Diputadas y diputados de Morena sacaron los trapos sucios del gobierno de Quirino Ordaz Coppel durante la comparecencia ante el Congreso local de la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, Guadalupe Yan Rubio, encargada de prevenir y combatir la corrupción en la administración pública estatal.     

El ‘colchongate’, el caso Villarreal, el caso Echeverría, el desvío de 942 millones de pesos en el IPES, el desfalco en el Isssteesin a través de las cuotas para vivienda, el gasto de 734 millones de pesos en la compra y remodelación del edificio que era de Homex y el exceso multimillonario en gasto no presupuestado, fueron algunos de los asuntos abordados.

LOS PRIMEROS TRES

Marco Antonio Zazueta Zazueta, legislador morenista, fue el primero en cuestionar a la funcionaria y le refirió los temas del finado Ernesto Echeverría Aispuro, ex secretario de Salud con Mario López Valdez, que aceptó haber desviado 14 millones de pesos y luego acordó devolver solo 7; también resaltó el de Armando Villarreal, ex secretario de Administración y Finanzas (presunto desvío por 293 mdp) y el de los colchones podridos entregados a familias damnificadas.

“Los tres son casos en los que se ha ocupado la opinión pública, pero en todos ellos de una manera o de otra, el Gobierno del Estado no solo prácticamente ha terminado perdonando a los implicados, sino que además tampoco ha presentado explicaciones de esa indolencia y franca complicidad frente a escándalos de corrupción”.

Yan Rubio respondió que solo podía hacer referencia al ‘colchongate’, asunto en el que ya tienen un informe de presunta responsabilidad que será remitido al Tribunal de Justicia Administrativa. “Ya se notificó a los responsables. Daremos la resolución correspondiente”.

Zazueta le reclamó que ella no investigó todas las operaciones de Armando Villarreal y que haya firmado con su puño y letra la resolución que beneficia al ex tesorero en la que explica: “se advirtió razonablemente que el recurso en mención (293 millones de pesos de recursos federales ) fue destinado en partidas cuyo objeto fue el de cubrir obligaciones propias del Estado”.

EDIFICIO INSERVIBLE

La diputada de Morena, Francisca Abelló Jordá, dijo que hace casi 4 años el Gobierno de Sinaloa compró en 174 millones de pesos el edificio que era de Homex para mudar ahí oficinas públicas, inmueble al que se le ha invertido 508 millones de pesos más en su remodelación, más 52 millones para este año.

“Quién sabe si el edificio sirva, a pesar de la millonada que ha recibido. Por la millonaria inversión  que sigue aplicándose después de la compra, confirma la presunción de una operación poco clara. Un dineral que se ha tirado a la basura si se reconoce que se aplica en un inmueble inservible y adquirido quien sabe bajo qué artes, porque su compra no cursó el procedimiento de licitación y seguramente sin que usted se enterara…”

Francisca Abelló, diputada de Morena.

“¿Nos puede decir cuál ha sido su intervención en esta fuga permanente de recursos públicos, considerando la compra de un edificio inservible y lo costoso de su remodelación, señora secretaria? ¿Ha investigado usted si la millonaria inversión se usó realmente en la reparación del inmueble y no se fue al bolsillo de algunos funcionarios estatales sin escrúpulos?“

La secretaria de Transparencia aseguró que es un asunto que lamentan mucho y que por esa compra realizan una investigación sólida con la finalidad de imponer las sanciones estipuladas en la ley en la materia.

Abelló le reviró: “No puede negar lo sospechoso que a la vista de la sociedad resulta la millonaria inversión… cuando el Gobierno del Estado, con más de 700 millones que se han tirado ahí, bien pudo construirse un edificio propio en lugar de comprar en 174 millones un inservible edificio en ruinas para invertirle 600 millones más y todavía no tener la seguridad de que pueda caerse…”

SEGUNDA RONDA

En su segunda participación, Zazueta Zazueta señaló discrecionalidad en el uso de dos mil 809 millones de pesos de créditos a corto plazo, oscuridad en el destino de 8 mil 300 millones de ingresos excedentes, 4 mil 200 millones en obras públicas sin expedientes y el uso de mil 500 millones en beneficio directo de  cuatro particulares concesionarios de estadios.

Además del desvío de mil 600 millones de aportaciones de trabajadores estatales no entregadas al Instituto de Pensiones (IPES) y la desaparición de un fondo de ahorro de los trabajadores por mil 60 millones.

“¿Metería usted las manos al fuego por el gobernador en términos de honestidad?”

Antes de la segunda intervención de Zazueta, el priista Jesús Armando Ramírez Guzmán, señaló que era lamentable que se hiciera referencia a quien ya no se puede defender (Ernesto Echeverría), que el Congreso construya edificios inservibles como el de la Unidad que investigará asuntos financieros y que la 4T dé cabida a personajes del gobierno de Malova como Gerardo Vargas Landeros.

Zazueta le respondió que ese edificio “va a destapar el cochinero y la complicidad entre la ASE (Auditoría Superior del Estado) y la Secretaría de Transparencia”.

LOS EXCESOS EN EL GASTO

Por último, la morenista Cecilia Covarrubias González, acusó que en el cuarto informe que revisaron hay un exceso de gastos. Indicó la Dirección de Infraestructura y Estudios de Factibilidad de la Secretaría de Obras Públicas, que tenía un presupuesto de 1.5 millones de pesos pero gastó mil 370 millones.

En Bienes y Suministros se detectaron 125 millones más, Servicios Generales 100 más, Bienes Inmuebles 910 más, Servicios de Comunicación 424 más y en Otros servicios 223 millones más de lo presupuestado, por lo que le preguntó sobre el sistema Estatal de Control y Evaluación de los Recursos .

“¿Cómo ha hecho esas observaciones en el incumplimiento del gobernador o de toda la maquinaria del Poder Ejecutivo cuando se gasta más de lo que se programa?”.

Guadalupe Yan Rubio justificó que se gastó más porque el presupuesto estatal no es estático, que a los entes que operan las partidas les surgen diferentes necesidades a las que hacer frente, como lo fue el caso de la pandemia de Covid-19. Además que todas las observaciones han sido solventadas porque solo se trata de errores administrativos y que sí se ha sancionado.

“Usted no contestó como si fuera la secretaria de Transparencia. No es aceptable que haya tanta discrepancia entre lo que se programó y lo que se gastó. No puede ser. Es su obligación un Sistema Estatal de Control y Evaluación de los Recursos. No me contestó. Le fui puntual con el reglamento pero entiendo que es empleada…”

Cecilia Covarrubias, diputada de Morena.