela, y la Vicefiscal General, Nuria González Elizalde, dieron su visto bueno para que el Fiscal Librado Romero Martínez diera ese perdón por posible desempeño irregular de la función pública.

Al quitar ese delito, tanto Villarreal Ibarra como sus ex colaboradores Ernesto Herrera Félix y José Carlos López Ramírez, quienes también fueron llevados a juicio desde enero de 2019, se librarían de un peso legal importante, pues de esa manera ya no sería agravado y la pena podría discutirse con un método distinto a la cárcel.

La jueza señaló el 1 de diciembre de 2020 que quitar el delito de desempeño irregular de la función pública sería admitir que no hubo desvío, pese a que las pruebas establecen una situación contraria.

El Fiscal Romero Martínez dijo entonces que se basaba en un dictamen hecho por la Auditoría Superior del Estado, cuyo contenido sostiene que no hubo desvío.

Sin embargo, el dictamen no establece la afirmación del Fiscal.

“Por lo anterior, y considerando que la irregularidad de la materia del Pliego 355/2017, medularmente consistió en que los estados de cuenta bancarios en los que se manejaron recursos federales provenientes de ejercicios anteriores, los cuales fueron transferidos por la Federación al Gobierno de Sinaloa, se observa que la Secretaría de Administración y Finanzas retiró de 112 (ciento doce) cuentas bancarias por un importe total de $290,014,430.98 (doscientos noventa millones catorce mil cuatrocientos treinta pesos 98/100 m.n.) que fueron depositados en 4 (cuatro) cuentas bancarias de las cuales 3 (tres) corresponden a cuentas bancarias en las que se manejan recursos propios del Gobierno del Estado y 1 (una) pagadora, situación que considera desvío de recursos por tratarse de cuentas pertenecientes a recursos federales, mismos que no pierden su etiqueta”, se señaló en el documento PFISR.063/2019 del que ESPEJO tiene copia.

Aunado a ese señalamiento de la Auditoría, donde se indicó que sí hubo desvío, Villarreal Ibarra admitió que esos movimientos bancarios eran por necesidad del Estado para pagar cuentas pendientes sobre aguinaldos, sueldos y un subsidio a la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Armando Villarreal Ibarra, ex Secretario de Administración y Finanzas, admitió que sí desvío dinero durante su administración.

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La jueza escuchó y luego dio su fallo, en el que cuestionó una parte del dictamen, donde se da a conocer que quien hizo el trabajo contable fue la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, tomando en cuenta solo una parte, sin señalar cuánto, del dinero desviado.

“La revisión no se hizo a todos los pagos, solo tomó de forma aleatoria. Al igual no dice cuánto dinero fue de ese universo de pagos. No existe una base objetiva de esa resolución”, aseguró.

La jueza también señaló que con ese dictamen tampoco se conoció hacia dónde se destinó la suma millonaria y por lo tanto hay un pasivo emergente de parte del gobierno del Estado.

Luego remató: “se reitera que sí existió el desvío, que es en núcleo del delito de desempeño irregular de la función pública”.

La jueza dijo que con ello se le deslinda a ella de la decisión, pues la Fiscalía prefirió no llevar a juicio un caso confeso, con una autorización tácita del Fiscal General del Estado, Juan José Ríos Estavillo.

“Es una autorización tácita del Fiscal General Juan José Ríos Estavillo por haber guardado silencio en la autorización”, aseguró la jueza.

La autorización fue para un acto llamado sobreseimiento parcial, término que la jueza usó para referir que el acto fue como la acusación y actuación de la Fiscalía: parcial.

La defensa de los acusados no se opusieron, en cambio, pidieron una nueva audiencia para pedir una suspensión condicional del proceso, es decir, un perdón desde la Fiscalía Anticorrupción.

La petición se aceptó y se fijó el 17 de febrero para conocer cuál será la propuesta de reparación del daño que ahora no existe.

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